Las entidades locales han ocultado contratos públicos por valor de 2.400 millones, según un informe del Tribunal de Cuentas (TC) elaborado ahora sobre los datos de 2021. Ayuntamientos, diputaciones o cabildos están obligados a presentar toda la información sobre los contratos al Tribunal o, en su defecto, al Órgano de Control Externo de cada autonomía para su fiscalización en el plazo de tres meses, pero muchos no lo han hecho.
Se debe hacer siempre que el contrato supere los 600.000 euros, tratándose de obras, gestión de servicios públicos y acuerdos de colaboración público-privada; los 450.000 euros en suministros y los 150.000 en servicios. Sin embargo, en 2021 se registraron 3.756 contratos por valor de 6.880 millones de euros y de ellos no se remitió la documentación del 47,6%, es decir de 1.791, como exige la ley.
Si se desglosa por tipo de contratos, hay 1.119 de servicios con un importe de adjudicación de más de 150.000 euros que no fueron remitidos con un valor total de 1.281 millones de euros. A ellos hay que sumar otros 430 expedientes de obras por un importe de otros 753 millones, "que debieron haberse enviado" y que tampoco se hizo.
Por lo que respecta a las entidades, los ayuntamientos encabezan el ranking, ya que no han entregado la información de 1.436 contratos, siendo los organismos que más han incumplido la obligación de enviar la documentación. El 37% no lo ha hecho y otro 19% lo hizo fuera de plazo. Le siguen de cerca las diputaciones provinciales, con 182 contratos sin declarar, y los consejos insulares, con 82.
Algo similar ocurre con los convenios. Solo el 39% de las entidades locales aportó al TC toda la información necesaria, o lo que es lo mismo 8.636 organismos no cumplieron con su obligación. El informe alega que hay un total de 460 expedientes por importe de 2.378,15 millones de euros que no fueron remitidos al Tribunal de Cuentas, "incumpliéndose la obligación de información prevista en el artículo 53 de la LRJSP (Ley del Régimen Jurídico del Sector Público)".
Convenios públicos
En este caso, vuelven a ser los ayuntamientos los que menos convenios han remitido correctamente. El 58% no ha enviado la documentación y el 16% lo ha hecho fuera de plazo. Los ayuntamientos ocultaron 231 convenios que acordaron en 2021, seguidos de cerca, nuevamente, por las diputaciones provinciales con 116. Por comunidades autónomas, destacan, "las entidades locales de Canarias, por los convenios con compromisos económicos superiores a los 600.000 euros y de los que no habían remitido los expedientes preceptivos, representando un 15% del total", destaca el informe del Tribunal de Cuentas.
Asimismo, hay 3.612 entidades que todavía no han presentado las cuentas anuales de alguno o varios ejercicios comprendidos entre 2019 y 2021. Pero es que además "seis entidades de municipios de más de 50.000 habitantes, todos ellos situados en la comunidad autónoma de Andalucía, no habían rendido cuentas de, al menos, los tres últimos ejercicios". Estos ayuntamiento son en la provincia de Cádiz el de El Puerto de Santa María, que no rinde cuentas desde 2015; en la de Málaga, el de Marbella, desde 2019; el de Mijas, desde 2014; el de Vélez-Málaga, desde 2016 y el de Torremolinos, desde 2017 y en la de Sevilla, el de Utrera, también desde 2017.
Ante este panorama, el TC ha tomado cartas en el asunto y ha llevado a cabo acciones para promover la rendición de cuentas general y que las entidades locales cumplan con sus obligaciones informativas. El Tribunal advierte asimismo que "la prohibición de acceder a subvenciones o ayudas públicas a las entidades que no se hallen al corriente con sus cuentas o la retención es la medida más efectiva para lograr implantar una cultura de rendición de cuentas".
Incoherencia en las cuentas
Pero ya no solo es que haya entidades locales que no presenten sus cuentes, sino también que hay organismo que presentan sus balances anuales con incoherencias. Así, del total de entidades, en 2021 hubo 22 entidades locales, entre las que destacan, por su cuantía, las de los Ayuntamientos de Vera (Almería), Lloret de Mar (Girona), Alcobendas (Madrid) y Sagunto (Valencia) que presentaban incoherencias en sus cuentas, según puntualiza el Tribunal de Cuentas en el documento.
En general, la nota positiva es tendencia de las entidades locales a reducir su endeudamiento, excepto en las agrupaciones de municipios, las áreas metropolitanas, los cabildos y, en menor medida, las comarcas. Es el caso por ejemplo del área metropolitana de Barcelona con una deuda de 167 millones en 2021 o el Consell Insular de Mallorca con 127 millones. Según apunta el Tribunal, "el mayor volumen de endeudamiento correspondía al Ayuntamiento de Madrid, con un saldo de 2.372 millones, y al de Barcelona, con 1.039 millones, cifras que representaban el 47 % y el 36 %, respectivamente, de sus ingresos corrientes".