Madrid
El Gobierno español tiene que basar su reforma de pensiones un desempeño económico que avale el gasto y los ingresos, es decir, el balance del sistema. Es el punto y final de la reforma, un informe en el que apoyen las medidas relativas al sistema de prestaciones públicas sobre los indicadores de empleo, productividad, saldo migratorio o, en definitiva, el PIB. En el indicador general del PIB, las previsiones de la auditora pública, la AIReF, rebaja en medio punto el optimismo previsto por el Ministerio.
Los documentos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a los grupos políticos recogen un cuadro macroeconómico con indicadores clave. Por una parte, un escenario económico histórico (de 1978 a 2019) y, por otra parte, realizan unas proyecciones hasta mitad de siglo.
Así, el ministerio recoge que históricamente el empleo (crecimiento medio acumulado del 1,1%) y la productividad (1,3%) han conformado un crecimiento de la economía española del 2,6% cada año. Recogiendo los posibles efectos que las medidas introducidas puedan provocar, del lado positivo y negativo, el cuadro macroeconómico hasta mitad de siglo dibuja un crecimiento del PIB del 1,9%.
También desde Fedea, su investigador asociado, Miguel Ángel García explicaba la dificultad de que el conjunto de la economía española crezca en el orden del 2%, y rebaja ese optimismo al 1,3%.
El cuadro macro del Gobierno también tiene el correcto despliegue de los fondos europeos. "Es preciso destacar que el Plan de Recuperación y Resiliencia (PRTR) de España ha establecido una senda de reformas para impulsar la productividad y el crecimiento
El papel de la auditora pública
La AIReF tiene un papel de supervisor de las cuentas públicas y dentro del último paquete de medidas se le ha otorgado un papel concreto: tendrá que dar su valoración sobre las cuentas de la Seguridad Social, aunque la pasada semana criticaron que la Ley recoge que esta opinión se hará bajo los supuestos económicos ya dados por el Gobierno.
En esa primera evaluación en 2026, Escrivá blinda la suficiencia de las prestaciones al excluir la valoración del gasto, que definida en términos netos no deberá superar el 13,3% del PIB. No obstante, el Ministerio sí permite desviaciones sobre el 15% del gasto objetivo y del 1,7% de la mejora de ingresos, "sin ser justo que valoren las medidas de ingresos, pero no las del gasto", achacaban.
De hecho, desde la AIReF se asume, según su estimación de gasto, que ya en 2025 habrá que hacer una reconfiguración de la reforma conforme está planteada la regla de gasto por la desviación del desembolso destinado a esta partida. Todo ello, con la complejidad de asumir y ajustar medidas con los mimbres del diálogo social y del Pacto de Toledo.
