Economía

Díaz quiere acceso en remoto al registro horario para garantizar la reducción de jornada

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El Secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha presentado a los agentes sociales una iniciativa para la implementación de una jornada laboral de 37,5 horas semanales sin reducción salarial. Esta propuesta se fundamenta en el fortalecimiento del registro horario y la habilitación de acceso remoto para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de prevenir el fraude laboral.

"Es imprescindible para evitar que los asientos se puedan alterar o manipular por el empresario o por otro sujeto", ha indicado Pérez Rey a su salida de la segunda mesa de diálogo social para la rebaja de la jornada laboral, tras la celebrada el pasado 25 de enero y en la que CCOO, UGT, CEOE y Cepyme pidieron negociar entre ellos este asunto, en paralelo a las reuniones tripartitas con el Gobierno.

En esta dirección, Pérez Rey ha detallado que la propuesta presentada a los sindicatos y la patronal este lunes implica una modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, con el fin de lograr una reducción de la jornada de manera progresiva: hasta las 38,5 horas para 2024, con la meta de alcanzar las 37,5 horas en 2025. En este sentido, el secretario de Estado ha subrayado la necesidad de que esta reducción vaya acompañada de medidas relacionadas con el registro horario, para que este pueda ser accesible de forma remota por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, asegurando así su integridad, transparencia y control.

"España tiene una deuda con la Unión Europea y, en concreto, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos pide que el registro sea accesible, fiable y transparente y, por lo tanto, hemos trasladado a los interlocutores sociales cuáles son los elementos que hacen que el registro horario cumpla estas exigencias que derivan de la Unión Europea", ha indicado Pérez Rey.

Para ello, ha avanzado, se reformará el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores "para fijar las 37,5 horas en cómputo anual", para luego, mediante un mecanismo transitorio, ir aplicándola secuencialmente durante esta fase y "con el tiempo y la flexibilidad suficiente para que empresas y trabajadores tengan tiempo de adaptarse a esta reducción de jornada".

Es decir, dentro de 2024, tratarán de que ese objetivo de 38,5 horas "se pueda alcanzar de manera paulatina, que las empresas puedan ajustar su programación sabiendo que van a contar con menos tiempo de trabajo disponible, para lo que tendrán que llevar a cabo otras medidas para ajustarse a ese primer escalón de la limitación". Los sindicatos piden hablar también de horas extra.

La secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha valorado el refuerzo del sistema de control horario y ha señalado que deberá garantizarse que los representantes legales de los trabajadores tengan acceso a esos datos del registro digitalizado. Asimismo ha apuntado que deberá verse qué modificaciones son necesarias para las empresas de menos de 50 personas que son la mayoría en España adopten estos cambios con medios "fiables".

Sobre la reducción de jornada, Vicente ha incidido en que las negociaciones siguen abiertas y que en ese marco se debe hablar también de los descansos semanales o de las horas extras, algo en lo que ha coincidido el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján.

Luján ha valorado que se endurezcan las sanciones por incumplir el registro, al pasar de ser por empresa a por trabajador, y ha subrayado la necesidad de reforzar los recursos de la Inspección de Trabajo y ha subrayado la relevancia de sacar adelante estos cambios con acuerdo de la patronal. "Entendemos que la mejor manera de reducir la jornada, la mejor manera de adaptar la reducción en los distintos sectores y en las distintas empresas es a través de un acuerdo con la patronal", ha añadido.

Desde la patronal CEOE no han valorado la propuesta que se ha hecho de forma verbal en la mesa.

Sanciones "disuasorias"

Además, el Ministerio de Trabajo ha planteado a los interlocutores sociales la importancia de fortalecer el sistema de sanciones en relación con el tiempo de trabajo, de modo que sea "eficaz y suficientemente disuasorio" frente a conductas que comprometen el cumplimiento integral de las normativas sobre jornada laboral. En esta línea, se ha mencionado la posibilidad de que las sanciones se apliquen a nivel individual, en lugar de a nivel empresarial.

Por otro lado, Pérez Rey ha destacado que la reducción de la jornada laboral se llevará a cabo manteniendo el cómputo anual de horas trabajadas, con el fin de garantizar flexibilidad en su implementación, tanto para empleadores como para trabajadores.

Asimismo, se ha comprometido a que la mejora en el sistema de registro horario se diseñará teniendo en cuenta las necesidades de los colectivos que enfrentan mayores dificultades para adoptar estas medidas, como las pequeñas y medianas empresas.

Esta medida, que beneficiará a aproximadamente 12 millones de personas según Pérez Rey, será enviada en los próximos días a los agentes sociales en su forma literal y será discutida en una próxima reunión cuya fecha no ha sido especificada por el Secretario de Estado de Trabajo.

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