El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantendrán mañana una reunión en Sevilla para abordar soluciones al problema de agua que sufre la comunidad autónoma. Un encuentro que se produce justo después de última polémica sobre Doñana, que en el ejecutivo andaluz da por resuelta toda vez que la Junta de Andalucía modificará varias líneas de su cuarto Decreto de Simplificación Administrativa, publicado en BOJA el pasado fin de semana, para evitar que una modificación de la Ley Forestal de Andalucía (Ley 2/1992, de 15 de junio) abra la puerta para que se legalicen plantaciones irregulares en el entorno de Parque Nacional de Doñana.
Son apenas diez líneas en un decreto de más de 600 páginas que afecta a 176 normas autonómicas, pero que han puesto en peligro el acuerdo entre el gobierno andaluz y el ejecutivo central, que contempla inversiones por valor de 700 millones en Doñana.
Hoy mismo Ribera ha manifestado a los periodistas en los pasillos del Congreso que recuperará su compromiso con el Pacto de Doñana cuando vea esta rectificación de la Junta publicada en BOJA. Moreno y Ribera ya habían hablando por teléfono anteriormente sobre este asunto.
"Le dije que ese añadido, recuperando lo que ya decía el anteproyecto de ley que había sido objeto de acuerdo, iba a quedar para siempre retirado, olvidado en un cajón, ya que pone en riesgo la actividad en el entorno de Doñana con un cambio de usos de suelo que es perjudicial y cambia el mapa de aquello que habíamos acordado", ha subrayado Ribera.
Conversaciones
A las 13,30 los consejeros de Presidencia y Medio Ambiente de la Junta, Antonio Sanz y Ramón Fernández Pacheco, han hablado con responsables del Ministerio para aclarar la situación.
En una comparecencia pública previa -la habitual rueda de prensa tras Consejo de Gobierno- Fernández Pacheco ha indicado que está confirmada la reunión de mañana en San Telmo entre Moreno y Ribera, cita que versará sobre temas de agua pero cuyo mantenimiento en la agenda indica que los puentes siguen abiertos.
El decreto de simplificación que ha suscitado esta polémica ha entrado ya en vigor, pues está publicado en BOJA. Tiene que pasar en la tarde del miércoles por el Parlamento para su convalidación. En ese trámite no se admiten enmiendas ni modificaciones. Es decir: la Cámara vota si convalida o no convalida el decreto en bloque, sin posibilidad de enmiendas.
El compromiso del Gobierno andaluz es incluir una modificación al artículo en cuestión del decreto de simplificación en el próximo decreto que se apruebe en Consejo de Gobierno.
La oposición argumenta que una norma de semejante calado (afecta a 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes) no debe aprobarse por decreto alegando su urgencia, sino que debe debatirse como proyecto de ley y salvar todos los trámites establecidos. El PSOE y otros grupos de la oposición han anunciado ya que lo recurrirán al TC.
La polémica
La voz de alarma partió del PSOE-A, que denunció que el artículo 244 del decreto de simplificación administrativa permitía el cambio de uso de forestal a agrícola en algunos supuestos, lo de facto recuperaba uno de los puntos centrales del proyecto de ley autonómica que finalmente no se llegó a tramitar hace meses, pero por la puerta trasera, para legalizar parcelas en el entorno del Parque Nacional.
Ante esta denuncia, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, mostró públicamente su "preocupación", y suspendió una reunión programada para ayer martes con alcaldes y agricultores de la zona. Anunció también que iba a llamar directamente al presidente andaluz, Juanma Moreno, para hablar del tema, ya que entendía que afectaba negativamente a los acuerdos alcanzados en noviembre pasado.
La Junta explicó que el decreto de simplificación transcribió literalmente una norma nacional. El PSOE-A apostilla que a la norma se le ha introducido un pequeño matiz que posibilita que terrenos forestales vuelvan a ser agrarios en secano si anteriormente ya tuvieron ese uso.
Reacción
Horas después, tras conversaciones entre el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, y el secretario de Estado Hugo Morán, la Junta confirmó que modificaría el decreto para evitar equívocos.
"Ante cualquier duda que pueda suscitar esa redacción, confiamos en el diálogo y en el acuerdo, como hemos venido haciendo siempre, por lo que por parte del Gobierno de Andalucía no existe ningún problema en sentarnos con el Ministerio, escuchar su propuesta y buscar una fórmula para la redacción del artículo. Tardaremos dos minutos en ponernos de acuerdo", aseguró la Junta en un comunicado.
