Valencia
La elaboración de los presupuestos valencianos cada ejercicio supone un auténtico encaje de bolillos en que cuadrar el coste de unos servicios públicos en una región con cada vez más población con unos ingresos marcados por una financiación autonómica que la coloca a la cola en recursos. A esa dificultad hay que añadir en el caso de los últimos Gobiernos de coalición las dificultades de satisfacer a todos los socios y sus parcelas de poder.
En el caso de las que serán las primeras cuentas del popular Carlos Mazón como presidente y su coalición con Vox a ello se suman las urgencias para cumplir con los plazos de un nuevo Gobierno formado hace apenas dos meses y que aún está dando los retoques finales a su organigrama. Un reto para el que, además, ya arranca de inicio con un recorte respecto a los ingresos de partida de años anteriores. En concreto, la Generalitat no podrá incluir cerca de 1.700 millones de euros, que si se consignaron en los últimos del Botànic de Ximo Puig. Unos presupuestos que superaron los 30.000 millones de euros consolidados.
Para empezar la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha dejado claro que las cuentas autonómicas no incluirán la bautizada como "partida reivindicativa". Será la primera vez en ocho años que no se refleje ese concepto, que se basa en la estimación de los ingresos que recibiría la Comunidad Valenciana si su financiación fuera similar a la media del resto de comunidades autónomas en función de su población.
Una partida ficticia, porque ese dinero nunca ha estado comprometida por el Estado, y por tanto, incluirla como ingreso es irreal. Pese a ello, se ha convertido en una figura recurrente en los presupuestos valencianos durante las dos legislaturas del Botànic. En 2014 y 2015 los Gobiernos del PP también recurrieron a hinchar ingresos con partidas más que dudosas.
En los presupuestos valencianos de 2023 en el capítulo de ingresos se incluyeron un total de 1.336 millones de euros bajo este concepto. La propia consellera de Hacienda prometió en su primera comparecencia en el parlamento autonómico "unos presupuestos reales, y no ficticios" en clara alusión a que dejará de usar esa fórmula que criticaba el PP en la oposición.
Rebajas fiscales
La propia Merino calificó de "desafío" elaborar las cuentas de 2024 en un escenario de incertidumbres agravado por el hecho de que el Gobierno en funciones no ha proporcionado la información básica sobre la liquidación del ejercicio 2022. Si esos números, el Consell de coalición de PP y Vox está obligado a a confeccionar sus presupuestos basándose "en estimaciones de ingresos".
Precisamente la disfunción temporal entre ingresos y gastos, al tomarse como base los de ejercicios anteriores puede aliviar en cierta manera el otro motivo por el que el nuevo Consell cuenta con menos ingresos de partida: las rebajas fiscales que Mazón ha querido tramitar con más urgencia para que tengan efectos en la recaudación de 2024. Esas medidas suman un impacto estimado de 365 millones de euros en las arcas de la Generalitat.
En esos recortes de la recaudación de impuestos se incluyen la bonificación del 99% para familiares directos en Sucesiones y Donaciones, que además tomará como fecha de entrada en vigor el 28 de mayo de 2023 con lo que también restará recaudación del ejercicio en curso. También se sumarán las nuevas deducciones en la Renta y la reducción para jóvenes y colectivos desfavorecidos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por la compra de viviendas de segunda mano.
Por el lado del gasto, el nuevo Gobierno niega recortes en servicios públicos, pero sí que habla de racionalización y eficiencia aunque sin cuantificarla. Lo que si que está claro es que el dinero a destinar para pagar la deuda autonómica, que este año se sitúa en 6.607 millones de euros, seguirá al alza después de la continua subida de los tipos. La consellera ya ha advertido del "espectacular coste por intereses que vamos a tener que soportar en los próximos años" en una autonomía cuyo déficit en 2022 se situó en 3.847 millones de euros y con una deuda que supera los 55.000 millones y es la mayor por porcentaje del PIB.
