El nivel de gasto público externalizado de España a través de la colaboración pública-privada es un 27,6% inferior al promedio de las economías avanzadas de la Unión Europea (UE), así como de la media comunitaria y la (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), según el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
En un informe que lleva el título de La colaboración público-privada del gasto público en la provisión de servicios públicos, el Instituto adjudica a España un índice de externalización de 89,5, frente a la media de la UE de 117,1, y muy por debajo de los países que encabezan la lista, que son Países Bajos y Alemania, con 176,5 y 156,3, respectivamente.
El estudio apunta que resulta destacable que aquellos países que optan por externalizar de manera más extensa su sector público son también los que exhiben niveles más elevados de eficiencia en sus gastos. Para ofrecer una visión integral sobre la relación entre externalización y eficiencia, se ha desarrollado el Índice IEE de outsourcing del gasto público y se ha vinculado con el índice del IEE sobre eficiencia del gasto público.
Asimismo, según el análisis del los economistas, los resultados revelan una correlación positiva entre ambas variables en el conjunto primordial de países desarrollados. "En el contexto actual, esta relación cobra una relevancia especial debido a la situación de las finanzas públicas, caracterizada por niveles sustanciales de déficit y deuda pública", remarca el texto.
"La evidencia empírica señala que la externalización de funciones y servicios del sector público contribuye a una mayor competitividad mediante la especialización, la reducción de costos y la adquisición de conocimientos técnicos del sector privado", se añade en el estudio de IEE.
En el documento se explica que, por ejemplo en el ámbito sanitario, esta fórmula de contratación no solo mejora el acceso, la provisión y la calidad de los servicios de salud, sino que también tiene un impacto positivo en la competitividad. "De hecho, a partir de los estudios sobre competitividad regional realizados por la Comisión Europea en 2022 y el índice de outsourcing del IEE se constata que existe una relación positiva entre la competitividad en el ámbito de la salud y el grado de utilización de la externalización en el gasto público por parte de las Comunidades Autónomas".
Ahorros importantes
El informe sostiene que la externalización hacia el sector privado en la prestación de servicios públicos genera ahorros para las administraciones de diversas maneras. "En primer lugar, reduce las asimetrías de información resultantes de posibles malas prácticas por parte del gestor público. Además, la externalización introduce criterios de eficiencia del sector privado, aprovechando economías de escala y trasladando costos fijos al proveedor".
"Esta estrategia", precisa el informe, "no solo logra costos más competitivos, sino que también fomenta la innovación y mejora la calidad de los servicios". Y añade: "En este sentido, para lograr ahorros mediante la externalización de servicios públicos, es necesario un análisis coste-beneficio adecuado que informe sobre los factores indispensables para la subcontratación por parte de los gestores públicos".
Los autores del estudio recuerdan que en el ámbito internacional diversas economías avanzadas han incorporado la externalización en años recientes como una herramienta esencial, respaldada por instituciones, para abordar desafíos y capitalizar oportunidades en sectores como infraestructuras, energía, salud y educación.
El IEE destaca en su informe que el grado de adopción de la colaboración público-privada varía significativamente entre países, lo cual puede atribuirse a factores económicos, fiscales y políticos; como las diferencias en la estructura económica y sectorial, el nivel de competencia en sus mercados, la descentralización de sus administraciones, la salud de sus finanzas públicas, y el grado de especialización necesaria tanto en el sector privado como en la administración para reducir los posibles costos de transacción.
En este sentido se recuerda que "tanto la Comisión Europea como la OCDE han promovido de manera activa la adopción de la subcontratación por parte de los gobiernos europeos como método para ofrecer servicios, respaldando explícitamente la expansión de las políticas de subcontratación entre sus miembros".
Entre las economías más avanzadas, apunta el informe, son los países europeos, especialmente los del centro y norte, quienes lideran en gasto público externalizado, mientras que nuestro país se equipara con las economías del sur y este del Continente.
En relación con la economía española, revela el estudio, el grado de externalización en proporción al consumo final de las Administraciones Públicas ha permanecido estancado en niveles cercanos al 42%. En este contexto, el outsourcing en España ha perdido relevancia en comparación con la evolución de nuestros socios en la (Unión Económica y Monetaria (UEM). De hecho, en 2022, solo Chipre y Lituania mostraron un menor uso de la colaboración público-privada en el ámbito de los servicios públicos que nuestra economía.
Finalmente, el informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos considera que "para que los impactos de la colaboración público-privada en el ámbito de los servicios sean integrales, es esencial que esta práctica se implemente de manera generalizada en todos los ámbitos y niveles de las Administraciones". Además, puntualizan en este organismo, "se requiere contar con los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo dicha extensión.
Regulación favorable
Para evitar posibles costes asociados y para que este modelo de contratación sea eficiente, en el Instituto de Estudios Económicos abogan por fomentar la extensión de buenas prácticas y diseñar un marco regulatorio que favorezca el desarrollo de la externalización, generando previsibilidad, concurrencia competitiva, transparencia e igualdad.
Este organismo concluye que en España la externalización de los servicios públicos ha experimentado una disminución en su relevancia en los últimos años. Por lo tanto, considera que optar por fórmulas de colaboración público-privada, mediante el diseño de un marco regulatorio apropiado, se presenta como una opción beneficiosa, ya que tendría un impacto positivo en la eficiencia y en alcanzar un ahorro de costes del gasto público.
