Los fijos discontinuos no dan tregua y marcan un nuevo máximo histórico en mayo

El pasado mes de mayo, los afiliados medios a la Seguridad Social con un contrato fijo discontinuo alcanzaron la cifra de 1.089.788, un máximo histórico que se registra tres meses después de que el Gobierno afirmara que el impacto de estos trabajadores en el mercado laboral había tocado techo. No solo no está siendo así, sino que explican el 40% del total del empleo neto (y el 45% del asalariado) creado en el pasado mes.

Estos afiliados registraron su primera caída interanual desde la reforma laboral en febrero, un retroceso de apenas 1.418 afiliados medios, hasta los 819.632. El Ejecutivo, por boca del secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, llegó a celebrar este leve retroceso como un indicador claro de que esta figura contractual había marcado su tope. Ello mientras Trabajo redobla su ofensiva inspectora para evitar supuestos 'abusos' en este tipo de contratación.

Pero el descenso no solo no ha vuelto a repetirse, sino que, desde entonces, su número han crecido en 270.156 afiliados y vuelven a superar los registros de toda la serie histórica. De hecho, suponen el 44% del total del incremento de la afiliación en los últimos tres meses.

Aunque, eso sí, los datos de mayo recogen un cierto repliegue relativo respecto a abril, cuando representaron un 52% del empleo neto creado y un 61% del asalariado, reflejan que estos trabajadores siguen suponiendo un importante factor de rotación del mercado laboral español.

¿Se equivocó el Gobierno en su análisis de hace meses? No necesariamente. Lo cierto es que el crecimiento interanual de los últimos meses es muchísimo más moderado de lo que lo ha sido en 2022 y 2023. El dato de mayo supera en 21.000 afilados, un 1,9% al del mismo mes del pasado año, cuando crecía un 37% interanual. Pero esto no resuelve el verdadero problema asociado a esta figura: su enorme volatilidad.

La normativa laboral aprobada en 2021 impulsó a los fijos discontinuos como alternativa a los temporales. No era la primera vez que algo así se planteaba. Desde su creación en 1976, esta idea ha circulado en todas las reformas laborales, incluyendo la de Gobierno del PP en 2012. Pero la última, pactada por la actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la patronal y sindicatos, quiso ir más lejos que ninguna de sus predecesoras.

Casi una cuarta parte, camareros

El mayor límite al uso de los fijos discontinuos está en sus propias características como indefinido que encadena periodos de actividad durante los que el trabajador ni cobra ni está dado de alto a la Seguridad Social. No recibe ni la indemnización que tendría que recibir por finalización de un contrato temporal (12 días por año), pero a cambio tiene la garantía de volver a ser llamado.

Si no es así, la empresa tendría que abonar los 20 días por año por despido (siempre que este no sea declarado improcedente, en cuyo caso se elevaría a 33 días). Pero incluso en ese caso la indemnización sería más barata, ya que como recuerda al Supremo, esta compensación solo se calcula sobre los periodos de actividad.

Esto restringía 'de facto' su uso a actividades estacionales, como el turismo de temporada, en las que el nuevo llamamiento estaba garantizado. Pero ni siquiera en ese caso es una norma general: en regiones turísticas como Baleares se aprovecha con intensidad esta figura y alcanzaba el 32% de los asalariados el pasado mes, cuando en Canarias apenas llegó al 4%.

Consciente de estos límites, Díaz y los agentes sociales acordaron modificar la regulación de este contrato para facilitar su uso por todo tipo de empresas, incluidas las ETTs, y en todo tipo de actividades eventuales. La idea era que las empresas derivaran los trabajadores con contratos temporales por obra y servicios, eliminados con la reforma, que no pudieran reconvertir en indefinidos ordinarios hacia esta figura contractual, en lugar de a otras modalidades temporales.

Pero esta parte del plan no funcionó. Los fijos discontinuos pasaron de suponer el 2,5% del empleo asalariado en mayo de 2021 al 6,49% en el pasado mes, mientras en el mismo periodo los indefinidos ordinarios crecieron del 62,2% al 71,9%. Es decir, el trasvase de los temporales fue mucho mayor hacia los empleos fijos convencionales.

Además, aunque su peso proporcional se ha incrementado del 2,5% al 6,5%, el reparto por ramas de actividades sigue siendo similar al de ante de la reforma: los fijos discontinuos tienen mayor peso en la hostelería (un 23% en mayo), seguido de las actividades artísticas y recreativas (21%) y la agricultura (12,3%) y la educación (12,23%). Esto implica que, aunque llegan a más empresas, no alcanzan a más sectores.

¿Qué celebra el Gobierno?

Políticamente, no tiene demasiado sentido que el propio Gobierno presuma del fracaso del trasvase de temporales a fijos discontinuos, medido en términos de afiliados medios. Si la idea era que sirvieran de una figura de transición hacia los indefinidos ordinarios, es como reconocer que la reforma laboral ha agotado su margen. Pero hay que entender que estos trabajadores han sido una fuente de quebraderos de cabeza para el Ejecutivo desde que se aprobó la norma.

Los fijos discontinuos inactivos peo cuyo contrato laboral sigue en vigor pueden inscribirse en los servicios de empleo para percibir (o no) una prestación o subsidio, pero en ese caso no cuentan como parados, sino como demandantes ocupados con relación laboral. La sorprendente negativa del ministerio de Trabajo a desglosar a estas cifras (algo que el SEPE puede hacer perfectamente, de hecho, ya publica cada mes las cifras de los casos en los que perciben una ayuda) ha disparado las especulaciones en los dos últimos años sobre un supuesto maquillaje de las cifras de desempleo.

Una polémica que, sin embargo, ha sido útil para el Ejecutivo al desviar la atención sobre su impacto en las estadísticas de empleo. Y es que, como hemos visto, los fijos discontinuos inactivos son dados de baja a la Seguridad Social. Pero cuando se les vuelve a llamar, son dados de alta de nuevo.

Sabemos que en los cuatro primeros meses del año se han producido 1,18 millones de bajas de afiliación por este motivo (333.864 solo en abril), lo que equivale a un 19% del total de bajas (un porcentaje que solo supera la finalización de un contrato temporal). Además, son un 19% más que las registradas en el mismo periodo de 2023.

Lo que ignoramos son cuántas altas derivan de la reactivación de estos trabajadores, lo que planta bastantes dudas sobre si se trata de una creación real de empleo (es decir, de personas sin trabajo ni relación contractual que se incorporan de nuevas a un puesto de trabajo).

Pero el problema no se limita a los momentos de incremento de la afiliación. Al ser empleos de marcado carácter eventual, vemos enormes oscilaciones en los meses de verano y otoño y a final de año, lo que apunta a que se encadenan contrataciones estacionales con bajas que 'encubren' por así decirlo vacaciones no pagadas.

Lo que parece es que estamos ante un comportamiento más similar al de los temporales que al de los indefinidos propiamente dichos, con el añadido de que los eventuales que ven finalizado su contrato sí cuentan como desempleados si se apuntan al paro. Esto puede explicar misterios como el que la volatilidad general de altas y bajas de la afiliación se mantenga sin grandes cambios tras la reforma laboral, ni que el récord de empleo no se traslade a una rebaja a mínimos del paro.

En cualquier caso, mientras el Gobierno no ofrezca información más detallada sobre las condiciones laboral de estos trabajadores, tal y como incluso se pide desde Bruselas, el diagnóstico sobre la evolución del mercado de trabajo y la propia eficacia de la reforma laboral seguirá lastrada por una sombra de duda razonable.