Valencia
Después de dos legislaturas del Gobierno valenciano de coalición de izquierdas del bautizado como pacto del Botànic llega la hora de hacer balance económico ante las próximas elecciones y tras los efectos de la crisis provocada por la pandemia y los efectos de la guerra de Ucrania.
Si hay un apartado en que el Botànic puede presumir es el del empleo. El propio presidente Ximo Puig no deja de recordar que desde que llegó al Palau de la Generalitat Valenciana el número de ocupados ha aumentado en 450.000 personas. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre de este año la Comunidad Valenciana contaba con 2,2 millones de ocupados, frente a los 1,83 millones registrados en el mismo trimestre de 2015.
El incremento del empleo según las estadísticas es evidente, pero también lo es que el paro valenciano sigue estando por encima de la media española y que en estos ocho años la foto final en cuanto a la comparativa con el conjunto del país apenas se ha recortado. A finales de 2015 la tasa de paro autonómica y la estatal superaban el 20%, con una tasa superior en el caso autonómico de 55 puntos básicos a la nacional. A finales del año pasado las dos se habían reducido significativamente, hasta el 13,55% en el caso valenciano, pero con diferencial mayor: 66 puntos básicos por encima de la media nacional.
Esa diferencia entre el territorio valenciano y el resto de autonomías no es algo limitado al empleo. También se refleja en otros datos macro fundamentales para medir la salud económica, como su grado de riqueza y la productividad. En el caso del PIB, la evolución ha estado marcada por el impacto del Covid. El desplome en 2020 fue del 10,9%, 4 décimas menos que la media, mientras que en 2021 el repunte fue similar, del 5,6% frente al 5,5% español. Los informes como los de Funcas estiman que será este año cuando la economía autonómica podrá recuperar el nivel previo a la pandemia frente a otras autonomías que ya lo consiguieron en el año 2022 como Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia o Navarra.
Más preocupante es el análisis de uno de los tradicionales indicadores de riqueza de un territorio, el PIB per cápita. En 2015 se situaba en 20.316 euros, es decir 2.914 euros menos por habitante que en la media española. En estos años, esa diferencia entre la autonomía y el conjunto de España no se ha recortado. En 2021 (último dato disponible) la valenciana se situaba en 22.289 euros, con lo que la diferencia en porcentaje incluso ha crecido una décima respecto al inicio de la legislatura: la media española es un 14,4% superior a la valenciana. La autonomía se sitúa como la número 12 si se compara con el resto de comunidades autónomas, muy lejos de Madrid y País Vasco, pero también de Cataluña y Aragón.
Una asignatura pendiente que se perpetua
Otro de los puntos débiles de la economía valenciana es la productividad. Un elemento fundamental que también se ha visto golpeado por la pandemia. En 2015, la productividad por empleado era de media un 5,4% superior en España que en Comunidad Valenciana. En 2021 el diferencial ha aumentado al 6,1%. En el caso de las horas trabajadas, la productividad valenciana era dos euros menor que la media española en 2015. Con el último dato se ha ampliado hasta 2,4 euros por hora.
La conclusión es que la brecha económica abierta entre la región y el resto de España no sólo no se ha reducido sino que incluso se ha ensanchado ligeramente. Un informe reciente del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) considera que los "pobres resultados" en productividad es una de las razones de esa brecha en la riqueza de la región con respecto al conjunto de España.
Pese a ello, la productividad valenciana sigue siendo un aspecto aparcado en la agenda política y ni siquiera se ha mencionado al plantear cuestiones tan mediáticas como la semana laboral de cuatro días y la prueba piloto anunciada a bombo y platillo por el Ayuntamiento de Valencia como pionera.
Exportaciones a pruebas de bomba
En los últimos ocho años la Comunitat Valenciana también ha desarrollado algunas de sus grandes fortalezas económicas. Especialmente significativo ha sido el papel del sector exterior, que ha mostrado una resistencia a prueba de bombas a golpes como la pandemia, el Brexit, los problemas de la cadena de suministro mundial después y los efectos de la guerra de Ucrania. El año pasado las ventas a otros países de productos valencianos superaron los 39.621 millones de euros, un 39% más que en 2015. Un crecimiento que además ha dejado muestras de la importante diversificación de la economía autonómica, ya que los dos grandes motores tradicionales, la automoción y el agroalimentario, así como otros puntales como cerámica y calzado, han pasado en los últimos años por distintos baches coyunturales.
Si algo ha marcado el discurso político de los socios de izquierdas del Botànic desde que asumieron el Gobierno autonómico ha sido el incremento del gasto público y una continua expansión del presupuestos, primero alentada como reacción a los recortes de los años anteriores por la crisis financiera. Los presupuestos autonómicos consolidados para este año han superado los 30.000 millones de euros, 11.600 millones más que los de 2016 lo que supone un incremento del 63%.
Un fuerte aumento del gasto que el Botànic justifica para el gasto destinado a servicios sociales y que ha tenido también su reflejo en otros ámbitos, como el de la licitación pública, que tras años de sequía se ha visto favorecido por unos fondos Next Generation que están teniendo más impacto en los balances de la Administración Pública que en las empresas. Si se compara el importe de los datos licitados del año anterior a las elecciones de 2015 con las cifras de 2022, la inversión licitada en Comunitat Valenciana se multiplica por más de cinco, hasta casi 3.000 millones de euros.
Aunque es cierto que la mayoría de ese incremento corresponde al Estado y sus organismos dependientes, en el caso de la Administración autonómica el volumen de inversión también ha pasado de menos de 150 millones a más de 800 millones.
