España es el país con la menor ratio de ofertas de empleo por parado de toda la Unión Europea, apenas un 0,052, es decir 52 vacantes por cada 1000 personas que quieren trabajar y no pueden. El 29% de los empleos ofertados corresponde a las administraciones públicas, lo que supone uno de los umbrales más altos de la Unión Europea y dice mucho de las oportunidades laborales en el país europeo con la mayor tasa de desempleo.
Según los datos de Eurostat, en el segundo trimestre había 2,83 millones de parados, un 11,9% de la población activa, y 146.069 vacantes de empleo, lo que equivale a 9 puestos por cubrir por cada 1.000 empleos existentes (es decir, sobre el total de puestos ocupados más los que están por cubrir) en nuestro país. Pero desde la pandemia, diversos análisis han planteado la pertinencia de combinar ambas métricas para extraer un indicador de las 'oportunidades laborales' de las personas que no tienen empleo.
Y el resultado es demoledor para nuestro país, que combina la mayor tasa de paro y el menor porcentaje de vacante de empleo, como denunció la OCDE hace casi un año. Lo peor es que desde entonces no ha registrado ningún signo de mejora y sigue anclado en una ratio de 0,05, pese a que el debate sobre la falta de mano de obra en diversos sectores ha sido recurrente.
Pero este debate queda fuera de lugar cuando se aprecia que, aplicando la misma metodología para el cálculo de las vacantes de Eurostat, países como Países Bajos, Alemania o República Checa tienen más vacantes que parados. Una discrepancia difícil de explicar si tenemos en cuenta que España es una de las economías con mejores augurios de la UE.
Por lo pronto, los datos del organismo europeo muestran que el 29% de las vacantes corresponde a las Administración Públicas. Un porcentaje que sitúa a España en el mayor nivel de la UE después de Eslovaquia, pero le aleja de las economías como la alemana, donde solo llegan al 22%. Y también de Bélgica, el país con más funcionarios (por la presencia de las instituciones europeas), en el que la demanda de mano de obra se queda en 24% de las vacantes.
Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de funcionarios no nos referimos al total de los trabajadores del sector público. Si incluyéramos a los profesionales que en España dependen de las administraciones, como médicos, trabajadores sociales y educadores, el porcentaje del 29% se elevaría al 41% y España quedaría por detrás de Irlanda (44%), Suecia (42%) y Eslovaquia (42%).
Cinco veces más funcionarios que informáticos
En cualquier caso, lo que queda claro es que el elevado peso del empleo público en las oportunidades laborales de nuestro país no se debe a servicios públicos esenciales como el de profesores y educadores, que solo aportan, en su conjunto, un 11% de las vacantes.
Sin embargo, sectores en el foco por la dificultad de encontrar trabajadores, como el tecnológico, solo aportan un 6% de las vacantes, el mismo porcentaje que la hostelería, en el que también las patronales y empresas han dado la voz de alarma por la falta de trabajadores. Por su parte, el comercio escala al 13% de las demandas de trabajadores que realizan las empresas.
Expresado de otra forma, esos datos implican es que, de las 52 vacantes por cada 1.000 parados en España, 15 serán como trabajador de las administraciones, siete en actividades comerciales, cuatro en sanidad o educación y tres como informático o camarero. Significativo que en esos dos últimos casos, las oportunidades para un parado sean las mismas.
Lo que lleva a la pregunta de a que responde este interés por los funcionarios. Tanto el Ejecutivo como los sindicatos llaman la atención sobre el envejecimiento de las plantillas. Sin embargo, las acusaciones de que la oferta de empleo público se debe a intereses electorales han sido persistentes. En este sentido, resulta llamativo que las vacantes de funcionarios han caído un 16% en el segundo trimestre, coincidiendo con las elecciones autonómicas que llevó a una importante pérdida de poder territorial del PSOE. Este retroceso se produjo a pesar de la convocatoria de elecciones generales en julio.
De hecho, es la mayor caída trimestral en las vacantes de empleo públicas desde que Sánchez es presidente del Gobierno, No es algo achacable a la coyuntura económica: en el resto de sectores, las vacantes también han retrocedido, pero solo un 5%: un retroceso medio de apenas 5.000 ofertas frente a las 9.000 que ha perdido solo las dirigidas exclusivamente a empleo público. Aunque el comportamiento puede explicarse porque la campaña electoral frenó la convocatoria de plazas que había presidido los trimestres anteriores.
Un 92% más de ofertas con Sánchez
Porque lo que no se puede decir es que bajo el mandato de Sánchez estas vacantes no se hayan disparado. Así, entre el segundo trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2023, se han incrementado un 92% la demanda de funcionarios, mientras que la del resto de profesionales solo ha aumentado un 35%. Ello después de años de ajuste en la oferta pública de empleo durante el Gobierno del PP.
Aunque por lo menos el sector público no ha inflado la demanda de empleo en el escenario post pandemia con la misma intensidad con la que lo hizo en los primeros años de la crisis financiera. En 2010, el año al que se remonta la serie histórica comparable de Eurostat, se alcanzó un récord de 190.000 vacantes, de las que más del 50% eran para funcionarios. La explicación está en el Plan E lanzado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que dedicó ingentes recursos públicos a 'rescatar empleos' (aunque sin mucho éxito a tenor de la evolución del paro.
El PP, obligado por la contención presupuestaria, optó por a reducir esta oferta de empleo. Un recorte que, seis años más tarde, Sánchez ha prometido revertir, aunque los datos muestran que el reputen en el resto de los sectores, aunque bastante inferior, ha contribuido a reducir la distorsión que producen las administraciones.
Sin embargo, el verdadero problema es la calidad de estos empleos, ya que la mayoría de estos puestos de funcionarios son temporales. La burocracia en los procesos de selección y promoción hace que el 30% de los trabajadores de las administraciones se encuentren en una situación de interinidad (incluso cuando han aprobado una oposición).
Es más del doble de la tasa de temporalidad que registra el sector privado. Algo que se explica en gran medida porque el Ejecutivo se cuidó muy bien de excluir al sector público de las obligaciones recogidas en su propia reforma laboral.
