Economía

El Gobierno pospone a 2024 la ley que endurece el periodo de prueba y limita la exclusividad laboral

  • La transposición de la directiva europea agotó el plazo en agosto de 2022 
  • Busca propiciar unas condiciones laborales transparentes y previsibles 
  • CCOO elevará a Europa la queja por la tardanza del Gobierno 

Tampoco pudo ser en el último Consejo de Ministros del año. La norma que el Gobierno debe a Bruselas desde agosto de 2022 para promover unas condiciones laborales transparentes y dotar al trabajador de mayor previsibilidad en todo lo referente a su contrato de trabajo, jornada laboral y funciones, no llegará hasta 2024, según han confirmado fuentes del Ministerio en el Trabajo, y seguirá algunas semanas en el cajón en el que lleva varios meses.

La Directiva (UE) 2019/1152 de 20 de junio de 2019 relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea otorga a los trabajadores, entre otros, el derecho a una información más completa sobre aspectos esenciales de su trabajo (tareas, lugar de trabajo o remuneración) que deberán recibir a su debido tiempo y por escrito; a la no exclusividad, es decir, podrán aceptar otro empleo solapando ambos trabajos (salvo incompatibilidad); a ser informados con antelación de las jornadas laborales (especialmente en el caso de contratos parciales con horarios imprevisibles o bajo demanda); y a tener períodos de prueba de máximo seis meses al comienzo del empleo, e inexistentes en los contratos de muy corta duración, mermando la negociación por convenio.

El plazo para transponer la norma europea se agotó el 1 de agosto de 2022. En junio, la Comisión Europea mandó su segundo aviso a España, Grecia y Luxemburgo (el primero fue en septiembre de 2022 y alcanzó a 18 países) ante la tardanza del Gobierno en incorporar la normativa de transparencia laboral, y dio dos meses al Gobierno para notificar las medidas a adoptar que también se incumplieron. El siguiente paso en la hoja de ruta del Ejecutivo comunitario apuntaría al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Lo cierto es que el Ministerio de Trabajo contaba con un borrador de anteproyecto de Ley que fue sometido a consultas de patronal y sindicatos e llegó a tener el visto bueno del Consejo Económico y Social en octubre de 2022 pero su puesta en marcha se vio paralizada ese año y las elecciones de 2023 obligaron a Sumar a llevarlo en el programa electoral del 23 de julio. Los intentos por llevarlo a alguno de los dos últimos Consejos de Ministros del año tampoco se han materializado, dejando esta como otra tarea pendiente de la cartera que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para el próximo año.

CCOO elevará la queja a instancias a Europa

Los sindicatos han mostrado una vez más su descontento con la tardanza en la transposición de la norma europea. En un comunicado publicado este jueves, CCOO explica que a pesar de que se había tratado en el ámbito del diálogo social hace más de año, su aprobación se ha ido posponiendo "sin justificación alguna", con la consiguiente merma de derechos laborales exigidos por la UE para todas las personas trabajadoras, denuncian. Así, procederá a denunciar el incumplimiento de España "en todas las instancias, incluidas las comunitarias", y a exigir la aplicación directa de la Directiva a las relaciones laborales en España, "lo que sin duda incrementará la litigiosidad".

Según indican en el texto difundido, "es difícil de comprender el silencio que mantiene el Gobierno acerca de esta directiva y nadie explica a que obedece el incumplimiento de su transposición". Apuntan a las patronales, que son las únicas que "se han opuesto, pero parece que cuentan con derecho de veto en las decisiones del Consejo de Ministros".

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