Valencia
El nuevo Gobierno valenciano de Carlos Mazón ha cerrado la estructura definitiva de la cúpula de la Administración con una notable reducción de los asesores nombrados por los responsables de cada Conselleria. El número de asesores pasará en su conjunto de los 116 del anterior Ejecutivo de coalición de izquierdas a 61 con el de PP y Vox. Es decir, 55 menos.
Según las cifras anunciadas esta mañana por la portavoz y consellera de Hacienda, Ruth Merino, esta reducción del 47% en el número de asesores que nombra cada conseller supondrá un ahorro de 13,2 millones de euros durante los cuatro años de legislatura para las arcas autonómicas.
Además, ese recorte se suma al menor número de altos cargos en el nuevo organigrama de la Generalitat tras la llegada de Mazón, que incluye 121 secretarios, subsecretarios y directores generales menos que en el anterior del socialista Ximo Puig, y que según Merino supone un recorte de otros 7 millones de euros durante la legislatura.
Menos "grasa política"
Esta reducción de "grasa política", como la han definido tanto el propio Mazón como la consellera de Hacienda, supone en total un ahorro de 20,2 millones de euros para la Generalitat Valenciana durante los próximos cuatro años. Merino defendió que esta reducción de los asesores no supondrá una merma de la eficiencia de la Administración valenciana por falta de personal, y defendió que entre los funcionarios autonómicos hay valía suficiente para asumir responsabilidades, más haya de la falta de plantilla por la infrafinanciación.
Precisamente el número de asesores nombrados por parte de los anteriores socios del Botànic -socialistas, Compromís y Podemos- había sido duramente criticado por el PP y Vox cuando estaban en la oposición.
Sucesiones y ley de acompañamiento
Además, en el Pleno del Consell se ha dado luz verde al proyecto de ley que permitirá aplicar la bonificación del 99% sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y al anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat de 2024 -conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos-, que también recoge nuevas deducciones en el tramo autonómico del IRPF y cambios en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
Ahora ambos tendrán que pasar por el parlamento autonómico, que deberá refrendarlos. Algo para lo que en principio el Gobierno no tendrá problemas ya que la suma de los votos de PP y Vox garantiza la mayoría.
