Bruselas
El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha advertido este jueves de que uno de los principales riesgos para la financiación europea radica en la falta de digitalización de los procesos. En un informe hecho público este jueves, los auditores de la UE apuntan que la diversidad de sistemas informáticos que utilizan los países para monitorizar la gestión de los fondos europeos repercute sobre la transparencia de los destinatarios.
Según ha indicado en su análisis el organismo con sede en Luxemburgo, tanto la Comisión Europea como otras instituciones responsables de la gestión de los fondos europeos afrontan desafíos en lo que respecta a la digitalización.
Aunque se han implementado mejoras, la diversidad de los sistemas informáticos y bases de datos que utilizan las instituciones de control de los fondos comunitarios, complican su interoperabilidad. Así los auditores de la UE han evidenciado que en la actualidad es imposible hacer pruebas a gran escala, algo que ayudaría a proteger los intereses financieros de la UE y mejorar el control del gasto.
Lo ha explicado la miembro del Tribunal de Cuentas de la UE y responsable del informe, Laima Liucija Andrikien, que ha señalado que "existen muchos sistemas informáticos para gestionar los gastos operativos con cargo al presupuesto de la UE". Además, ha considerado "necesario armonizarlos y simplificarlos para mejorar la interoperabilidad y la transparencia. El hecho de que las normas de la UE no exijan el uso uniforme de herramientas informáticas comunes para proteger el gasto de la UE por parte de todos los Estados miembros y de todos los órganos de gestión dificulta la tarea".
El informe evidencia que si bien el Ejecutivo comunitario ha digitalizado sus sistemas para efectuar los pagos a los países, cada Estado miembro recurre a herramientas informáticas diferentes en la gestión de los fondos de Cohesión y Desarrollo Rural.
Por otro lado, también deja ver que, si bien Bruselas gestiona una plataforma con la información sobre los contratistas y beneficiarios de la financiación, no es posible saber los titulares reales y últimos de los fondos, especialmente en los casos en los que la dotación económica es gestionada por organizaciones asociadas u otras autoridades de dentro o fuera de la UE.
Por este motivo, el Tribunal de Cuentas pone el foco sobre la capacidad de mejora de la transparencia y, en paralelo, en proteger el presupuesto de la UE con la introducción de un identificador único para los contratistas y los beneficiarios de los fondos europeos.
Consideran los auditores de la UE que la información sobre los contratistas y beneficiarios del gasto agrícola y de cohesión está muy fragmentada. Además, dado que el uso de la herramienta para la prospección de datos es opcional, Bruselas ha propuesto convertirla en obligatoria para mejorar la transparencia en la gestión de la financiación comunitaria, aunque no entraría en vigor antes de 2028.
