Banca y finanzas

El 'impuestazo' devora el 17% del beneficio de la banca y las energéticas

  • Las compañías como Repsol, Cepsa o Naturgy tendrán que pagar 1.549 millones por el gravamen
  • Las entidades financieras habrían ganado un 35% más que hasta marzo de 2022 al excluir este golpe

El impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca y al sector energético que impuso el Gobierno ha devorado alrededor del 17,7% del beneficio de las entidades financieras y las compañías energéticas hasta el mes de marzo. Esta es la principal conclusión que se obtiene al realizar un ejercicio teórico de análisis de los balances presentados por las compañías en las últimas semanas y sobre las estimaciones del consenso de mercado de Bloomberg para aquellas que todavía no han rendido cuentas ante el mercado.

En el caso concreto de la banca, los beneficios de las entidades afectadas por este gravamen totalizaron en el primer trimestre de 2022 poco más de 5.100 millones de euros, cifra que se elevó un 11,19%, hasta los 5.731 millones, durante los primeros tres meses de este ejercicio tras asumir el golpe que para ellas supuso el pago del impuesto.

Con la suma de los importes que han detallado las diferentes entidades financieras la Agencia Tributaria recaudará este año casi 1.300 millones -la banca debe repercutir el 100% del impuesto en las cuentas del primer trimestre pero lo paga dividido en dos partes, la primera en febrero y la segunda en septiembre-.

Sin el impacto del impuesto, las entidades financieras habrían ganado durante el primer trimestre casi 7.000 millones de euros. Por ello, si no hubieran tenido que pagar este gravamen, los bancos afectados habrían ganado un 35% más hasta marzo que en el ejercicio anterior aupados, principalmente, por la mejora de los márgenes y la eficiencia.

En concreto, en términos porcentuales, el más afectado sería Kutxabank, que habría doblado su beneficio del primer trimestre de este año de no ser por el pago del impuestazo. En concreto, el banco vasco ganó en el primer trimestre 110,7 millones de euros, un 47,3% más que en 2022, tras hacer frente a un cargo de 47 millones. 

Por su parte, Abanca y Bankinter habrían mejorado sus resultados del ejercicio anterior alrededor de un 70% si no se hubieran contabilizado los 39 y 77 millones, respectivamente, de este gravamen extraordinario. 

En el entorno del 60% se habrían quedado Sabadell (que ha visto mermado su beneficio en un 4%) y Unicaja (cuyas ganancias han caído un 43,2%). Otras dos grandes entidades, BBVA y CaixaBank -la catalana todavía no ha presentado cuentas y se han tomado como referencia las cifras aportadas por el consenso de mercado de Bloomberg-, habrían logrado de acuerdo con este ejercicio teórico un alza de alrededor del 50% frente al aumento del 39% con respecto al primer trimestre del año anterior de la de Bilbao y a la estimación de caída del 4,5% de la que encabeza José Ignacio Goirigolzarri. 

Por debajo se quedaría Banco Santander, que mejoró su beneficio en un 1% tras pagar 224 millones de euros por el 4,8% por los ingresos extraordinarios del negocio bancario en España. En cambio, sin él, habría ganado un 10% más que un año antes.

Todas las entidades han anunciado que recurrirán, por las diferentes vías, este impuesto que consideran "injusto" y algunas ya han dado el paso al argumentar que la tasa impositiva que pagan ya está en el sector por encima de otros. Los principales directivos de la banca han señalado durante meses que estas cuantías que se han visto a pagar y que están convencidos de que recuperarán tras la batalla legal, merman los derechos de los accionistas una vez  más.

Cabe recordar que durante varios ejercicios las entidades no pudieron repartir dividendos por el golpe de la Covid-19 y durante varios años los beneficios estuvieron condicionados por un entorno de tipos de interés que llegaron a ser incluso negativos mermando la capacidad de la banca de generar resultados. 

Impacto en las energéticas

El impuesto tendrá un impacto de 1.549 millones de euros en las cuentas de las energéticas españolas. Repsol, Cepsa y Naturgy son las más contribuirán a las arcas públicas este año por el gravamen extraordinario. En total, estas tres compañías las tres primeras empresas aportarán más de un 70% del monto total a pagar. En concreto, Repsol tendrá que abonar este año 450 millones el gravamen, que considera que no es compatible ni con la Constitución Española ni con la normativa europea. Cepsa pagará por este impuesto extraordinario que grava sus ingresos de 2022 aproximadamente 325 millones y Naturgy cerca de 300 millones.

Les siguen Iberdrola (216 millones) y Endesa (208 millones). Mientras Acciona Energía, la menos afectada de las españolas, pagará unos 50 millones.

Casi todas las compañías del sector ya han presentado recurso ante Audiencia Nacional. Para la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), de la que forman parte Iberdrola, Endesa y EDP, este impuesto penaliza a "un sector clave para impulsar el cambio del modelo energético" y  grava ingresos "que ya estaban topados y regulados por la Administración Pública".

Ilegalidades del impuesto

Tanto la banca como las energéticas repudiaron el tributo desde su sorpresivo anuncio con argumentos que previsiblemente cimentarán la base de sus recursos. Las compañías tacharon el tributo de "discriminatorio", "injustificado" y "arbitrario", por lo que la gran casi todas ya han presentado recurso ante Audiencia Nacional o la Agencia Tributaria.

La discriminación se basa en que el golpe va directo a las grandes compañías españolas: la tasa de la banca grava al 4,8% de los intereses y comisiones por la actividad bancaria en entidades con ingresos en España superiores a los 800 millones de euros en 2019; y el tributo energético grava con un 1,2% el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo que facturasen más de 1.000 millones en 2019, excluyendo de la facturación el objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas. Es decir, deja fuera a las compañías de menor tamaño nacionales y extranjeras y a la industria fintech. Entre las alegaciones en contra figura también que grava dos veces los ingresos o colisiona con normas europeas, como la ley bancaria porque exige repercutir todos los costes a sus precios y el impuesto lo prohíbe.

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