Si el Gobierno quería un otoño 'tranquilo' en lo laboral para ordenar las reformas pendientes, priorizando la de la reducción de la jornada antes de abrir el melón de la de los despidos, el tiro le ha salido por la culata. Tras el 'error' en la Ley de Paridad que elimina el blindaje contra el cese de las personas que hayan solicitado una adaptación de jornada para conciliar, ahora es Podemos el que abre fuego y lleva al Pleno del Congreso un plan que convierte todos los ceses actualmente considerados improcedentes en nulos. El objetivo es cerrar la vía al despido 'libre' pero desdibuja la protección para muchos trabajadores que sufren una vulneración de sus derechos laborales.
Partícipe del Gobierno en la anterior legislatura y ahora 'exiliada' al Grupo Mixto de la Cámara Baja, la formación morada registró a finales de abrir una proposición de "Ley del Estatuto de las Trabajadoras y Trabajadores". Una iniciativa que el Ejecutivo no ha vetado y que espera desde junio vía libre para su debate de toma en consideración en el Pleno. Aún no hay fecha, aunque la previsión es que se produzca en las próximas semanas, a no ser que los grupos mayoritarios de la Mesa del Congreso sigan retrasando su tramitación.
Aunque no es previsible que la proposición supere esta votación, hay que recordar que Podemos tiene poder para trastocar los planes del Gobierno, sobre todo en materia laboral, como demostró cuando tumbó y obligó a rehacer la nueva regulación de los subsidios por desempleo. Por ello, la votación de su iniciativa obligará a los PSOE y, en especial, a Sumar, así como a los aliados de la coalición, a retratarse en un aspecto clave que quedó pendiente en la reforma laboral de 2021: la regulación del despido.
Pero la formación que lidera Ione Belarra va ahora mucho más allá de derogar los cambios introducidos por el PP en 2012 que reducían de 45 a 33 días por año en la indemnización por despido improcedente. Lo que plantea es eliminar el propio despido improcedente. Sin embargo, al hacerlo rompe el principio de equilibrio entre la justificación del despido y definir las líneas rojas de vulneración de los derechos de los trabajadores que las últimas reformas han respetado.
Podemos sigue una estrategia que similar a la que aplicó en su etapa de Gobierno desde los ministerios de Igualdad y Derechos Sociales: aumentar los supuestos de nulidad del despido. Una estrategia, que ha provocado un repunte de la judicialización y que se ha visto acompañada de numerosos errores de técnica legislativa que se han extendido hasta la presente Legislatura, como ocurrió en el caso de la Ley de Paridad. Ahora pretenden llevar esta filosofía a su máxima expresión.
Fin al despido improcedente
Los juristas consultados por elEconomista.es que han analizado el texto de Podemos, señalan que abre la puerta a una "reforma trascendental" que, en la práctica, determina la nulidad tanto si no se "acreditan las razones del despido, como si no se cumple con los requisitos formales". Así lo explica Omar Molina, de Augusta Abogados, que recuerda que, hasta ahora, los despidos son declarados procedentes, improcedentes (que implican el pago de una indemnización o la readmisión si lo desea la empresa) o nulos, que conllevan la reincorporación inmediata al puesto de trabajo. Podemos plantea reducir las alternativas a dos: "ajustado o derecho" o nulo.
Lo que se plantea aquí es un giro radical en el equilibrio de las relaciones laborales: en caso de declararse nulo, la reincorporación ya no sería automática, sino que el trabajador tendría el poder para decidir si elige entre ella o la indemnización (que se elevaría a 45 días por años en un máximo de 42 mensualidades). En ambos casos, percibiría los 'salarios de tramitación', algo que la reforma el PP limitó a los casos en los que se produce la reincorporación (decidida por la empresa, como en un despido improcedente, o automática por la nulidad del despido).
