Acción, reacción. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto-ley con la nueva redacción de dos apartados de los artículos 242 y 244 del cuarto decreto de simplificación administrativa que hacen referencia a la Ley Forestal andaluza y el uso de suelos forestales y agrícolas, y minutos después trascendía que el Ministerio de Transición Ecológica se reunirá el próximo martes con ayuntamientos y entidades locales del área de influencia socioeconómica de Doñana para abordar las ayudas a iniciativas del punto 10 del Marco de Actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana, dotada con 70 millones de euros. El acuerdo entre administraciones por el Parque Nacional del mes de diciembre se desbloquea, y con ello la inversión de 1.400 millones de euros.
La referencia en el decreto de simplificación administrativa a posibles cambios de uso de suelos forestales y agrícolas había provocado en enésimo enganchón entre el Gobierno y la Junta a propósito de Doñana. La ministra Teresa Ribera entendía que se abría una puerta a legalizar terrenos rústicos pero con uso agrícola actualmente, y canceló la reunión con alcaldes y agricultores prevista para hace dos semanas, y había dejado en suspenso los acuerdos alcanzados. Una vez que la Junta publica en BOJA la rectificación, todo sigue adelante a expensas de que el decreto andaluz sea ratificado en el Parlamento. Se cumple así el compromiso entre Juanma Moreno y Teresa Ribera del pasado 22 de febrero.
Comisionado
La Junta también ha aprobado hoy la creación de un comisionado que supervise el cumplimiento del Acuerdo de Doñana. Tendrá su sede en la Delegación del Gobierno de Huelva y lo integrarán funcionarios de la Junta de Andalucía, de las consejerías de la Presidencia, Agricultura, Fomento y Sostenibilidad, por lo que no será "un comisionado político", que dependerá de la Viconsejería de Sostenibilidad.
La creación de este comisionado se llevará a cabo mediante con una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería de Sostenibilidad para dotar de un puesto de personal funcionario de nivel 30 adscrito a su Viceconsejería, según una nota de la Junta.
La pretensión de la Junta de Andalucía con la ubicación en Huelva del comisionado, aunque el Acuerdo de Doñana afecta a 14 municipios incluidos también de las provincias de Cádiz y Sevilla, es que "cualquier persona interesada pueda tener acceso fácil y una correcta interlocución" para todo tipo de actores, entre los que ha incluido a alcaldes, el Consejo de Participación de Doñana, organizaciones, agentes sociales o empresarios.
Medidas socioeconómicas
El Acuerdo de Doñana prevé acciones económicas y ambientales en la llamada área de influencia del Parque Nacional de Doñana, que son los casos de los municipios de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Rociana del Condado (Huelva); y Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).
El comisionado tendrá como funciones el seguimiento de las iniciativas que debe ejecutar cualquier Administración Pública, ya sean líneas de ayudas e inversiones directas; la coordinación de la participación de la Junta de Andalucía en el foro de diálogo sobre los compromisos de ambas administraciones, y la evaluación de las iniciativas y actuaciones, según una nota de la Junta.
Serán funciones del comisionado la interlocución con el Consejo de Participación de Doñana, ayuntamientos y agentes sociales y medioambientales sobre la ejecución del protocolo por parte de la Junta de Andalucía, y la coordinación con la Comisión de Seguimiento y Ejecución del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana.
