Díaz emplaza a Seguridad Social a mejorar el paro de los autónomos

La vicepresidenta segunda ha pedido esta semana abordar una mejora en la prestación por el cese de actividad. Yolanda Díaz, ha señalado que es "fundamental" avanzar y reformular la prestación por cese de actividad para que sea accesible a los autónomos cuando lo necesiten. Esto se debe a los recientes datos relativos a la prestación por cese de actividad, que revela que las mutuas de la Seguridad Social solo aceptaron el 48% del total de solicitudes del conocido como paro autónomo durante el ejercicio pasado. Pero este ámbito no es competencia del Ministerio de Trabajo, por mucho que lo comentase la vicepresidenta. De este modo, emplaza a la responsable de Seguridad Social, Elma Saiz, a abordar esta cuestión.

Según las cifras oficiales, se presentaron 20.079 solicitudes en 2023, un 14,1% más que las 17.627 del año anterior. Sin embargo, las mutuas solo aprobaron 8.167 solicitudes.

Si bien esta tasa de aprobación es 7,5 puntos porcentuales mayor que la de 2022 (40%), sigue siendo significativamente baja. Esto significa que casi la mitad de las personas que solicitaron la prestación no la recibieron.

"Tenemos que avanzar y reformular la prestación por cese de actividad, porque sé muy bien la misión imposible que a veces supone la reclamación de un autónomo cuando tiene, en una situación ordinaria, que acudir a la misma", ha afirmado la titular de Trabajo durante unas jornadas sobre Los retos y el futuro del trabajo autónomo organizadas por UPTA y Servimedia.

Seguridad Social constituyó el lunes pasado el observatorio para el análisis y seguimiento de la prestación por cese de actividad de autónomos, en un acto presidido por el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, que estuvo acompañado por la directora general de Ordenación de la Seguridad Social (Dgoss), Marta Morano; además de los agentes sociales y los autónomos.

Desde las asociaciones piden que se cumpla con lo establecido por la Ley 20/2007 (refundida en 2019) para que los ceses de actividad denegados por las mutuas puedan ser discutidos por las asociaciones de autónomos. Esta reclamación se debe a que los criterios utilizados por los organismos que conceden las baja deben estar homogeneizados. "Lo que para una mutua parece un cese factible en otra es denegado", explica el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, a elEconomista.es.

Mayores de 52 años

Díaz expuso la necesidad de mejorar la accesibilidad para el colectivo, sobre todo para aquellos trabajadores por cuenta propia con los ingresos más bajos; con énfasis en que el trabajo autónomo debe ser sinónimo de "oportunidad y no de necesidad". Lo que se pretende desde UPTA, es que los trabajadores autónomos puedan tener un verdadero "paraguas" en el que protegerse cuando se termina la actividad por causas ajenas al autónomo.

Para ello, Eduardo Abad reivindica la creación de un subsidio para mayores de 52 años que terminen con su actividad autónoma y equiparar "de forma real" a los autónomos con los trabajadores por cuenta ajena.

Con una nueva cotización del 0,5% sobre la base mínima del tramo uno de la tabla general del RETA, unos 4 euros, se recaudarían unos 13,5 millones de euros anuales, que podrían destinarse a la puesta en marcha del subsidio, alcanzando a más de tres mil beneficiarios, los cuales no solamente cobrarían esta ayuda mínima de subsistencia, además estarían garantizando su carrera de cotización de cara a la jubilación. Así, los casos con más complejidad a la hora de volver a acceder a un empleo puedan contar con un subsidio que evite lagunas de cotización con respecto a la jubilación de estos perfiles.

De esta forma, reclaman también más medios para poder recolocar a los trabajadores autónomos que se vean abocados a cesar su actividad en el mercado laboral. Unido al subsidio para mayores de 52 años, desde UPTA consideran que "este es el verdadero reclamo del colectivo autónomo".

Saiz acepta la propuesta de UPTA

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró esta semana que el Gobierno quiere que los nuevos profesionales colegiados tengan que inscribirse obligatoriamente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a partir de 2027, como reclamaba UPTA, eliminando así la opción de cobertura alternativa con una mutualidad que tienen actualmente ciertos colectivos, como abogados y procuradores.

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