Economía

El empleo público rompe la barrera de los 3 millones de afiliados en plena crisis de los interinos

El ministros para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá. Foto: EP

El empleo público superó en mayo la barrera de los tres millones de afiliados medios a la Seguridad Social, tras crecer un 3,3 % interanual. Un récord que llega en un momento crítico para el Gobierno, que ultima una nueva oferta para trabajadores públicos mientras intenta sortear la presión de la doctrina de la justicia europea, que insta a hacer indefinidos a miles de interinos.

El 61% de estos trabajadores, 1,84 millones, corresponde a las comunidades autónomas, que han aumentado sus plantillas un 4,43% respecto a hace doce meses, seguidas de los ayuntamientos que, con 741.383 afiliados medios, suponen el 24,5% del total, pero han retrocedido un 1,22% en el último año.

La administración central, por su parte, cuenta con 440.780 afiliados, el 14,5% del total. Pero es la que más ha aumentado las plantillas a su cargo, un 6,8%. Es decir, 2,8 veces más que el 2,45% que creció el empleo en el sector privado en el mismo periodo, en buena parte por la aprobación de sucesivas ofertas públicas de empleo en los últimos años que el propio Ejecutivo presenta como 'récords'.

El 84,5% de estos empleos se concentra solo en tres ramas de actividad: administraciones públicas y defensa (37,8%), educación (20,9%) y sanidad (25,7%). Pero el reparto difiere mucho entre las tres administraciones implicadas, ya que las comunidades tienen transferidas las competencias en educación y sanidad. Así, los funcionarios propiamente dichos suponen solo un 18,4% de su empleo público mientras los profesores suponen el 33,1% y sanitarios el 44,1%.

Los ayuntamientos, por contra, aportan el 24,5% de los trabajadores públicos pero el 77% de su plantilla se concentra en los funcionarios administrativos y policías locales. Sin embargo, tanto autonomías como entes locales han reducido el número de afiliados 'funcionarios' en el último año mientras han incrementado los puestos educación y, en menor medida, en sanidad.

El caso del sector central es muy diferente. Supone el 14,5% del empleo, con 440.759 afiliados medios, aunque es el que más se ha incrementado en el último año. El papel de educación y sanidad es también residual (apenas un 1,86% y un 1,14% respectivamente). Los funcionarios suponen un 52%, pero han crecido un 8,92% y explican toda la subida interanual registrada entre estos trabajadores.

De hecho, aunque los afiliados funcionarios 'propiamente dichos' en la administración central son menos que en las territoriales, su evolución al alza ha sido mucho más intensa lo largo de la serie histórica, que arranca en 2013. En especial a partir de 2018, cuando Sánchez llega al poder ysu evolución se desliga de la de comunidades y ayuntamientos.

Los efectivos en mayo de 2024 superan en un 84% los registrados en octubre de 2013, mientras que los ayuntamientos lo han incrementado un 12% y las comunidades solo un 3%. Aunque en este caso su evolución ha sido mucho más volátil y se ha visto afectada por los cambios de gobiernos autonómicos en el último año. Así, desde los comicios de mayo 2023, los funcionarios autonómicos se han desplomado en un 20%, mientras los profesores y médicos se han incrementado.

Pero además de los funcionarios propiamente dichos, la administración central cuenta con el peso de grandes empresas públicas, sobre las que pivota el grueso de su oferta de empleo. Así, un 10,8 % de sus asalariados corresponden a "actividades postales" (trabajadores de Correos), con 47.531 afiliados medios. Otro 7,9%, a "almacenamiento y transporte" (lo que apunta a Renfe), con 34.994 trabajadores. También destacan la investigación y desarrollo (5,3%) y los servicios técnicos de infraestructura e ingeniería (4,7%).

¿Qué hacer con los interinos?

Será difícil para el Gobierno justificar un nuevo máximo en 2024 ante la prórroga obligada de los Presupuestos generales del Estado, pero los sindicatos presionan al ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, para que las cifras alcancen, como mínimo, las de 2023, con casi 40.000 puestos. Pero en esta compleja negociación irrumpe el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que exige la conversión de trabajadores temporales en régimen de interinidad en indefinidos.

Esto supone un problema para unas actividades con una tasa de temporalidad enquistada en niveles cercanos al 30% (29,5% en el primer trimestre del año). El Gobierno esgrime la necesidad de superar una oposición para acreditar que se cumplen los requisitos para ser funcionario público. Muchos interinos que no superan esta prueba acaban perdiendo un empleo que llevan desempeñando años.

El Ejecutivo, que precisamente logró que la reforma laboral dejara al margen el sector público para no abrir este frente, aprobó al mismo tiempo que esta norma una "Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público" que pretendía resolver la cuestión de los interinos. La evolución de la temporalidad del sector público desde entonces cuestiona claramente su eficacia.

Aunque tampoco a los jueces les convence. En recientes sentencias, el TJUE insiste la necesidad de una reforma la legislación para agilizar y mejorar estos procesos con un marcado carácter burocrático. Pero matiza que no sería necesario superar pruebas de este tipo para convertir esos empleos, que en muchas ocasiones se llevan encadenando desde hace décadas, en indefinidos.

De la interpretación de los tribunales españoles, incluyendo el Supremo, depende el futuro del empleo público. Un arma de marcado carácter electoral al que las administraciones, sobre todo la central, no quieren renunciar. Precisamente la discrecionalidad de la contratación pública es la base de las "macrofertas" como las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva presentando desde 2018, sin que hayan resuelto el problema más acuciante del sector público: el envejecimiento de las plantillas.

En este contexto, no ayuda la opacidad estadística sobre el empleo público. Aunque los daros de afiliación coincide con los que ofrece el Ministerio de Función Pública en sus informes semestrales, la EPA eleva la cifra de asalariados del sector público a los 3,5 millones. Una brecha que se explica por los muchos funcionarios de clases pasivas, que no cotizan como afiliados a la Seguridad Social. La obligación de integrar a estos trabajadores públicos en el Régimen General de la Seguridad Social no arranca hasta 2011.

Aunque algunos expertos apuntan otro elemento: el elevado volumen de contratos con empresas y ONGs para desempeñan servicios públicos, desde la atención social, la gestión cultural o la limpieza. Los asalariados están en nómina de esas contratas, no de la administración, pero al contestar a la encuesta que realiza el INE se declaran trabajadores públicos.

Por otro lado, tampoco los datos de afiliación resuelven la duda sobre el número de trabajadores públicos con un contrato temporal potencialmente afectados por las resoluciones del TJUE. Aunque los funcionarios, los profesores y los sanitarios tienen las tasa de empleo temporal más altas del régimen general (un 25% de media), la Tesorería detecta 1,48 millones de afiliados al Régimen General que no son calificados como indefinidos ni temporales, sino como trabajadores "sin contrato".

Se trata de una categoría "cajón de sastre" en la que se incluye a los funcionarios, interinos o cargos políticos que equivale a cerca de la mitad de todas las personas que trabajan en el sector público, aunque no especifica las condiciones de estas personas ni las funciones que realizan.

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