UGT ha prometido que sus servicios jurídicos irán "juzgado por juzgado" y "despido por despido" para asegurarse de que se cumple la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha fallado contra la legislación española sobre el despido improcedente, una decisión considerada "histórica y justa" por la organización.
Así lo ha considerado este miércoles el secretario general del sindicato en Aragón, José Juan Arceiz, en una comparecencia para valorar la resolución del órgano europeo encargado de vigilar el cumplimiento por los estados de la Carta Europea de Derechos Sociales, firmada por España en 1996 y no ratificada en su totalidad hasta 2021.
Este Comité, cuya resolución íntegra se dará a conocer el próximo lunes, estima que la legislación española sobre el despido improcedente, reformada en 2012, no es suficiente para cubrir los daños reales sufridos por los trabajadores despedidos injustificadamente y no tiene un efecto disuasorio suficiente para los empleadores.
Para el secretario general de UGT Aragón, el sistema español de compensación por despido injustificado, que establece 33 días por año trabajado con un tope de 24 meses, presenta "deficiencias significativas" en cuestiones como la flexibilidad, la adecuación y la capacidad disuasoria, convierte ese despido en "previsible" por cuanto "puede calcularse su cuantía de manera previa, no disuade al empleador de echar mano de ese recurso y no atiende a todo el daño que causa al trabajador", ha enumerado Arceiz, quien ha aludido al "coladero" en el que se ha convertido el despido disciplinario, con un aumento de más del doble desde la última reforma de la legislación laboral.
El órgano europeo también apunta, según ha explicado el portavoz de UGT, "que pasa mucho tiempo" desde que el trabajador es despedido hasta que se resuelve el caso, por lo que ha reclamado la recuperación de los salarios de tramitación, suprimidos desde la reforma laboral de 2012.
Tras conocerse el sentido de la resolución, se ha planteado la cuestión de si esta resulta vinculante o no para el Estado español. Frente a la postura del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que en una reciente entrevista consideró al Comité meramente "consultivo", cuya decisión "no obliga", el secretario general de UGT Aragón ha defendido la obligatoriedad de su cumplimiento: "Lo que hace falta es voluntad y el Gobierno no puede decir alegremente que no es vinculante, porque si lo hace, habría que decirle qué seriedad tiene España como país a la hora de cumplir los compromisos internacionales", ha expresado.
En su argumentación ha recordado que países como Francia, Finlandia e Italia, que también suscribieron la Carta Europea, terminaron adaptando sus legislaciones tras atender el Comité los recursos planteados por diferentes sindicatos de esos países. "Alemania y Austria, por ejemplo, no han suscrito la Carta y sus sindicatos no pueden plantear reclamaciones", ha explicado.
Flexibilidad para ajustar la compensación a los daños reales
Por ello, Arceiz ha urgido al Ejecutivo central a acometer rápidamente la reforma de la legislación laboral. "Lo que nos gustaría es que esto se adapte rápidamente, es que no hay mucho que pensar, solo hay que cumplir la resolución. Y eso trasladarlo al texto del BOE, nada más. Ahora mismo tenemos el asunto de la Seguridad Social, el de la jornada laboral, del estatuto del becario... Hay una serie de cuestiones que están encima de la mesa del diálogo social y no pasaría nada por llevar también en paralelo esta", ha considerado.
En esa reforma, UGT Aragón apuesta por "aumentar la flexibilidad", de tal forma que los tribunales puedan ajustar la compensación del despido improcedente a "los daños reales sufridos"; "eliminar los topes de compensación o elevarlos significativamente", fomentar la reincorporación y asegurar "una tramitación judicial más rápida", además de "recuperar los salarios de tramitación".
