Los autónomos presionan a Díaz para extender el subsidio de paro a 50.000 trabajadores

Las asociaciones de autónomos quieren aprovechar su exclusión del plan de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que fracasó por el voto en contra de Unidas Podemos, para que se incluya en la norma a los trabajadores autónomos. Tanto ATA como UATAE y UPTA han mostrado este último mes su interés por aumentar la protección de los trabajadores autónomos, con especial énfasis en aquellos mayores de 52 años y con mayores dificultades de reinserción. Desde UATAE calculan que el coste anual de la inclusión de los autónomos beneficiarios, cifrados en cerca de 50.000, que agotan la prestación por cese de actividad y las paradas mayores de 52 años es de 250 millones de euros.

La asociación presidida por María José Landaburu explica a este medio que "la principal dificultad está en que los requisitos de acceso al cese de actividad son complejos, lo que impide que mucha gente acceda o directamente lo pida. Pero, hemos tenido en cuenta en la estimación a 40.000 parados autónomos de más de 52 y unos 10.000 que perciben la prestación por cese de actividad".

Las asociaciones de autónomos ponen el foco de sus peticiones en la importancia de proteger a los trabajadores autónomos mayores de 52 años, esta necesidad de especial protección surge de la situación particular de un grupo de personas que, debido a su edad y las condiciones del mercado laboral, enfrentan considerables obstáculos para reintegrarse al ámbito laboral. "En este sentido, nada hace pensar que una persona trabajadora autónoma mayor de 52 años que haya cesado en su actividad por falta de viabilidad cuente con mayores posibilidades de inserción laboral que una trabajadora asalariada", apuntan desde la asociación liderada por María José Landaburu.

La exclusión de las personas trabajadoras autónomas de la posibilidad de percibir estos subsidios genera una diferencia injustificada en comparación con los trabajadores asalariados. En situaciones iguales, los trabajadores asalariados pueden acceder a estos subsidios, mientras que los autónomos no, debido a una cuestión técnica de cotización, a pesar de cumplir con sus obligaciones contributivas.

Esta disparidad resulta aún más incomprensible cuando se trata de prestaciones no contributivas, las cuales se financian a través de los Presupuestos Generales del Estado y no con las contribuciones sociales. Por lo tanto, no hay razón para justificar un trato desigual y discriminatorio hacia las personas afiliadas al RETA. Es una cuestión de justicia que cualquier persona que cumpla con los requisitos de edad y cotización pueda acceder a estos subsidios, independientemente del régimen al que estuvieran afiliados, ya que solo de esta manera se cumpliría eficazmente con la finalidad asistencial hacia las personas trabajadoras, sin distinciones arbitrarias.

El acceso al subsidio por desempleo, sin importar los requisitos de edad, circunstancias personales o responsabilidades familiares, está condicionado por un período mínimo de cotización por desempleo, que varía según la modalidad del subsidio. Esta condición resulta imposible de cumplir para los trabajadores autónomos, ya que no tienen la posibilidad de cotizar específicamente por desempleo. En cambio, su cotización se destina únicamente al cese de actividad, una prestación del RETA con el mismo propósito que la prestación por desempleo: proteger a las personas trabajadoras cuando pierden su empleo, ya sea como asalariadas o autónomas.

Aunque la contingencia cubierta y el supuesto de hecho son idénticos, "exige en todo caso un periodo de cotización por desempleo mínimo que varía en función de la modalidad del subsidio", apunta UATAE. Esta exclusión persiste incluso si cumplen todos los requisitos y tienen períodos de cotización equivalentes a los de un trabajador por cuenta ajena. Esta situación pone de manifiesto una inequidad en el acceso a los subsidios por desempleo, ya que la simple clasificación técnica impide que los trabajadores autónomos reciban el mismo respaldo a pesar de enfrentar situaciones laborales similares.

"Es decir, aunque la contingencia cubierta y el supuesto de hecho sean los mismos, la simple cuestión técnica por la que la prestación contributiva recibe una nomenclatura diferente a la de desempleo implica la automática exclusión del colectivo de trabajo autónomo de cualquier tipo de subsidio por desempleo, siendo indiferente que cumpla todos y cada uno de los requisitos y tenga idénticos periodos de cotización que un trabajador por cuenta ajena", explica la asociación.

