Sin nueva reunión a la vista, la propuesta de elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 4% que puso sobre la mesa de negociación el Ministerio de Trabajo en la última cita podría sentar una base sólida para el acuerdo si la patronal acepta el alza. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha indicado este jueves que si la CEOE accede a que la renta mínima alcance los 1.123 euros en 2024, "estaremos en condiciones de poder cerrar el acuerdo". Sin embargo, el rechazo de la patronal llevará a los representantes de los trabajadores a exigir más al Gobierno.
"No es lo mismo un salario mínimo pactado con la CEOE, que tendrá un desarrollo muy positivo, que no pactado, que siempre es más complicado de aplicar", ha explicado Álvarez en declaraciones a los medios. El 'sí' de la patronal, analiza el líder sindical, supondría "mantener su palabra" ya que su oferta pasaba por una subida del 3% en 2024 que estaba abierta a un 1% adicional en función de la inflación.
La posición de Álvarez rebaja la pretensión expuesta desde UGT en las últimas semanas, que aspiraba a una renta mínima cercana a los 1.200 euros y se alinea más con la de CCOO, aunque también se queda por debajo del 5% anhelado por los de Unai Sordo y que no estaban dispuestos a renunciar.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confía en encontrar el acuerdo en el término medio de las propuestas de CEOE y CCOO, sin embargo, de no haber entendimiento, el Gobierno puede fijar de manera unilateral la subida del SMI para el próximo año, aunque la pretensión de Díaz siempre ha sido la de abordar el alza desde el consenso. En las dos últimas ocasiones, la revalorización del SMI no ha contado con el apoyo de los representantes de los empresarios por considerarla una carga excesiva para los empleadores en plena incertidumbre económica.
Los agentes sociales se alinean para indexar el SMI a los contratos públicos
En lo que hay pleno acuerdo entre patronal y sindicatos es en indexar el SMI a los contratos públicos. Según ha recordado el dirigente de UGT, la medida "tiene todo el sentido". A este respecto, ha matizado que "no es una reivindicación sólo empresarial, también lo es sindical porque en la medida en que no se haga, va a ser muy difícil que luego los trabajadores no sean los paganos. En una contrata, cuando se aprieta a las empresas, las empresas no suelen rebajar beneficio, lo que suelen rebajar son las condiciones de los trabajadores".
Sin embargo, Hacienda lo rechaza porque, en palabras de la vicepresidenta cuarta y ministra de esa cartera, María Jesús Montero, "no parece lógico que recaiga sobre cuentas públicas". Álvarez ha advertido al Gobierno que UGT planteará un debate sobre esta cuestión "aunque sea con un calendario durante la legislatura", porque "hay que ingresar a las contratas los costes que se producen como consecuencia de la negociación colectiva o como consecuencia de la subida de los salarios en los convenios".