PSOE y Sumar concurrirán a las elecciones del 23 de julio con la reforma laboral como el mayor ejemplo del éxito de su política económica. Es también la credencial que ha catapultado la carrera política de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ello, a pesar de que la norma no ha estado exenta de críticas, especialmente desde aquellos que acusan al Ejecutivo de utilizar a los trabajadores fijos discontinuos para 'maquillar' unas cifras del paro que no reflejan la realidad. Pero esta polémica, que centró durante meses el debate político y laboral, se da hoy por amortizada.
Estos contratos siempre han sido cuestionados, pese a que desde los años ochenta se equiparan a los indefinidos. La clave es que se trata de empleos ligados a actividades eventuales y que cuando estas concluyen estas personas, si el contrato se mantiene, pasan a la inactividad y son dadas de baja en la afiliación al Seguridad Social.
Pero, aunque las personas en esa situación pueden inscribirse como demandantes de empleo y solicitar una prestación, no cuentan como parados registrados. Algo que recuerda a lo que sucede con los beneficiarios del subsidio agrario o PER.
Aun así, la reforma laboral de 2012, del Gobierno del PP, ya intentó impulsar el uso de esta figura, sobre todo en el sector turístico, con relativo éxito en algunas regiones, como Baleares. Pero no fue hasta la norma, con la desaparición de los contratos temporales por obra y servicio, que esta modalidad contractual despegó en todo su esplendor. Y con ello la polémica que la rodea.
No solo por la calidad real de esos empleos, sino por su consideración a efectos de las estadísticas del SEPE. De hecho, este organismo equipara a los que cobran una prestación con los que lo hacen por terminar un contrato temporal, tal y como desveló elEconomista.es. Una aparente contradicción ante la que Díaz y su equipo se limitaron a señalar que nada había cambiado en la manera de registrar estas personas en las oficinas de empleo.
Y este era precisamente el problema: estos registros, que dependen de los servicios públicos de empleo autonómicos, no se habían adaptado al incremento de fijos discontinuos inactivos. El sistema basado en cruce con los ficheros de la Seguridad Social no impedía que muchos fijos discontinuos fueran declarados parados registrados, en lugar de demandantes con relación laboral.
El SEPE, que no se encarga de registrar las demandas de empleo, pero sí de pagar las prestaciones, suele revisar este tipo de errores y notificárselos a las comunidades autónomas. Es un procedimiento habitual pero que a la vuelta del verano de 2022 detectó un nivel de fallos sin precedentes, para un único motivo: fijos discontinuos indefinidos mal registrados.
El 25 de octubre, tras notificárselo a los servicios de empleo autonómicos, el SEPE realizó una revisión "extraordinaria" que afectó a decenas de miles de demandas de fijos discontinuos de empleo. El resultado fue que 52.000 personas catalogadas como parados registrados se convirtieron en demandantes con relación laboral. Esto contribuyó a que el paro de ese mes registrara un descenso neto de 27.000 personas, un dato que el Gobierno no dudó de calificar de histórico en un mes que tradicionalmente arroja un incremento del desempleo.
Del 'trumpismo' a las filtraciones
El buen resultado alcanzó a todas las comunidades autónomas, aunque solo Andalucía aludió en ese momento a la operación emprendida por el SEPE.
Pero esto pasó desapercibido hasta que, semanas después, fue denunciada por el investigador de Fedea, Florentino Felgueroso. Ante las dudas provocadas, su propuesta fue tener establecer una métrica alternativa al paro registrado: el paro efectivo, que añade los demandantes con relación laboral. De hecho, según sus cálculos, este "ajuste no comunicado" por parte del SEPE generó una brecha de 160.000 personas entre el alza de desempleados que daba el nuevo indicador propuesto y la cifra 'oficial' de descenso de desempleados de octubre.
Aunque la estrategia de Díaz fue despreciar el análisis o vincularlo a una cuestión política -llegó a utilizar el término 'trumpismo'- el prestigio de Felgueroso hizo que sus argumentos fueran tomados muy en serio por la comunidad académica. A esto se suma que Trabajo no explicó en ningún momento los ajustes en las cifras del paro. A pesar a que sus propias estadísticas los recogían con claridad y revelan que que en el conjunto de 2022 afectaron a más de 100.000 parados, como informó elEconomista.es.
No solo eso: la distorsión introducida en octubre y noviembre había salpicado de manera indirecta a las estadísticas de paro mensual de Eurostat. El resultado fue un ajuste de 173.000 parados entre los datos publicados en octubre y en diciembre. Esto llevó a que incluso los Ministerios de Asuntos Económicos marcaran distancia con las posiciones de Díaz, precisamente en el momento en el esta preparaba el lanzamiento de su plataforma Sumar.
Así las cosas, Díaz anunció en enero que publicaría los datos desagregados de fijos discontinuos inactivos y apuntados a las cifras de desempleo. A día de hoy sigue sin hacerlo, un retraso que en su departamento achacan a la dificultad de hacer este desglose.