De esta forma, UATAE se une al resto de asociaciones que ya venían reclamando la inclusión del colectivo dentro de la reforma que Díaz tendrá que comenzar a negociar con el diálogo social para desbloquear el próximo paquete de ayudas europeas. Por su parte, desde ATA confirman a este medio que este derecho sebe hacerse "real" para los autónomos, porque "en la práctica hay que ir a juicio para que te lo concedan". Para UPTA, avanzar en los subsidios, especialmente en los mayores de 52 años, debe estar entra las cuestiones "improrrogables" para este año.

250 millones más en gasto

Los 250 millones que calcula UATAE se sumarían a los estimados por el propio Gobierno, que en la memoria económica de la norma limita este impacto a 642 millones de euros al año, ya que el mayor gasto se vería compensado por la supresión de otras ayudas, como la Renta Activa de Inserción.

El cálculo, en cuanto a la forma de este, recuerda a los 2.500 millones de euros anuales que preveía Fedea (añadiendo los 400.000 beneficiarios extra que podrían aber comenzado a recibir la prestación), que aumentaría el gasto con la reforma planteada en un primer momento por el Ministerio, el equivalente al 0,17% del PIB, ya que supone una "significativa ampliación del número potencial de perceptores", de la cuantía y de la duración. Pero censura que el diseño elegido para hacerlo provoca una "pérdida de eficiencia" de los recursos públicos.

Las asociaciones piden un subsidios para autónomos en los mismos términos que existen para los asalariados una vez agotada la prestación por cese de actividad. Estas prestaciones, se incluyen en el marco de protección del Estado del Bienestar para los trabajadores, "encontrándose reservados para aquellas circunstancias de especial dificultad de inserción laboral y vulnerabilidad económica, adoptando un carácter absolutamente asistencial hacia aquellas personas trabajadoras que por causas ajenas a su voluntad han cesado en su actividad laboral y encuentran mayores dificultades para acceder a un nuevo empleo, como es el caso del subsidio para mayores de 52 años", explican desde UATAE en una propuesta sobre los subsidios en el trabajo autónomo publicada hoy.

A pesar del caracter inclusivo de la norma, los autónomos, aún reuniendo los requisitos, quedan fuera del marco debido a cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en vez de en el Régimen General de la Seguridad Social. Así, los más de 3,3 millones de autónomos que hay en nuestro país se encontrarían desprotegidos una vez se haya terminado la prestación por cese de actividad. Esto, "supone un agravio comparativo injustificado y conculca con el art. 41 de la Constitución", que garantiza "la asistencia y prestaciones suficientes en caso de necesidad, especialmente en casos de desempleo".

Desde UATAE apuntan que esta situación también "choca" con lo estipulado por la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, que en su art. 26.5 insta a que "la acción protectora del régimen público de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos tenderá a converger en aportaciones, derechos y prestaciones con la existente para los trabajadores por cuenta ajena en el régimen General de la Seguridad Social".

Esta propuesta cuenta con respaldo adicional en la Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo (ENDITA), específicamente en su Eje 1, que se centra en la inclusión y cohesión social a través del trabajo autónomo. La ENDITA busca mejorar la protección social y el acceso de los trabajadores autónomos a prestaciones como el subsidio de desempleo para mayores de 52 años y el subsidio tras agotar la prestación por cese de actividad. Estos puntos, que no fueron inicialmente contemplados para los trabajadores autónomos en el Real Decreto-Ley 7/2023, encuentran respaldo en la ENDITA.

Además, la recomendación cuarta del Pacto de Toledo establece el objetivo de lograr una protección social equiparable entre regímenes, instando a continuar avanzando hacia la plena equiparación de los derechos y obligaciones de los autónomos con los del Régimen General. Asimismo, en la recomendación 15, en el ámbito no contributivo, se insta a introducir nuevas áreas de protección para cubrir lagunas de cobertura en el sistema, siendo una de ellas el enfoque de la presente propuesta.

Finalmente, la aplicación de esta medida también se alinea con el Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, titulado "Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo". Este componente está enmarcado en el área política VIII "Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo", respaldando así la coherencia de la propuesta con los objetivos más amplios del plan gubernamental.