Economía

El gasto en pensiones llegará al récord histórico del 14% del PIB este 2023

  • Esta partida solo fue más elevada durante la pandemia por el desplome de la economía
  • El Gobierno reconoce que el desembolso de la Seguridad Social se acercará al 13,5%
José Luis Escrivá, ministro en funciones de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Europa Press
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La partida de gasto que afronta la Seguridad Social crecerá exponencialmente durante las próximas décadas debido, esencialmente, al desajuste en la pirámide demográfica como consecuencia del baby boom. Las previsiones de la auditora pública, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apuntan a un gasto en pensiones histórico este año, rozando el 14% del PIB, que sería el dato más elevado si se excluye el desplome económico provocado por la pandemia.

En 2022, la ratio de gasto en pensiones respecto al PIB fue del 13,2%, según la AIReF. El progresivo retiro de la numerosa generación del baby boom, con prestaciones más elevadas, además de la revalorización de las pagas con la inflación para garantizar el poder adquisitivo, explican la variación al alza de esta variable, que terminaría 2023 con un gasto del 13,9% del PIB.

Las proyecciones futuras de esta simulación de la auditora pública que preside Cristina Herrero revelan que, en un escenario central previsto, el gasto público en pensiones promedio durante las próximas décadas será del 15,1% del PIB. La tensión financiera será más evidente a finales de la década de 2040, cuando las prestaciones contributivas y no contributivas llegarán a aglutinar el 16,2% del gasto público del país.

El propio Gobierno también realiza sus previsiones de esta delicada partida. En el documento del Plan de Estabilidad 2023-2026, Economía remite anualmente sus previsiones macroeconómicas a la Comisión Europea. En concreto, sobre las pensiones apunta a que el gasto rozará el 13,4% este año, una cifra similar a la que proyectan para final de década, tal y como certeramente apuntó El País. Esto implicaría que el nivel de gasto previsto en el citado documento que trasladaron a Bruselas para dentro de siete años ya se estaría cumpliendo.

Con todo, el gasto medio en pensiones durante las próximas décadas rondará el 15% del PIB dentro del escenario de la AIReF, con un pico máximo superior al 16% del PIB para mitad de siglo. Por su parte, el Gobierno es más optimista: tanto las proyecciones que realizó el departamento de Nadia Calviño como las justificaciones técnicas que realizó el equipo de José Luis Escrivá descartan que el desembolso anual rebase la línea roja que marca Bruselas, del 15% del PIB.

Las diferencias pueden radicar en las distintas previsiones de crecimiento del PIB durante las tres próximas décadas. Por ejemplo, la Seguridad Social prevé un PIB potencial cercano al 2%, mientras la AIReF maneja datos más modestos y espera que la economía avance a un ritmo medio del 1,4%. Por poner en contexto, desde l995 a 2021 el crecimiento fue del 1,9%. En juego también hay otras medidas importantes abordadas durante la reforma aprobada este año: la bonificación para alargar la carrera laboral, la edad de jubilación que avanzará progresivamente o los ingresos extra a través de las subidas de cotizaciones.

El Estado amortigua el gasto

Los datos que recoge la AIReF en su simulador de gasto incluyen todo tipo de pensiones, tanto contributivas como no contributivas. La Seguridad Social asume mayoritariamente las pensiones contributivas, y el Estado se hace cargo de aproximadamente uno de cada cuatro euros de la factura de las pensiones a través de impuestos por el principio de separación de fuentes.

Un sistema contributivo, como es el caso español, mantiene las prestaciones de los jubilados con la aportación de la población activa. Entonces, la salud financiera de la Seguridad Social depende en gran medida del empleo, la evolución de los salarios y de la demografía. En el caso de la brecha generada durante los últimos años se debe al golpe de la pandemia y a que los ingresos, pese a mejorar de forma consistente, no son capaces de alcanzar al ritmo del gasto y cada vez es más habitual que la Seguridad Social tenga que recurrir a las transferencias del Estado para garantizar la sostenibilidad.

Es decir, en la actualidad los impuestos -que ya son el 23% de los ingresos de la Seguridad Social, tal y como se cita previamente- apoyan a las cotizaciones para asumir el gasto no contributivo y también parte del contributivo. "Cada vez más, sin embargo, los ingresos propios del sistema contributivo de protección social se han tenido que complementar con aportaciones del Estado con cargo a impuestos generales", señalaba el think tank de economía aplicada Fedea en un reciente documento sobre el déficit de la Seguridad Social. En concreto, las transferencias para gastos contributivos aumentan un 98,6% desde 2019.

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