
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció el pasado mes de abril una campaña de la Inspección de Trabajo contra el abuso en el periodo de prueba para evitar que los nuevos contratos fijos se convirtieran en empleos "de usar y tirar". Pero los datos acumulados de los primeros seis meses del año revelan que la tendencia no solo se ha revertido, sino que registra un nuevo máximo histórico de 481.356 bajas de afiliación, de las que 351.557 corresponden a asalariados indefinidos. Estas suponen un 2,7% más que en 2023 y crecen 1.055% respecto al mismo periodo de 2021, es decir, 11,5 veces más que en 2021, antes de la aprobación de la reforma laboral.
El incremento en el último año es menor que los registrados en los años precedentes, pero hay que tener en cuenta que los contratos indefinidos acumulados en el primer semestre ha descendido un 3% respecto a la registrada en 2023. Es decir: hay menos nuevos trabajadores indefinidos, pero las bajas no solo se mantienen, sino que han repuntado, lo que indica que las empresas siguen utilizando con intensidad esta fórmula. Es una tendencia similar a la seguida por los despidos 'propiamente dichos', y en su caso no ha habido una campaña específica. Más bien parece que, una vez amortizada la reforma laboral, las extinciones de empleos se han fijado en niveles sin precedentes y sin indicios de que vayan a reducirse.
Es habitual confundir la extinción de una relación por el fin de una relación laboral por esta causa con un despido, aunque legalmente existen diferencias notorias, empezando porque no superar el periodo de prueba no da derecho a indemnización. Esto explicaría los datos de los dos últimos años: muchas empresas utilizan este subterfugio para sortear los límites impuestos por la reforma laboral a la contratación temporal.
Para ello se benefician de una regulación laxa que permite que los límites a la duración del periodo de prueba sean modificados al alza por acuerdo en convenio colectivo. Díaz mantuvo esta precisión en la reforma laboral con la idea de que la negociación colectiva entre patronales y sindicatos negociara a la baja los plazos, pero parece haber ocurrido lo contrario. Su idea ahora es incluir en la trasposición de la directiva europea de condiciones laborales transparentes y previsibles, pero este texto sigue tramitándose en el Congreso.
Máximos sin marcha atrás
La dificultad para atajar esta tendencia explica que la vicepresidenta esgrimiera el peso de la Inspección de Trabajo. Es una táctica habitual que ya ha utilizado en otros casos, como en las actuaciones sobre fijos discontinuos. El problema es que el diseño de las actuaciones concretas presenta muchas limitaciones para frenar los abusos, como quedó claro cuando el Ministerio de Trabajo detalló las características de las actuaciones.
Así, el departamento de Diaz explicó que la Inspección "verificará especialmente" los contratos de trabajo, ya sea a tiempo parcial o jornada completa, "que se extinguen por no superar el periodo de prueba a pesar de haber excedido su duración máxima", así como "los despidos (sic) de personas trabajadoras que no superan el periodo de prueba a pesar de haber sido contratada previamente para realizar las mismas funciones".
¿Qué significa esto? Que investigará solo las prácticas que vulneran explícitamente la legislación. El artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores ya señala que "será nulo el pacto que establezca un periodo de prueba" cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa.
Es decir, deja claro que no se puede despedir por superar el periodo de prueba cuando el plazo previsto (sea el mínimo legal o el ampliado por convenio colectivo) ya se ha superado, ni esgrimir en ningún caso esta causa si la persona ya ha realizado esas funciones. Legalmente son supuestos ya denunciables y dejan fuera aquellos 'abusos' que se producen dentro de los plazos legales, que según los expertos encierran el grueso de las bajas.
Aunque sí s esperaba que la investigación tuviera un efecto disuasorio. La clave es que se realizará a través de la denominada "Herramienta de Lucha Contra el Fraude", que actúa según el cruce de distintas bases de datos y se ha utilizado en otros casos como la campaña de envíos masivos de cartas en el caso ya mencionado de supuestos abusos en la contratación de fijos discontinuos.
Aunque el uso de estas tácticas empieza a sr criticado por los propios Inspectores, que avisan de que se trata de una automatización de tareas para suplir la falta de recursos y medios humanos, lo que lleva a que muchas de estas cartas no se traduzcan en sanciones. Trabajo no ha publicado datos de su actuación, pero en cualquier caso las cifras de Seguridad Social, actualizadas cada mes, apunta a un impacto nulo de la misma, como ya ocurrió, por cierto, con los fijos discontinuos.
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