La permanencia de la tasa a las empresas energéticas, creada ad hoc con motivo de la crisis inflacionista iniciada en 2022, no es el único cambio que el pacto PSOE-Sumar prevé para este sector. El acuerdo para reeditar el Gobierno de coalición incluye la promesa de duplicar los beneficiarios del bono social eléctrico de 1,5 a 3 millones de personas, así como la creación de un nuevo regulador energético que se llamaría Comisión Nacional de Energía, lo que supondría desgajar el actual diseño de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En este contexto, ambas formaciones prometen revisar y desplegar la estrategia contra la pobreza energética, reforzando para ello los instrumentos de protección a los consumidores vulnerables. En el marco de esta estrategia, los agentes competentes en materia de servicios sociales y consumo, en colaboración con las entidades sociales, llevarían a cabo "los planes necesarios con el objetivo de, al menos, duplicar el número de hogares acogidos al bono social eléctrico".
En la presentación del acuerdo, la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha detallado que la cifra de beneficiados de esta factura más asequible pasaría de 1,5 a 3 millones de personas.
Asimismo, PSOE y Sumar se han comprometido a implantar una Comisión Nacional de la Energía, que haría las veces de regulador especializado en el sector.
Este organismo ya existió entre 1995 y 2013, año en el que se integró en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dentro de la reforma acometida por el Gobierno de Mariano Rajoy. La entidad, que también se conocía como Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, se encargaba de velar por la competencia efectiva en los sistemas energéticos y la transparencia de su funcionamiento en beneficio de los consumidores.
"Modernizar la regulación"
La intención de PSOE y Sumar es ahora retomar esta entidad pero con el foco puesto en modernizar la regulación para preparar el sistema energético para el objetivo de la neutralidad climática. También se reforzarían las capacidades de inspección y seguimiento del cumplimiento de la normativa energética por parte del conjunto de actores.
Pero el acuerdo de coalición también pone en el punto de mira la transición energética, de manera que los dos partidos se han comprometido a revisar los compromisos climáticos marcados en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para aumentar su ambición.
De este modo, España realizaría la contribución que le corresponda para cumplir con el objetivo de un 55% de reducción de emisiones en 2030 y alcanzar en dicha fecha el 48% de energía renovable sobre el uso final de la energía, un 81% de energía renovable en la generación de electricidad y presentar emisiones netas nulas en 2050.
En esta línea, los dos partidos quieren impulsar las energías renovables mediante la simplificación y agilización de los trámites preservando la protección e integración ambiental, patrimonial, social y territorial y promover las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo.
