Valencia
Los partidos de izquierda que han gobernado en los últimos ocho años en la Comunidad Valenciana han visto como las grandes cifras que respaldaban su gestión económica, fundamentalmente la creación de empleo, no han sido suficientes para revalidar su mayoría. Ni siquiera la inversión multimillonaria de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto ni asegurar la continuidad de Ford en Almussafes han tenido el tirón electoral que presumían.
Los resultados del domingo dejan claro que los votantes valencianos han castigado especialmente al ala más radical de la coalición de izquierdas: Compromís, que se dejó casi 100.000 votos respecto a 2019, y, sobre todo, Podemos, que con un 3,5% de los votos totales se queda fuera de un parlamento en el que hasta ahora tenía ocho escaños. Un desplome que ha hecho que pese a que el PSOE mejora resultados con cuatro diputados más, se vea desalojado del Gobierno por el desplome de sus aliados.
Entre los motivos de esta caída en desgracia se encuentran varias claves económicas. En un último año político marcado por esta cita electoral, Podemos y Compromís dejaron clara su apuesta por incrementar la presión fiscal, especialmente a empresas y rentas medias y altas. Un pulso que se escenificó con sus socios socialistas, cuando el propio Puig anunció el pasado otoño una rebaja del IRPF con la que tratar de atenuar una inflación que socavaba el discurso de los éxitos económicos. El presidente socialista compensó a sus socios con incrementos para las rentas más altas en Patrimonio.
De la tasa turística a intervenir en vivienda
Pese al intento de Puig de transmitir una imagen más centrista en los últimos tiempos, sus dos socios han hecho todo lo posible por evitarlo. El mejor ejemplo es la tasa turística, un impuesto rechazado por un sector que es uno de los motores de la economía valenciana. Aunque la ley suaviza el tributo al dejarlo en manos de cada ayuntamiento, el interés de los dos partidos por convertirlo en un triunfo ideológico ha hecho mella en quienes viven de esa industria. Un sector puesto en entredicho por los discursos de ambas fuerzas, que no dudan en calificarlo de "depredador".
La coalición de izquierdas ha centrado su actividad legislativa en medidas intervencionistas en mercados como el inmobiliario y de la vivienda, con restricciones a nuevos desarrollos en las zonas costeras o la implantación de medidas como el derecho de retracto y tanteo, que obliga a comunicar cualquier compra de vivienda y lo deja en suspenso el traspaso hasta que la Administración autonómica decide si ejerce la compra por ese importe.
Además, ha impulsado medidas como la expropiación temporal para viviendas vacías mediante . A ello se ha sumado la estrategia de Podemos de elevar el tono de sus ataques al empresariado, con Juan Roig y Mercadona como diana, con un efecto contraproducente.
Al lastre de sus socios, Puig ha sumado en su contra decisiones recientes del Gobierno de Pedro Sánchez, como el recorte al trasvase de Tajo-Segura en Alicante y la falta de ayudas a la industria cerámica de Castellón. Sin olvidar que la que declaró su prioridad hace ocho años, la financiación autonómica, sigue sin avances pese a tener un socialista en La Moncloa.
