La AIReF reclama al ministerio de Economía más transparencia en el proceso de elaboración del plan de ajuste fiscal que los de Carlos Cuerpo deben enviar a Bruselas en septiembre para garantizar el futuro cumplimiento de las reglas europeas. Además, el organismo pide al Gobierno consensuar el plan con las comunidades autónomas, e informar después al Congreso sobre los compromisos adquiridos, incluso aunque no se someta a votación. Los de Cristina Herrero consideran necesario este punto, dada la influencia que el contenido del documento tendrá sobre ruta económica de España.
En concreto, espera que el Ejecutivo se vea obligado a aplicar un ajuste del 0,43% del PIB -6.000 millones de euros anuales- durante los próximos siete años, para cumplir con el nuevo marco comunitario y evitar un nuevo incremento de la deuda pública durante la próxima década. "En la medida que esa situación se vaya normalizando, tanto por la vía de los precios como por la vía de las medidas que se adopten, parece que el crecimiento económico no resulta suficiente para seguir provocando este descenso en el ratio de deudas sobre el PIB", ha avisado la presidenta de la AIReF. Las últimas previsiones de la autoridad apuntan a una estabilización de la ratio de deuda a partir del año que viene, pero observan una senda creciente a partir de 2030, asociada a la evolución de la demografía española. En este escenario inercial, las estimaciones es que el gasto primario crecería en torno al 3,8%. Aplicando el ajuste propuesto, esperan que su variación anual máxima caiga al 2,7%.
A pesar de las restricciones que las reglas fiscales generarán sobre las políticas pública, la AIReF ha salido en defensa de la reforma de la gobernanza económica de la UE. El organismo considera que conlleva mejoras fundamentales que pueden aumentar la racionalidad y la efectividad de la manera en que se planifica y supervisa la política fiscal. En primer lugar, aplauden la exigencia de control de gasto, dados los elevados niveles de deuda actuales, con una visión diferenciada por país y un fortalecimiento de la planificación a medio plazo. Además, consideran que la normativa busca un mejor equilibrio entre la consolidación fiscal y el crecimiento económico, al tratar de preservar la inversión. Asimismo, racionaliza los indicadores operativos que se utilizan para la supervisión de la política fiscal y desplaza la complejidad desde la implementación a la fase de diagnóstico.
La necesaria reforma fiscal
Por otro lado, Cristina Herrero ha reclamado al Ejecutivo acometer una reforma del marco fiscal nacional para resolver las "inconsistencias" con el reglamento europeo, entre otros motivos porque la regla de gasto no se aplica sobre la Seguridad Social, que sí computa a efectos europeos. Un punto, que no entra en los planes del Gobierno. Esta reforma debería ir además acompañada de la del sistema de financiación autonómica y los mecanismos extraordinarios de financiación para evitar "grietas en la credibilidad", ha advertido Herrero.
En ese sentido, la presidenta de la AIReF demanda al Gobierno iniciar "de manera inmediata" el diálogo con las administraciones territoriales sobre los objetivos fiscales para 2025. "Ya se están elaborando los presupuestos de todas las administraciones públicas" para 2025, ha advertido, pero todavía no se conocen ni los compromisos fiscales del futuro plan fiscal, ni el reparto territorial de estos compromisos, lo que dificulta "el éxito en el primer año de vigencia" de la hoja de ruta. El ministerio de Hacienda tiene previsto reunirse con comunidades autónomas y corporaciones locales para abordar las reglas fiscales este mes de julio, aunque todavía no ha concretado la fecha.