Valencia
El primer Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que participa el Gobierno del popular Carlos Mazón ha seguido el guión previsto del enfrentamiento entre la Generalitat Valenciana, con el resto de autonomías gobernadas por el PP, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, salvo por una pequeña sorpresa que trastoca los presupuestos autonómicos para 2024. Las cifras de las entregas a cuenta y la liquidación que el Ministerio presentó son inferiores a las que había estimado la Airef y en las que se basó la Generalitat para elaborar sus cuentas, después de semanas solicitando la información.
En concreto, ese dinero que las cuentas autonómicas prevén recibir del Estado el próximo año por ambos conceptos se reduce en cerca de 260 millones de euros. Una situación que ha provocado que la consellera de Hacienda, Ruth Merino, haya solicitado al Ministerio de Hacienda una aclaración sobre el cálculo de estas cantidades, fundamentalmente porque en el resto de las comunidades autónomas, salvo en el caso también de Murcia, no existen diferencias con las estimaciones de la Airef, según explican desde el Gobierno valenciano.
Según la información facilitada por el Ministerio, la Comunidad Valenciana contará el próximo año con 12.555 millones de euros en concepto de entregas a cuenta y con 2.699 millones por la liquidación definitiva del ejercicio 2022. Aunque la diferencia por importe no pueda parecer significativa, lo cierto es que se suma al malestar del Gobierno autonómico que presentó el anteproyecto de presupuestos como marca la normativa antes del 31 de octubre y para ello tuvo que basarse en las estimaciones pese a haber reclamado los cálculos a Hacienda con antelación. Además hay que tener en cuenta el efecto también que supondrá aplicar un objetivo del déficit del 0,1%, como aprobó el CPFF, frente al 0,3% en que se basó el Consell.
En la reunión, la consellera valenciana ha reclamado la reactivación inmediata de la reforma del sistema de financiación autonómica en la reunión en la que también ha solicitado al Gobierno que habilite un fondo transitorio que permita a las regiones infrafinanciadas como la Comunitat Valenciana recibir los recursos necesarios para igualarse al menos a la media de CC.AA. de régimen común mientras se aprueba una nueva Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Durante su intervención, Merino ha lamentado que el Gobierno haya reducido esta reunión del CPFF a un mero "trámite" para informar de los objetivos globales de estabilidad para la Administración General y las CC.AA. sin haber previsto en el orden del día la reforma pendiente del sistema de financiación. En el turno de ruegos y preguntas cuando la consellera de Hacienda ha vuelto a reclamar el cambio en un modelo de financiación que durante las últimas dos décadas ha mantenido a los valencianos alrededor de ocho puntos por debajo de la media de comunidades en términos de financiación por habitante.
"No podemos estar más tiempo callados ante la injusticia que supone ser castigados por este sistema de financiación caducado desde hace casi una década y que nos mantiene infrafinanciados durante los últimos veinte años", ha manifestado Ruth Merino. Por ello, ha asegurado que reformar el sistema de financiación autonómica es "indiscutible, urgente y prioritario" y ha pedido que se garantice la "igualdad" de todos los españoles en el acceso a unos servicios públicos de calidad, algo que, con el sistema de financiación actual, "no se está consiguiendo desde hace muchísimo tiempo".
Fondo transitorio de nivelación
Además, Merino también ha exigido que, mientras no se ponga en marcha la reforma del sistema de financiación, se le proporcione a la Comunitat Valenciana un fondo transitorio de nivelación "que equipare a los ciudadanos de la Comunitat al resto de los ciudadanos de España".
Para Merino, la ausencia de Cataluña en el CPFF es "la evidencia de lo que está ocurriendo" y responde a una "indignante hoja de ruta" que consiste en abrir una negociación bilateral que "rompe el principio de igualdad entre todos los españoles en temas tan importantes como la financiación, detrás de la cual está el bienestar de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos fundamentales", que deben tratarse en un foro multilateral como el CPFF.
En contra del déficit del 0,1%
En el consejo la Comunidad Valenciana, junto a todas las demás C –excepto Asturias y Castilla-La Mancha, gobernadas por los socialistas y que han votado a favor junto al Gobierno– ha votado en contra del objetivo de déficit del 0,1% planteado por el Ministerio para el conjunto de las CC.AA. porque supone concentrar sobre las autonomías la mayor parte del esfuerzo que España tendrá que realizar para reducir al déficit del conjunto de las Administraciones Públicas al 3% el próximo año.
A pesar del posicionamiento mayoritario de las autonomías en contra de limitar el déficit del conjunto de las CC.AA. al 0,1%, el Ministerio de Hacienda ha impuesto su mayoría de voto en el CPFF para aprobar un límite de déficit del 0,1% para el próximo año. En una próxima reunión del CPFF se deberán aprobar los objetivos de déficit individuales para cada una de las comunidades.
Merino ha criticado que, a la hora de determinar cómo se reparte el esfuerzo de reducción del déficit, el Gobierno central no haya tenido en cuenta la posición de partida de las CC.AA. y que el Estado se haya reservado el 97% del déficit autorizado. Esta circunstancia obliga al conjunto de las CC.AA. de régimen común a cerrar el ejercicio con un déficit de 0,1% sobre el PIB, a pesar de que gestionan el 35% del gasto total, y ha defendido la elevación del déficit autorizado para 2024 hasta el 0,3%, el mismo establecido como nivel de referencia en los Presupuestos Generales de 2023.
