España y Grecia tienen las pensiones públicas más 'generosas' de las economías desarrolladas

La OCDE publica su ya clásico informe bianual sobre pensiones ('OECD Pensions at a Glance') en la edición de 2023. El informe destaca a dos economías del sur de europa que coinciden en un importante punto: España y Grecia son los países desarrollados con el sistema público de pensiones más 'generoso'. La tasa de reemplazo mide la cuantía de la pensión media respecto al salario medio en la etapa activa del trabajador, y en el caso del sistema español y el heleno supera el 80%. La última reforma de José Luis Escrivá, que elimina herramientas de recorte del gasto y recupera la indexación al IPC, con una mejora adicional en las prestaciones más bajas del sistema y los complementos por brecha de género.

Especialmente prominente es el caso griego, cuyo primer pilar otorga una prestación por valor del 94% del salario medio. Por su parte, esta tasa roza el 60% para la media de los países de la Unión Europea y la OCDE coloca la ratio en el entorno del 56%. Las diferencias, además de una menor generosidad del sistema público, se debe a que otros países apoyan las pensiones sobre los planes de pensiones de empleo o los individuales.

Este indicador es clave para entender como funciona un sistema de pensiones. En el caso español y griego, la renta de las personas tras su retiro se sustituye elementalmente a través de la prestación definida que abona la Seguridad Social. Es más, en España el ahorro en segundo pilar (planes de pensiones de empleo, a nivel colectivo) y el tercero (planes individuales) apenas tiene peso sobre el PIB en comparativa con el resto de grandes economías.

Por tanto, la economía de los jubilados se apoya básicamente en la parte pública. España ha vivido un gran proceso reformista liderado por el antiguo ministro, José Luis Escrivá, de la mano de la Comisión Europea. Este paquete de medidas ha eliminado el Factor de Sostenibilidad, que ajustaba la prestación inicial y edad de retiro en base a la esperanza de vida y, en resumen, implicaba una racionalización del gasto recortando pensiones.

Junto con la indexación de las prestaciones a la inflación, la mejora de las pagas más bajas del sistema, el complemento por brecha de género y la protección adicional a las carreras largas de cotización con las nuevas fórmulas para calcular la pensión (periodo de cómputo), la generosidad del sistema incrementa hasta siete puntos y la pensión media alcanza el 80% del salario medio, todo en términos brutos. Porque en términos netos -tras impuestos-, la propia OCDE ya calculó que la 'reforma Escrivá' mejoró nueve puntos (89,2%) esta ratio entre pensión y salario medio.

Un desajuste a largo plazo

Estas advertencias no son una novedad en los documentos que elabora el club de las economías desarrolladas. En sus últimas previsiones macroeconómicas ya pidió un ajuste en materia de pensiones ante la avalancha de gasto y retiros que se avecina por la numerosa generación del 'baby boom'. Aunque la OCDE admite que España está haciendo esfuerzos para reducir el déficit y la deuda pública, "se necesita una consolidación fiscal más fuerte y sostenida para mantener la deuda en una senda descendente y crear espacio para el gasto relacionado con el envejecimiento y que impulse el crecimiento", advierte el documento.

La institución cita directamente al supervisor fiscal español, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), al realizar un balance sobre los cambios legislativos más recientes. En marzo, la AIReF publicó su opinión valorando la reforma de Escrivá y su impacto hasta mitad de siglo. Ahora, la OCDE recoge esa advertencia y señala que el desglose de obligaciones en pensiones duplicará a los ingresos generados por las nuevas medidas. El resultado es un déficit adicional por valor del 1,1% del PIB.

El gasto, impulsado principalmente por la revalorización de todas las pensiones con la inflación media, subirá 2,4 puntos. Por su parte, el mayor (e insuficiente) esfuerzo en cotizaciones a coste de los trabajadores y las empresas será de 1,3 puntos a mitad de siglo. "La reforma empeora la sostenibilidad porque aumenta el déficit", sentenciaba entonces la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero.