Valencia
Una de las grandes medidas anunciadas por Ximo Puig como presidente de la Generalitat Valenciana antes de la pasada campaña electoral autonómica fue la creación de un bono para la compra de alimentos dirigido a las familias valencianas con menos ingresos. Una iniciativa mediática para hacer frente a la inflación en los productos básicos de la cesta de la compra en plena polémica entre parte del Gobierno y las firmas de distribución.
Para hacer efectiva esas ayudas tras varios meses de anuncios, finalmente se creó una tarjeta prepago de 90 euros que podían solicitar familias de escasos recursos. El proyecto estrella puesto en marcha poco antes de la cita con las urnas contemplaba en total 48,44 millones de euros de presupuesto, con los que se preveía beneficiar a 500.000 personas según se anunció en su presentación a finales del pasado mes de marzo.
Pese a que el bono fue presentado por todo lo alto como una de las grandes medidas para combatir la inflación, su alcance real ha sido mucho menor de lo que entonces se anunció. Finalmente, se presentaron 140.869 solicitudes, de las que se concedieron un total 100.341 según los últimos datos de la propia Agencia Tributaria Valenciana, que fue el organismo elegido para gestionar este bono.
Las cifras desveladas por la Generalitat Valenciana muestran que apenas quedan pendientes de resolver 152 peticiones que por posibles errores u otros problemas están en revisión, mientras que el resto han sido denegadas por no cumplir algunas de las condiciones o por estar duplicadas. Es decir, al final se han beneficiado del mediático bono poco más del 20% de las familias previstas, una quinta parte de lo que se dijo en su momento.
El dinero gastado
La cantidad final destinada por la Generalitat a este "alivio en la cesta de la compra" como se vendió en su día no llegará a 10 millones de euros, frente a los 48,44 millones de euros previstos, por lo que no será necesario ampliar el crédito inicialmente reservado para esta iniciativa, que precisamente fue de 10 millones de euros. Es decir, que apenas dos de cada diez euros que la iniciativa preveía se han materializado de forma efectiva.
En total con la tarjeta prepago que se empezó a solicitar y distribuir el pasado mes de abril ya se han pagado 7,69 millones y se han registrado más de 388.000 transacciones en comercios de alimentación. Según explican desde Hacienda, la diferencia hasta esos cerca de 10 millones de euros que se computan aún está disponible todavía en las tarjetas prepago para que lo utilicen, ya que desde su emisión tenían un plazo de cuatro meses hasta que caduquen.
Entre los motivos del pinchazo de este bono cesta se encuentran los requisitos que se exigían, en principio para garantizar su accesos a colectivos vulnerables pero que también excluían a quienes recibían pensiones públicas de jubilación y viudedad, por ejemplo.
No fue la única letra pequeña que modificó lo que en principio se había anunciado que se estaba negociando. Las semanas previas a su presentación Puig había señalado que el bono implicaría a las empresas de distribución, como ocurría en Francia donde las cadenas fijaron descuentos en ciertos productos, lo cierto es que la totalidad del bono fue asumido por la Generalitat.
Aunque el presidente socialista realizó el acto de presentación con varias empresas del sector que se presentaron como colaboradoras, lo cierto es que su aportación al final se limitó a donar alimentos a ONGs al margen del bono, similares a las que la mayoría de ellas ya vienen realizando desde hace años.
Según explicaron fuentes empresariales, la idea de que además de la aportación pública se pudiese reflejar un descuento en los precio por parte de las empresas era difícil de encajar legalmente y podía chocar con problemas de competencia. De hecho, la tarjeta prepago finalmente se podía utilizar en cualquier comercio de alimentacion, supermercado o hipermercado, y no sólo en los de las cadenas colaboradoras como también se había dado a entender inicialmente.