La idea de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que no solo pretende encarecer el despido improcedente más allá de los 33 días por año, sino también recortar las causas 'objetivas' que justifican un cese a 20 días, han hecho saltar las alarmas de empresas, sindicatos, laboralistas, servicios de estudio públicos y privados e incluso en el ala socialista del propio Gobierno, que está de acuerdo en "reforzar la causalidad" pero no en reabrir un debate que podría demoler unos de los pilares de las reformas laborales de 2010 y 2012. Pero que también abre la puerta a ir más allá de lo que llegaron ambas.
El 54% de los despidos individuales en España se registran como disciplinarios, con lo cual no conllevan indemnización. Es un dato sorprendente: ¿la mitad de los ceses en España son gratis? En realidad, no: las verdaderas compensaciones se pactan en actos de conciliación que se saldan con importes que rondan los 33 días por año, la establecida para un despido declarado improcedente, sin llegar a juicio. Una fórmula que recuerda mucho al antiguo 'despido exprés' que derogó la reforma laboral del PP en 2012, aunque entonces la indemnización era de 45 días. El mecanismo que se utiliza ahora es algo más complicado, pero mucho más rentable.
Aun así, la pregunta es la misma que muchos se hacían hace quince años: ¿por qué las empresas recurren a las indemnizaciones más costosas? La respuesta también es similar: porque resulta muy difícil justificar un despido en España. Incluso en un contexto como la crisis financiera, comprometiendo incluso la viabilidad de los negocios por no poder hacer recortes de plantilla.
Despido libre pero caro
Los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y de Mariano Rajoy en 2012 se comprometieron con Bruselas a resolver este problema. En primer lugar, redujeron la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año (el PSOE lo hizo para los nuevos contratos y el PP para todos los vigentes a partir de la entra en vigor de su norma). A cambio, hicieron lo mismo a lo que se ha comprometido hoy Pedro Sánchez y Yolanda Díaz: "reforzar la causalidad".
Es decir, que las empresas que no tengan otra opción que despedir puedan hacerlo. Esto implica más claridad para acogerse a las causas 'objetivas' (económicas, productivas, técnicas o productivas), lo que implica pagar 20 días por año. Pero a cambio, el trabajador recibe mayores garantías de que su despido no será discrecional. Una ecuación que recibió el nombre de 'flexiseguridad' yque a la luz de los datos ha resultado un fracaso.
No solo más de la mitad de los despidos son 'libres' por la vía disciplinaria. Además, se han disparado tras la última reforma laboral, convirtiendo a decenas de miles de los nuevos empleos estables que ha propiciado en indefinidos "de usar y tirar". Lo cual hace que, a pesar del espectacular retroceso de empleo temporal, la rotación laboral en España apenas haya mejorado.
La respuesta dada por Díaz es encarecer la indemnización por despido improcedente, haciéndola más "indemnizatoria" y "disuasoria" cuando afecta a colectivos con más dificultades de volver al mercado laboral. Se ampara en diversas sentencias judiciales y en la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que dice que la regulación española no cumple la Carta Social Europea, aunque no está claro que recomiende la vía que baraja la líder de Sumar. De hecho, el Ejecutivo no ha mostrado el texto íntegro de dicha resolución.
Esta penalización extra intenta sortear las presiones para volver a la indemnización de 45 días, pero ni aunque así se hiciera se resolvería el problema: solo hay que ver lo ocurrido antes y después de 2010 y 2012: elevar la indemnización por un despido sin causa no disuadirá a las empresas de apostar por esa vía. Entonces, ¿por qué no se cierra clarificando las causas?
Un acuerdo imposible
Es lo que plantea el Banco de España en su último informe anual, una reforma que deje claras las opciones para despedir y cierre la puerta a la discrecionalidad con la que se aplican los despidos disciplinarios. Una alternativa que parece más lógica que encarecer la indemnización que acaban percibiendo los trabajadores al final del proceso que inician esos despidos discrecionales.De hecho, es una opción que ya maneja el propio Gobierno, que ha aumentado los supuestos de nulidad.
El problema es que la indemnización de los despidos justificados es de 20 días, lo que muchos trabajadores percibirían como un abaratamiento del despido casi tan elevado como el que supuso la reforma laboral de 2012. Y Díaz no está por la labor.
De hecho, algunas voces del diálogo social interpretan su 'amenaza' de eliminar la previsión de pérdidas como factor que justifique un despido por causas económicas, como una advertencia a los que pongan esta idea sobre la mesa, sean patronal o sus socios del PSOE, sobre todo en el Ministerio de Asuntos Económicos. Aunque, por ahora, Carlos Cuerpo elude confrontaciones directas con Trabajo como las que protagonizaron su antecesora, Nadia Calviño y su excompañero en la secretaría de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés.
En este escenario, las posturas enfrentadas incluso en el seno del Gobierno parecen hacer muy difícil llevar una postura común a la mesa del diálogo social que aborde la cuestión de los despidos justificados. Pero el problema no se reduce al Gobierno, ni siquiera a los sindicatos: a muchas empresas, sobre todo pymes, les haría muy poca gracia tener que afrontar mayores exigencias a la hora de justificar un despido y prefieren el modelo actual, más caro, pero 'libre'. Todo lo contrario, a reforzar las causas del despido, algo que quizá solo podría materializarse renunciando al acuerdo en el diálogo social, como ocurrió en 2012.
En todo caso, la postura del Banco de España recuerda claramente a la que Comisión Europea en aquel año. Consciente del coste político que supuso la reforma de aquel año, Bruselas suavizó sus exigencias y se centró en la dualidad de la contratación. Una cuestión que la legislación pactada por Díaz con patronal y sindicatos en 2021 atajaba con una solución contundente que el PP nunca llegó a acometer ni siquiera con mayoría absoluta: eliminar los contratos de obra y servicio. Algo así parece imposible para modernizar el régimen del despido en España.
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