La estadística de convenios colectivos correspondiente a marzo recoge el creciente impacto de los precios en los sueldos. Los más de 2.000 acuerdos vigentes en los tres primeros meses del año afectan a 6,7 millones de trabajadores y 682.041 empresas y recogen un incremento medio de las nóminas del 3,06%. Pero para un 31% de los asalariados y un 34% de las empresas la subida es mucho mayor y se sitúa en el nivel del 4,99%, 1,6 puntos por encima de la inflación general.
Los sueldos han recogido la evolución de la inflación en el último año con moderación, debido en parte a la lenta negociación de los convenios. Pero en el último año, su ritmo se ha acelerado. Y con ello, también el alcance de las mayores subidas salariales: a cierre del primer trimestre de 2023, solo un 17% de las empresas habían acordado incrementos superiores al 3%, prácticamente la mitad que en el mismo periodo de 2022.
Los trabajadores afectados han pasado de suponer un 19,3% a un 30,9%%. Aunque en esta comparativa hay que tener en cuenta que 2022 fue un año todavía afectado por la pandemia en los que se refiere a la negociación colectiva. Así, el número de empresas que firman superiores al umbral de los tres puntos porcentuales se ha incrementado un 189%, hasta las 222.310. Por su parte, el de trabajadores afectados creció un 119%, hasta los 2,08 millones.
El análisis es aún más revelador si tenemos en cuenta que la media estadística general del 3,06% que publica el Ministerio de Trabajo recoge acuerdos firmados en años anteriores y que siguen estando en vigor.
Pero si los datos se limitan a los 142 nuevos convenios firmados en 2023 (que suponen un 6,5% del total), la subida media sobre el total es también mucho mayor que la general y se sitúa en el 4,82%. Afecta a más de 70.000 empresas y 542.000 trabajadores.
Es precisamente esta evolución de la negociación salarial lo que hace prever que los acuerdos se complicarán enormemente en lo que resta de año.
Los sueldos 'tropiezan' con el IPC
La razón es el 'efecto escalón' del IPC en marzo, que redujo la subida de la inflación del 6% al 3,3% solo por la comparación interanual con el mismo mes de 2022, afectado por el impacto inicial de la guerra de Ucrania en el petróleo. Aunque la inflación subyacente, se mantuvo en niveles del 7,5%.
Los convenios suelen utilizar como referencia el IPC general, no el subyacente, con lo cual este efecto estadísticas puede suponer un alivio para las empresas en la presión a la hora de negociar las revisiones salariales. Pero, por otro lado, puede convertirse en una fuente de adicional de enfrentamiento de conflictividad, ya que la brecha entre ambas formas de medir la inflación nunca ha sido tan elevada.
El fracaso de las medidas del Gobierno para contener el alza de los precios en la cesta de la compra se ha visto acompañada por su decisión de subir el SMI y la pensiones un 8% y un 8,5% respectivamente, lo cual hace que los sindicatos no renuncien a subidas mayores, ahora que la subida de sueldos empieza a acelerarse. Máxime cuando la diferencia entre la subida media de salarios y precios oscila entre 0,3 décimas y 4,5 puntos según el IPC elegido.
A ello se suma la parálisis en la negociación de un nuevo Acuerdo de Negociación Colectiva que dibuje una senda para los acuerdos salariales pero que ha dejado todo en manos de los convenios sectoriales. La reforma laboral les devolvió la prioridad sobre los de empresas, aunque esto no ha impedido que el 73% de los pactos firmados carezcan de cláusula de revisión salarial.
Los descuelgues se disparan
Ante este escenario, cada vez más empresas optan por los descuelgues. Aunque se trata de una opción compleja, su evolución muestra que cada vez más empresas tienen problemas para adaptarse a la evolución de los convenios.
Así, los trabajadores afectados han aumentado un 25% en el último año y un 80% respecto al mismo mes de 2019, hasta los 9.516. Aunque parece una cifra reducida, es la más elevada en el primer trimestre del año desde 2015, cuando España aún sufría las secuelas de la crisis financiera. El 71% se refiere a condiciones salariales.
El 92,6% de las inaplicaciones fue pactada por las empresas y sus trabajadores en periodo de consultas. Hay que recordar que la regulación de los descuelgues fue introducida en la reforma laboral de 2012 y no fue alterada en la de 2022.
