Madrid
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha instado al Ministerio de Trabajo a investigar una serie de presuntas irregularidades relacionadas con el cobro de subvenciones por parte de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) durante el año 2020. Estas preocupaciones surgen después de que la Fiscalía haya comenzado a examinar movimientos similares ocurridos en el año 2021. ATA ha presentado estas preocupaciones al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, planteando serias interrogantes sobre la transparencia y legalidad en los procesos de subvención.
Entre las pruebas presentadas por ATA se encuentran certificados firmados por representantes de organizaciones empresariales, como PIMEC y la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de las Islas Baleares (PIMEM), que sugieren una colaboración indebida entre estas entidades y UATAE. Estos documentos indican la inclusión de trabajadores pertenecientes a organizaciones empresariales en la plantilla de UATAE, lo cual contradice los criterios establecidos para la concesión de subvenciones destinadas a trabajadores autónomos.
Además, se ha señalado la aparente falta de supervisión por parte del Ministerio de Trabajo, que no detectó estas presuntas irregularidades durante al menos dos años consecutivos. Esto plantea serias dudas sobre la efectividad de los controles internos y la diligencia en la gestión de fondos públicos destinados al apoyo de los trabajadores autónomos en España.
"Lo extremadamente grave no es solo que dos patronales cooperen inflando la plantilla de una organización de autónomos, si no que durante al menos dos años nadie se percatara en ese Ministerio del fraude sistemático que se estaba produciendo o que nadie conociera o comprobara en ese Ministerio que PIMEC es una organización empresarial", se puede leer en la carta enviada por ATA.
Ante estas revelaciones, ATA ha solicitado al Ministerio de Trabajo una revisión exhaustiva de los expedientes de subvención correspondientes al año 2020 y al ejercicio 2019, con el fin de aclarar posibles casos de fraude y depurar responsabilidades. Asimismo, la asociación ha instado a emprender las acciones legales necesarias para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión de las subvenciones destinadas al colectivo de autónomos. Lorenzo Amor dice que "como representante de los autónomos de España, nos sentimos totalmente engañados, se ha jugado con la lealtad y honestidad de las otras organizaciones de autónomos", además de con los autónomos que las otras asociaciones representan.
En vista de la gravedad de estas acusaciones y la importancia de salvaguardar la integridad de los fondos públicos, ATA se reserva el derecho de emprender acciones adicionales en caso de que el Ministerio de Trabajo no tome medidas adecuadas para abordar estas presuntas irregularidades. La asociación reitera su compromiso de velar por los intereses y derechos de los trabajadores autónomos en España, así como de mantener la transparencia y la honestidad en todas las actividades relacionadas con la concesión de subvenciones.
Segunda denuncia en el último año
Hace algunas semanas se informó que la Fiscalía de Madrid estaba investigando un presunto delito de fraude de subvenciones y falsificación documental en el que estarían involucradas la asociación de autónomos UATAE, vinculada a Sumar y asociada con Comisiones Obreras (CCOO) desde 2013, y la patronal Pimec, ambas imputadas. Se sospecha que estas acciones buscaban aumentar la representatividad de UATAE para acceder a un monto de subvención mayor del que le correspondería. Según el auto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso elEconomista.es, la asociación dirigida por María José Landaburu habría recibido una subvención de 133.211,84 euros más de lo que le correspondería por su representatividad en el ejercicio 2021.
Como resultado, las otras dos asociaciones con representación en el diálogo social nacional, ATA y UPTA, no recibieron 98.055,41 euros y 35.156,43 euros respectivamente, que les correspondían.
La jueza a cargo del caso ha imputado a ambas organizaciones, así como a sus secretarios generales, María José Landaburu y Josep Ginesta i Vicente, por presuntamente ceder trabajadores de Pimec y Pimem a UATAE para que esta pudiera acceder a la subvención del Ministerio de Trabajo. Se destaca que no es legal que una organización empresarial, cuya función es la defensa de sociedades, se integre como una organización de autónomos, que defiende sindicalmente a personas físicas.
UATAE ya enfrentó problemas con la Junta de Andalucía en 2021 debido a subvenciones concedidas desde el año 2018 por irregularidades en su funcionamiento. Para determinar la cuantía de la subvención, es clave, por ejemplo, el número de empleados y sedes que tenga la asociación en la región. Sin embargo, UATAE habría inflado supuestamente el número de trabajadores reales con empleados de Coag Andalucía, presidida en ese momento por Miguel López, que también ejercía como responsable de UATAE en la región. En este caso, la asociación se benefició de ayudas por un valor cercano a un millón de euros.
