Madrid
La asociación de autónomos vinculada a Sumar y a Comisiones Obreras (CCOO), UATAE, no devolvió las subvenciones cobradas de manera fraudulenta de forma voluntaria. Según un expediente del Ministerio de Trabajo al que ha tenido acceso elEconomista.es, fue la cartera de Díaz quien, tras una investigación conjunta con la Dirección General del Trabajo Autónomo de la Generalitat de Cataluña, reclamó a la asociación dirigida por María José Landaburu la devolución de la cantidad extra recibida por acreditar trabajadores de las patronales PIMEC y PIMEM en el ejercicio 2021, con el objetivo de engrosar su representatividad.
Fuentes de autónomos consultadas por este medio confirmaron que "UATAE nunca devolvió el dinero voluntariamente como han dicho, tuvo un requerimiento de devolución".
En un primer momento, desde la Generalitat ya apuntaban que tras una primera busqueda del documento presentado por la asociación de autónomos, que acreditaba las cesiones de los trabajadores de la patronal catalana como trabajadores de su asociación como parte de acuerdos de colaboración entre asociaciones, no se había encontrado escrito alguno. De esta forma, para poder verificar de forma correcta el caso, pidieron a UATAE que les facilitasen el "original digital del mismo para poder proceder a la verificación y autentificación de las firmas digitales incorporadas en el referido documento, y que harían fe, del contenido del mismo, así como de la persona supuestamente firmante".
Desde la Generalitat apuntan a que, después de que UATAE indicase que "el documento original debe obrar en poder" de la dirección general correspondiente, estos pusieron de "manifiesto que, como ya indicamos en nuestra anterior comunicación, se carece de dicho "original", esencialmente por que el documento en cuestión no es auténtico, es decir, nunca fue expedido en sus literales términos por esta unidad".
De esta forma, la Generalitat concluyó que el certificado de inscripción de PIMEC en el registro de asociaciones de autónomos de Cataluña que aportó UATAE, junto con la solicitud de subvención para gastos de funcionamiento de la convocatoria de 2021 no era auténtico, ni fue emitido oficialmente por el registro autonómico.
Una vez demostrada la falsedad de los documentos, el Ministerio de Trabajo acordó iniciar el procedimiento de reintegro el 21 de julio de 2023 fundamentándose en la "obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello".
Como ya recogimos hace dos semanas, el caso llegó hasta la Fiscalía de Madrid, que elaboró un auto, al que tuvo acceso elEconomista.es, por el cual la asociación dirigida por María José Landaburu habría cobrado una subvención 133.211,84 euros superior a la que le correspondería por representatividad.
Esto supuso que las otras dos asociaciones con representación en el diálogo social nacional no recibiesen 98.055,41 euros, en el caso de ATA, y 35.156,43 euros, que corresponderían a UPTA.
La jueza a cargo del caso imputa a ambas organizaciones, así como a sus secretarios generales, María José Landaburu y Josep Ginesta i Vicente, por supuestamente haber cedido trabajadores de PIMEC y PIMEM a UATAE para que esta última pudiera acceder a la subvención del Ministerio de Trabajo. Esto se considera ilegal, ya que una organización empresarial, cuya misión es la defensa de empresas, no puede integrarse como una organización de autónomos que defiende sindicalmente a personas físicas.
En este contexto, el apartado 3 del artículo 5 de la Orden ESS/739/2017, de 26 de julio, que aborda los gastos de funcionamiento de las entidades de ámbito estatal e intersectorial de trabajadores autónomos, dispone que: "Para las subvenciones de los gastos de funcionamiento contempladas en el artículo 3.2 se tendrán en cuenta, como criterios de valoración […] el número de trabajadores que, en los seis meses anteriores al inmediatamente anterior al de la correspondiente convocatoria, integran la plantilla de la entidad solicitante y de cada una de sus asociaciones profesionales de trabajadores autónomos de carácter intersectorial asociadas por comunidad autónoma".
A pesar de esto, Pimec y UATAE, formalizaron un acuerdo por el cual "los recursos que puedan obtenerse para la financiación de actividades y proyectos, infraestructuras e instalaciones, serán distribuidos entre ambas organizaciones en proporción a la dotación que para los mismos pueda establecerse", según se puede leer en el texto al que ha tenido acceso este medio.
En este documento se establece claramente que la distribución de estos ingresos debe acordarse anualmente y de forma "transparente", tomando en cuenta la disponibilidad de recursos que puedan obtenerse a través de los distintos mecanismos de financiación disponibles. Además, en el séptimo punto del acuerdo se especifica que su duración será de un año a partir del 6 de agosto de 2021, fecha en la que se firmó, y apuntan que "podrá ser resuelto a su finalización por cualquiera de las partes sin necesidad de preaviso. En todo caso, la prórroga, que no será automática, requerirá documento específico donde se concreten las condiciones de la misma".
Por ende, y como recoge la Fiscalía, "se llega a la conclusión de que los denunciados, en el marco de la subvención concedida, llevaron a cabo, concertadamente, la realización de distintos actos fraudulentos dirigidos a obtener indebidamente un importe superior al que legalmente les correspondía".
Las asociaciones piden seguir investigando
Desde ATA, presentaron un escrito la pasada semana para instar al ministerio a investigar presuntas irregularidades durante el año 2020. Estas preocupaciones surgieron después de que la Fiscalía comenzara a examinar los movimientos ocurridos en el año 2021, similares a los que la asociación dirigida por Lorenzo Amor reclama ahora.
ATA presentó estas inquietudes al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, planteando serias interrogantes sobre la transparencia y legalidad en los procesos de subvención.
Entre las pruebas presentadas por ATA se encuentran certificados firmados por representantes de organizaciones empresariales, como PIMEC y PIMEM, que sugieren una colaboración indebida entre estas entidades y UATAE. Estos documentos indican la inclusión de trabajadores pertenecientes a organizaciones empresariales en la plantilla de UATAE, lo cual contradice los criterios establecidos para la concesión de subvenciones destinadas a trabajadores autónomos.
Además, se señaló la aparente falta de supervisión por parte del Ministerio de Trabajo, que no detectó estas presuntas irregularidades durante al menos dos años consecutivos. Esto plantea serias dudas sobre la efectividad de los controles internos y la diligencia en la gestión de fondos públicos destinados al apoyo de los trabajadores autónomos en España.
"Lo extremadamente grave no es solo que dos patronales cooperen inflando la plantilla de una organización de autónomos, si no que durante al menos dos años nadie se percatara en ese Ministerio del fraude sistemático que se estaba produciendo o que nadie conociera o comprobara en ese Ministerio que PIMEC es una organización empresarial", se puede leer en la carta enviada por ATA.
Ante estas revelaciones, ATA ha solicitado al Ministerio de Trabajo una revisión exhaustiva de los expedientes de subvención correspondientes al año 2020 y al ejercicio 2019, con el fin de esclarecer posibles casos de fraude y depurar responsabilidades. Asimismo, la asociación ha instado a emprender las acciones legales necesarias para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión de las subvenciones destinadas al colectivo de autónomos.
Lorenzo Amor dicía que "como representante de los autónomos de España, nos sentimos totalmente engañados, se ha jugado con la lealtad y honestidad de las otras organizaciones de autónomos", además de con los autónomos que las otras asociaciones representan.
