El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta del Gobierno de España, Teresa Ribera, han firmado un acuerdo sobre Doñana que contempla inversiones públicas de 1.400 millones de euros, incluidas ayudas de 100.000 euros por hectárea para que los agricultores de la zona abandonen cultivos de regadío, y un fuerte paquete de medidas sociales, económicas y de obras hidráulicas en la comarca. Los regantes han aprobado el acuerdo por unanimidad. Moreno ha confirmado que retira la Proposición de Ley que el Parlamento andaluz estaba ya apunto de aprobar, y a la que atribuye un papel importante para que el Gobierno haya modificado su posición inicial y se haya podido alcanzar un acuerdo con el que según el presidente andaluz "todos ganan y nadie pierde".
La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera ha explicado que el Gobierno añade 350 millones de euros a los 356 millones ya comprometidos con Doñana en un plan presentado el año pasado. Un total de 706 millones de euros "que tienen que ser bien invertidos en las personas y en los ecosistemas". Ribera no ha pasado por alto que "el 38% de los habitantes del área de influencia desarrollan actividades agrarias" a la hora de diseñar las medidas acordadas, con un impulso especial a "la agricultura ecológica y los cultivos de secano". Aquí puedes consultar el protocolo firmado hoy.
Menos regadío
Ha sido Juanma Moreno quien ha entrado al detalle de ese aspecto: los agricultores de la zona recibirán una ayuda de 100.000 euros por hectárea si deciden dejar la actividad actual (agricultura de regadío) para reconvertir sus parcelas a secano o reforestarlas.
Esa ayuda se pagará en un 70% desde el Gobierno central, un 20% desde la Junta y un 10% desde la Diputación de Huelva. A cambio los agricultores deberán comprometerse a mantener la actividad elegida durante un periodo de varios años (en función de la opción que tomen, 30, 10 ó 5 años). Los agricultores que quieran mantener su cultivo de regadío no percibirán ayudas o lo harán en una cuantía significativamente menor.
Los expedientes administrativos y judiciales por extracción irregular de aguas siguen su cauce. "Hay amnistía para Doñana, no para la extracción ilegal de agua", ha dicho Ribera.
La Junta aportará al paquete de inversiones públicas otros 700 millones de euros, de los que casi la mitad son para obras hidráulicas (320 millones de euros), con especial foco en la depuración de aguas residuales de los municipios.
Contexto político
El acuerdo sobre Doñana cobra si cabe más valor por el escenario de máxima tensión política que vive el país, y que afecta de lleno a las relaciones entre la Junta y el Gobierno central en cuestiones como financiación autonómica, impuestos, acuerdos de investidura como la condonación de deuda o la amnistía.
El mismo asunto de Doñana ha sido objeto de polémica de alto voltaje político en los últimos meses.
Desde la Junta de Andalucía ya se venía valorando meses atrás que la negociación estaba "encapsulada" y que sólo atendía a criterios técnicos. Hoy Moreno ha valorado la discreción de las partes durante la negociación, que ha permitido llevarla a buen puerto al margen del difícil contexto.
