
El déficit de la Seguridad Social es uno de los indicadores clave para entender la sostenibilidad de las pensiones. Fedea alerta de un "preocupante" incremento de los números rojos de esta Administración, cuyo déficit básico excluyendo las transferencias del Estado vía impuestos es del 4% del PIB, más de 50.000 millones de euros, un 32,6% más. El sistema es deficitario desde hace más de una década, pero la situación se ha agravado también por el golpe de la pandemia, pese a que el empleo haya mejorado los ingresos por cotizaciones sociales.
Un sistema contributivo, como es el caso español, mantiene las prestaciones de los jubilados con la aportación de la población activa. Entonces, la salud financiera de la Seguridad Social depende en gran medida del empleo, la evolución de los salarios y de la demografía. En el caso de la brecha generada durante los últimos años se debe al golpe de la pandemia y a que los ingresos, pese a mejorar de forma consistente, no son capaces de alcanzar al ritmo del gasto.
La separación de fuentes de financiación obliga al Estado a financiera una parte de las obligaciones de la Seguridad Social, los gastos que técnicamente no corresponden a la Seguridad Social por no ser contributivos, resultando en varias formas posibles de medir el déficit. El peso de las transferencias del Estado es del 23%, lo que provoca que uno de cada cuatro euros de los ingresos venga de los impuestos y no de cotizaciones. El saldo que suele destacar el Ministerio simplemente resta ingresos y gastos, con 6.400 millones en negativo.
Es importante resaltar que, con los datos en la mano, las transferencias corrientes del Estado han pasado de 24.000 millones a casi 47.000 presupuestados, lo que supone un aumento del 95,6%. Mientras, las cotizaciones sociales -el grueso de la financiación- han variado un 9,2%, según la comparativa entre la liquidación presupuestaria de 2019 y los Presupuestos de 2023.
Si se entra en detalle, el peso de los impuestos para pagar pensiones contributivas se hace más evidente. Aunque a las pensiones no contributivas les corresponden 10.200 millones, realmente el grueso de estas transferencias del Estado, de 35.000 millones, está destinado a "garantizar la sostenibilidad" de las pensiones, como recogía Hacienda en los Presupuestos Generales correspondientes a 2023.
"El déficit de la Seguridad Social absorbe un tercio de los ingresos tributarios totales del Estado", indica Ángel de la Fuente, director ejecutivo del think tank. Además, añade que estos agujeros rojos suponen "una parte sustancial del déficit del conjunto de las administraciones públicas españolas".
"La Seguridad Social es una parte sustancial del déficit público conjunto de las administraciones"
Tal y como explican desde la Fundación, los ingresos (20,7%) han aumentado considerablemente más que el gasto contributivo (12,8%), por eso el déficit definido como contributivo ha mejorado. Este saldo ha pasado de 16.700 hasta 6.400 millones de euros... una cifra que está condicionada por las transferencias que recibe la Seguridad Social del Estado cada año, que han crecido exponencialmente, tal y como expone el informe.
"Cada vez más, sin embargo, los ingresos propios del sistema contributivo de protección social se han tenido que complementar con aportaciones del Estado con cargo a impuestos generales", señala el documento.
Hasta mitad de siglo, está previsto que la partida asociada al envejecimiento será una de las más gruesas dentro de los Presupuestos de cada año. Con una menor población activa por el retiro de la numerosa generación del baby boom habrá un desequilibrio que el Gobierno espera cubrir con subidas de cotizaciones, penalizaciones de la jubilación anticipada y bonificaciones para aquel trabajador que aplace su jubilación.
La bola de nieve de la deuda
Y por un sistema que gasta más de lo que ingresa se genera una bola de nieve de deuda: necesita financiarse para conseguir hacer frente a sus obligaciones.
Los datos más recientes del Banco de España confirman cómo el endeudamiento acumulado por la Seguridad Social se consolida por encima de la barrera histórica de los 100.000 millones de euros (con muy leves variaciones en términos absolutos entre trimestres). Esta variación respecto al nivel liquidado en 2019 es del 88%.
Es más, los 106.172 millones de pasivo acumulados por esta Administración entre enero y marzo de 2023 suponen casi duplicar (por segundo trimestre consecutivo) el nivel que dicha variable presentaba antes de la pandemia, en el año 2019, situado en 55.000 millones.
Y lo que es más preocupante, todo viso de retrotraerse a esos niveles se antoja irreal considerando, como hacen los analistas del Banco de España, que la deuda de la Seguridad Social se empecina en presentar incrementos interanuales que rondan los siete puntos porcentuales.
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