Madrid
La justicia argentina no para de darle malas noticias al presidente, Javier Milei, que está en plena ronda de contactos para sacar adelante la segunda parte de su reforma del Estado a través de la Ley Ómnibus, de la cual la oposición acaba de realizar una ristra de enmiendas.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina suspendió temporalmente la reforma laboral a petición del sindiccato peronista Conferencia General del Trabajo(CGT), la Central de Trabajadores y Trabajadoras Argentinos (CTA), recogida en el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) que anunció Milei el pasado 20 de diciembre y que contiene 300 de las 600 medidas que el gabinete del presidente quiere llevar a cabo para "reconstruir Argentina". Las otras 300 medidas están incluidas dentro de esa Ley Omnibus, la cual entró con 300 páginas y 664 artículos en el Congreso y ya menguó a la mitad en el primer debate.
La primera cesión que hizo Milei ante la oposición y los gobernadores fue la del capítulo fiscal de la la megaley. En este punto es donde se incluía una reforma de las pensiones, el incremento de retenciones agropecuarias e industriales, el del blanqueo de capitales y la reforma del Impuesto a las Ganancias.
Las privatizaciones también sufrieron modificaciones clave en las negociaciones con la oposición. Lo más destacables es, por ejemplo, que el número de empresas públicas a privatizar pasó de 41 a 27 y la petrolera YPF no estaría dentro de ese paquete. El nombre de la petrolera fue el primero en aparecer de la boca del presidente tras ser elegido en el balotaje a finales de noviembre y ahora la motosierra no pasará sobre el accionariado que posee el Estado.
Al mismo tiempo, la empresa de satélites Arsat, Nucleoeléctrica y el Banco de la Nación pasará a convertirse en sociedades mixtas, es decir, de capital público y privado. Al mismo tiempo, la oposición reclama un mecanismo de auditoría parlamentario para que el Ejecutivo no privatice sociedades públicas a su antojo, sino que la propuesta se tenga que elevar al poder Legislativo.
La reforma de las pensiones de Milei quería cambiar la fórmula actual del cálculo de los aumentos y realizar dichos incrementos mediante decretos. Esto quiere decir que harían subidas periódicas de las nóminas mediante decretos estableciendo "criterios de equidad y sostenibilidad económica". Por el momento, aunque la oposición estableció ciertas fórmulas alternativas, el Gobierno sostiene la actual a la espera de retomar más adelante un nuevo debate.
Otra modificación clave tiene que ver con la seguridad. La propuesta del ministerio encabezado por la socia principal de Milei, Patricia Bullrich, es que unja reunión de tres personas en un espacio público se consideraba manifestación. Al mismo tiempo, se agravaban las penas por cortar las calles. Esto desapareció de un plumazo del decreto.
El presidente, Javier Milei, tiene ahora abiertos dos frentes: la justicia y las Cámaras. Por el momento, consiguió este viernes su primera victoria parlamentaria, tras tres días de debate con protestas en las calles, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma integral del Estado con 144 votos a favor y 109 en contra. Todo esto, recortando la mitad de los 664 artículos que tenía el documento original.
Los puntos escabrosos como la privatización de las empresas públicas, entre otros, irán a una segunda vuelta durante el día de hoy en la Cámara Baja, donde se debatirán y votarán uno por uno los puntos de la ley. Tras eso, la propuesta de ley subirá al Senado, donde ahí tendrán la última palabra. Todo esto si la justicia argentina no paraliza ninguna de las reformas emprendidas.