El objetivo es eliminar el despido improcedente como una vía 'intermedia' que muchas empresas utilizan para el despido "libre", en la que se presenta un despido (por lo general disciplinario y sin indemnización leal), reconociendo luego la improcedencia y pactando una indemnización que no supera los 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Algo que explica el desproporcionado peso de los despidos disciplinarios en España.
Aparte de elevar esa compensación, Podemos quiere endurecer los requisitos para justificar un despido disciplinario, extendiendo a todos los trabajadores de la plantilla las prevenciones que la legislación actual recoge solo para los delegados sindicales. Aunque también señala a los despidos objetivos, cuya indemnización es de 20 días.
Así, propone encarecer de 20 a 25 días la indemnización en la que no se acrediten todas las causas económicas, productivas, técnicas u organizativas aducidas para el mismo. Se da la circunstancia de que 25 días es indemnización que, de media, se abona para los contratos indefinidos adscritos a obra. Un enfoque similar se aplicaría a los despidos colectivos.
Jesús Lahera, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense, investigador del mercado laboral y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de laboralistas (Asnala), considera que el "cambio de sistema" que propone la formación morada supone "un regreso a la situación previa a las reformas laborales de 2012 y 2010". Algo coherente con el programa electoral de Podemos, aunque implica "un paso atrás en los costes del empleo" que puede disparar la temporalidad. Contrarrestando, de paso buena parte de los efectos de la última reforma laboral de 2021.
Lo que ocurre es que al hacerlo también desnaturaliza el propio concepto de nulidad de despido. Actualmente, un cese declarado nulo tiene el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir mientras tanto.
Pero los supuestos en los que se aplica se relacionan con vulneración de derechos fundamentales que recoge la Constitución pero también con los permisos por paternidad o lactancia y los relacionados con la conciliación, así como la protección de víctimas de violencia de género o agresiones sexuales. En la practica, lo que hace la iniciativa de Podemos es flexibiliza los efectos de la declaración de nulidad, 'fusionándolos' con la que hoy se aplican para la improcedencia. Aunque con indemnizaciones más altas.
Incertidumbre legal
El problema es que, al establecer que todos los despidos no ajustados a derecho sean nulos elimina de la norma la mención a los todos los supuestos de una vulneración de derechos de los trabajadores que la legislación laboral recoge ahora. Es decir, "desnaturaliza", como apunta Lahera, los blindajes recogidos para personas en estas situaciones. Por ejemplo, el despido de una mujer embarazada tendría la misma consideración legal que un despido disciplinario 'tumbado' por un defecto de forma.
Esto provoca un incierto escenario legal en la protección laboral específica de los trabajadores víctimas de esta situación, que Podemos intenta compensar elevando las indemnizaciones. Así, la nueva regulación introduce una indemnización adicional que el trabajador podrá exigir en función de las "circunstancias concurrentes tales como su edad, su nivel formativo o sus dificultades de empleabilidad".
También incorpora una "indemnización independiente" a la ligada a la nulidad si no se detectan que se ha producido "casos de discriminación prohibidos en la Constitución o en la ley o bien se hubiera producido con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador". Aunque no cuando se vulneren otros derechos asociados a embarazos, permisos de paternidad y otras formas de conciliación hoy recogidas en el Estatuto de los Trabajadores.
Pero estas indemnizaciones no son novedosas. De hecho, 'copian' el plan que maneja la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz para endurecer el despido improcedente, aunque en su caso no baraja ni eliminarlo ni recuperar la indemnización general de 45 días. Y mantendría los actuales supuestos de nulidad.
Los expertos consideran que el efecto de la propuesta de Podemos de cortar la vía al despido libre hubiera conseguido con un cambio en la causalidad de los despidos objetivos y una reforma de la improcedencia y sus indemnizaciones, sin alterar la protección existente en casos de nulidad. Pero con la regulación que propone, no solo se dispara aún más la judicialización de los despidos, sino que generaría un escenario de incertidumbre legal que afectaría a muchos trabajadores.