Derogar el sanchismo es el lema que, de modo informal, ya se le atribuye al PP para las elecciones generales. El significado de esa consigna ya está claro en lo que se refiere a las leyes con mayor carga ideológica del actual Ejecutivo (Ley Trans, Solo sí es sí, Memoria Democrática...), condenadas a desaparecer o a una remodelación completa si los populares forman Gobierno. Ahora bien, en el ámbito económico las intenciones del equipo de Alberto Núñez Feijóo aún no han sido expresadas tan claramente.
Sin embargo, fuentes cercanas a Génova permiten vislumbrar que, en este ámbito, lo correcto es hablar no tanto de derogaciones totales como de contrarreformas, consistentes en introducir cambios y reorientaciones tomando como base los textos legales ya en vigor.
Se trata de una estrategia más idónea considerando que algunas de las reformas económicas en marcha (como la laboral o la propia de pensiones) están vinculadas a la recepción de las transferencias y créditos Next Generation y tienen el plácet de Bruselas. Más en concreto, puede ya hablarse contrarreformas económicas en seis ámbitos que ya van perfilándose en el programa electoral del PP. Son los siguientes:
Ley de Vivienda
La norma con cuya aprobación el Gobierno de coalición prácticamente dio por cerrada por la legislatura cuenta con cierto blindaje por parte de Europa. Sin embargo, el PP tiene cierto margen para mitigar sus capítulos más polémicos tanto desde Moncloa como desde sus Gobierno autonómicos.
Estos últimos tienen potestad para no señalar áreas tensionadas por la alta demanda inmobiliaria y evitar así que se apliquen los topes al alquiler que la norma prevé. Es más, desde Moncloa, los populares podrían incluso anular a escala nacional la aplicación de dichos topes. En Génova barajan también medidas más contundentes contra la ocupación.
Reforma laboral
La reforma laboral aprobada en 2021 no solo está directamente vinculada con la recepción de fondos Next Generation. Además, contó en su aprobación con el respaldo de patronal y sindicatos. Hay, por tanto, menor espacio en este ámbito para una contrarreforma. Los populares, no obstante, sí podrían actuar en uno de sus capítulos más polémicos, como es la exclusión de los trabajadores fijos discontinuos de las listas del paro aun cuando su actividad real sea mínima.
Reforma de pensiones
La reforma de pensiones del ministro Escrivá es en gran parte una enmienda a la totalidad de los cambios que en este ámbito impulsó el PP en 2013. No obstante, los populares manejan de momento cambios muy localizados como evitar las alzas de cotizaciones que la actual norma prevé para los próximos años. Igualmente importante sería potenciar las deducciones fiscales a las aportaciones a planes individuales, ahora reducidas a mínimos.
Tasas a banca y energéticas
No puede hablarse tampoco de una futura derogación de los impuestos temporales creados ad hoc en 2022 para la banca y las empresas energéticas. En el caso de estas últimas, Génova pretende que los ingresos dejen de ser la base imponible y el gravamen se aplique sobre los beneficios. De este modo el castigo para las firmas sería menor y más acorde con la legislación europea. En cuanto a la tasa a los bancos su recaudación pasaría a nutrir un fondo de ayuda a personas financieramente vulnerables.
Tasa a las Grandes Fortunas
Madrid y Andalucía ya se movilizaron para recurrir la tasa de solidaridad que el actual Gobierno impone a las grandes fortunas. En este caso el objetivo sí que es una derogación pero también puede hablarse de una contrarreforma fiscal, dado que el PP plantea otras medidas en paralelo, como una rebaja del IRPF o propiciar un descenso de los tipos de Sucesiones y Donaciones a escala autonómica.
Fondos 'Next Generation'
El Partido Popular ha mostrado con frecuencia su disconformidad con el modo en que, desde 2021, el Gobierno maneja los fondos Next Generation y su deseo de optimizar la gestión de las transferencias directas y ahora también los créditos procedentes de Bruselas. No lo tendrá fácil, sin embargo, para hacer esa contrarreforma considerando los muy apurados plazos que la Comisión establece para realizar modificaciones.
