Los economistas consideran que España necesita un plan de consolidación urgente y convincente para reducir el déficit público y la deuda. Una consolidación fiscal que debería llevarse a cabo, fundamentalmente, con medias de control del gasto público, especialmente el destinado a las pensiones, a la par que se acometen reformas públicas. Sostienen que, de no aplicarse ninguna medida reguladora, el déficit estructural español alcanzaría cifras próximas al 4% en 2025.
Así lo han puesto de manifiesto Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas (GGE) y Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), durante una ponencia sobre Presupuestos, deuda, déficit y consecuencias.
En este sentido, los economistas sostienen que el margen de maniobra con respecto a los ingresos es menor dada la actual presión fiscal de la economía española, aunque se podrían abordar ciertas reformas centradas en ampliar las bases tributarias, eliminando los tipos reducidos del IVA y el sistema de módulos. Para ello, proponen primar los impuestos medioambientales que contribuyan a la transición energética y poniendo el acento en la lucha contra el fraude fiscal.
Asimismo, los expertos de Fedea y del CGE sostienes que España debe aprovechar el nuevo diseño de las reglas fiscales europeas para devolver las cuentas públicas a una senda sostenible y propiciar un "crecimiento vigoroso y sano en el en el largo plazo.
Según De la Fuente, "necesitamos un plan ambicioso de consolidación fiscal para reducir el déficit público y el stock de la deuda, mientras que, por el lado del ingreso, sería necesaria una reforma fiscal bien pensada que se centre en la ampliación de la bases tributarias, eliminando 'agujeros' como los tipos reducidos del IVA y el sistema de módulos, así como en la fiscalidad medioambiental, con especial atención a la que grava las emisiones de carbono".
Por el lado de gasto, De la Fuente concluyó que "resulta fundamental revisar el sistema de pensiones con el fin de limitar el crecimiento de estas prestaciones, que amenaza con dejarnos con muy poco margen fiscal para afrontar otras prioridades".
Por su parte, Pich afirmó que "la conveniente vuelta a las restricciones fiscales europeas va a obligar a la reducción del déficit público española, por lo menos, el 3% del PIB". Y añadió: "La situación de la deuda pública, que se estima en el 108,1% del PIB al cierre de 2023, y las previsiones futuras de la economía española, agravadas por el envejecimiento de la población, nos incita a pensar que es necesaria una revisión de nuestro déficit estructural -entendido como el déficit eliminando los factores cíclicos de la economía- el cual, según estimaciones de la AIRreF, de no aplicarse ninguna medida reguladora alcanzaría cifras próximas al 4% en 2025".
José Emilio Boscá, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Valencia, e investigador asociado de Fedea, señaló que en la eurozona la deuda privada (hogares y empresas no financieras) ha permanecido muy estable, en torno al 80% del PIB desde la crisis financiera. "Sin embargo, la deuda pública ha crecido más de 20 puntos y ese crecimiento se ha concentrado, sobre todo, en tres de las cuatro grandes economías europeas: Italia, Francia y España, donde el crecimiento ha sido de 38, 47 y 76 puntos de PIB entre 2007 y 2022. Alemania, por su parte, mantiene niveles de deuda pública solo dos puntos por encima de los de 2007".
Para él, "a la vista de esta evolución, y del hecho de que los déficits públicos continúan en la actualidad por encima del 2% en muchos países de la zona euro, y que el servicio de la deuda va a crecer en los próximos años, parece innegable que Europa necesita acometer un proceso de consolidación fiscal que le permita ganar espacio fiscal para futuras crisis y evitar posibles problemas de sostenibilidad".
Salvador Guillermo, director de Estudios de Economía de Foment del Treball Nacional, se refirió a los Presupuestos Generales del Estado para el 2024, destacando "su importancia desde el punto de vista político al ser los primeros presupuestos de la legislatura, de ahí que la presión para su aprobación va a ser más elevada".