Este argumento es algo difícil de creer si tenemos en cuenta que, como hemos dicho más arriba, el SEPE hace estos análisis cada mes. Y de hecho, en marzo facilitó los datos correspondientes a 2022 al Grupo Popular en el Senado a través de una respuesta parlamentaria.
Las cifras revelaban que al menos el 71% del paro efectivo calculado por Fedea correspondía a fijos discontinuos inactivos. Pero Trabajo se puso de perfil respecto a esta 'filtración' publicación y se limitó a señalar que eran datos parciales e incompletos. Sin embargo, las cifras solo pudieron ser enviadas a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes desde el gabinete de la ministra, como explicó elEconomista.es. ¿Entonces, a qué se debió este movimiento?
El truco de la estacionalidad
La interpretación que se da en el ámbito de los servicios públicos es que Díaz pretendía ganar algo de tiempo para aprovechar la estacionalidad de una prometedora campaña turística, ya en Semana Santa, que llevaría a la reactivación de muchos trabajadores con contratos fijos discontinuos. Es decir, que sus empresas volverían a llamarles. A corto plazo, la estrategia ha funcionado: desde enero, los demandantes con relación laboral han caído más de un 20% acumulado, de 651.112 a 518.914.
Y esto lleva a que en estos meses el 'paro efectivo' haya caído con mucha mayor intensidad que el registrado. Lo más importante, la evolución de paro registrado y efectivo se ha alineado: desde noviembre no se han vuelto a dar meses en los que el paro registrado baja y el efectivo retrocede (aunque sí al contrario) discrepen. Lo cual despeja las sospechas de un posible "maquillaje" estadístico.
A pesar de esta evolución, la cifra de demandantes con relación laboral en abril seguía siendo un 115% superior a la de hace un año, mientras que la del paro registrado ha caído un 7%. Es decir, los fijos discontinuos siguen 'sumando' un alto porcentaje al 'paro efectivo', que podría llegar al 20%. Mucho mayor que el de hace un año, cuando apenas llegaban a 215.000.
Trabajo insiste en que estas cifras no recogen correctamente a los fijos discontinuos: no todos estos trabajadores se cuentan necesariamente como demandantes con relación laboral. Sin embargo esto esto contradice las comunicaciones remitidas por el SEPE a las comunidades autónomas en octubre, en las que se les define explícitamente como "personas demandantes de empleo con relación laboral".
Precisamente, la naturaleza y alcance de este ajuste es la única incógnita sobre la que Díaz sigue dar ninguna explicación. Tampoco la oposición se las ha pedido, algo que fuentes de los servicios públicos achacan a que los gobiernos autonómicos, de distinto signo político, se beneficiaron de la rebaja de paro propiciada por el 'borrado' de parados de octubre. Además, no les interesaba reconocer que estaban cometiendo errores en el recuento.
En cualquier caso, lo que los datos sí publicados por el SEPE revelan es que estas operaciones se han frenado en seco en 2023. Aunque se siguen produciendo, lo hacen con una intensidad mucho menor. En abril, los demandantes con relación laboral procedentes del paro registrado cayeron a 3.477. Supone un 10% más que en el mismo mes de 2022, pero muy por debajo de los niveles de otoño.
En paralelo, las nuevas altas de demandantes también están retrocediendo ininterrumpidamente desde enero. Una evolución que confirma que el intenso arranque de la temporada turística ha repercutido en la reactivación de muchos fijos discontinuos, por lo que menos de ellos se inscriben como demandantes de empleo.
La previsión es que, como ocurrió el año pasado, se produzca un repunte de los fijos discontinuos inactivos y, con ello, del paro efectivo. Pero para entonces, Trabajo confía en dar por amortizado el debate, gracias también a la escasa capacidad de la oposición para utilizarlo políticamente. Por un lado porque, con los fijos discontinuos, Díaz está desarrollando una receta que en su momento ya exploró el Partido Popular.
Por el otro porque la complejidad de las estadísticas de desempleo no parece llevarse bien con un debate parlamentario basado en el trazo grueso más que en un verdadero análisis detallado de los datos. Un escenario en el que Díaz se ha movido como pez en el agua para 'neutralizar' a sus adversarios políticos.
En cualquier caso, la evolución de los datos ha reducido la presión sobre Díaz, a falta de conocer sus estimaciones, que lleva recopilando desde enero. Las últimas declaraciones de los responsables del ministerio apuntan a que estos podrían conocerse coincidiendo con la publicación de los datos de paro de mayo.
Aunque el adelanto electoral, seguramente, cambie estos planes y las cifras vuelvan a retrasarse aún más, si es que llegan a conocerse. Algo que, en el agitado contexto actual, tampoco tendría una excesivo coste político para la vicepresidenta.
