Madrid
El PP prepara importantes cambios para los polémicos impuestos de carácter temporal que el actual Gobierno reclama a bancos y empresas energéticas con motivo de la crisis inflacionaria. En el caso de las eléctricas, gasistas y petroleras, si Alberto Núñez Feijóo logra formar su Ejecutivo tras el 23-J, su equipo prevé que el actual gravamen del 1,2% se aplique sobre los beneficios de esas compañías, y no sobre los ingresos, como establece ahora el actual diseño de la tasa.
Esa modificación, revelada a elEconomista.es por fuentes del partido de Feijóo, supondrá mucho más que la evidente rebaja del monto que las energéticas tendrán que pagar. No en vano dejará de gravarse el conjunto de sus ingresos brutos no regulados obtenidos en territorio nacional, durante los años 2022 y 2023.
Además, el cambio que propone el PP haría que la tasa a las energéticas dejara de mostrarse tan cuestionable desde el punto jurídico como lo hace actualmente. Sus múltiples aspectos oscuros desde la óptica legal llevaron (entre otros) a la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) a recurrir el gravamen ante la Audiencia Nacional.
Disparidad con la Unión
En su alegación, Aelec ponía de manifiesto que el nuevo impuesto en su actual configuración es "discriminatorio e injustificado". Es más, la Asociación lamentaba expresamente que su base imponible fueran los ingresos de las empresas del sector y no sus beneficios, al contrario de lo que ocurre con otros impuestos semejantes en otros países europeos.
Dicha disparidad sitúa a las empresas energéticas españolas en una posición desventajosa con respecto a sus competidoras comunitarias. Esa discriminación se solucionaría definitivamente con la modificación que los populares acometerían en caso de formar Gobierno tras las elecciones del mes próximo.
El equipo de Feijóo también prepara novedades para la tasa a los bancos, el segundo sector supuestamente privilegiado por las altas tasas actuales del IPC, según defiende todavía el Gobierno de coalición PSOE-Podemos. En este caso, los cambios que Génova baraja no afectan a su diseño, que seguiría (en principio) basado en la aplicación de un tipo de casi el 5% sobre los intereses y comisiones de todas las entidades financieras que facturaron más de 800 millones de euros en el año 2019.
El cambio afectaría al destino final de los recursos que esta tasa recauda. En concreto, lo que el PP propone es que nutra una especie de fondo social destinado a personas financieramente vulnerables, especialmente aquéllas que afrontan dificultades para pagar las cuotas mensuales de sus hipotecas.
Los detalles de funcionamiento sobre este punto están por definirse, pero todo apunta a que se establecerían baremos según el nivel de renta y según el peso proporcional de los pagos hipotecarios en el conjunto de la economía familiar.
Votación en contra
Por lo tanto, el PP opta por los cambios en las tasas a las energéticas y los bancos y en lugar de simplemente derogarlas, lo que también sería coherente con la beligerancia que mostró contra ambas figuras y que llevó al partido a oponerse a ellas en el Congreso en la votación del año pasado.
No obstante, conviene recordar que los populares no llegaron a presentar recursos en los tribunales contra ninguna de los dos. Mostraron así una actitud diferente a la que les caracterizó en relación con el tercer impuesto, tan polémico como los dos anteriores, que el Gobierno sacó adelante escudándose en la crisis derivada de la guerra en Ucrania y su impacto en las tasas de inflación a escala mundial.
Se trata de la tasa de solidaridad a las grandes fortunas recurrida ante el Tribunal Constitucional por Gobiernos autonómicos de signo popular, como el que preside Isabel Díaz Ayuso.
