El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto sobre la mesa de negociación de la segunda pata de la reforma de las pensiones un recargo adicional en las cotizaciones de los salarios más altos. La medida se sumaría a la subida de las bases máximas de cotización un 30% en 30 años y a la extensión hasta 2050 de la sobrecotización del 0,6% asociada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
La medida, que ni está cerrada ni aún cuantificada, se engloba en un conjunto de iniciativas con las que se busca incrementar los ingresos de la Seguridad Social. El Ministerio que dirige el ministro José Luis Escrivá ha llevado la propuesta a la discusión que mantiene con patronal y sindicatos y en paralelo con los grupos parlamentarios, según ha adelantado El País y confirmado Europa Press.
Esta propuesta deriva de que actualmente la cuantía del salario que está por encima de la base máxima de cotización (4.495 euros en 2023) no cotiza a la Seguridad Social porque está exenta y aunque se suba la base máxima un 30% en unos 30 años, los salarios más elevados seguirán 'escapando' de cotizar en su totalidad.
Cuando se acaba de cumplir un año de la aprobación de la primera parte de la reforma de pensiones -la que ligó la actualización con el IPC- la segunda va con retraso sobre el calendario comprometido con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, que marcaba su aprobación antes de que finalizara 2022. El atasco radica a las diferencias entre las partes y la polémica propuesta de Escrivá de ampliar del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, descartando los dos peores años cotizados. La medida no gusta ni al socio de la coalición, Unidas Podemos, que rechaza cualquier cambio que suponga una merma de las pensiones, ni a sindicatos, que no la ven necesaria ni la consideran apropiada por no formar parte del Pacto de Toledo, ni a empresarios, que también alegan que debería ser discutida primero en ese foro.
Esta segunda parte de la reforma también aborda el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima, pero a distintos ritmos. En su propuesta inicial, el Gobierno propuso vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones (al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre) más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, lo que supondría un incremento de cerca del 30% en dicho periodo.
Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. El Ministerio propuso inicialmente que la pensión máxima suba también con el IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre, más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas. Pero los sindicatos piden directamente que se destopen las bases máximas y los empresarios rechazan más aumentos de costes.
Las bases máximas han subido un 8,6%, desde los 4.139,40 euros mensuales de 2022 a 4.495,38 euros con la ley de Presupuestos del Estado para 2023. Pero en este año que acaba de comenzar ha entrado en vigor también el mecanismo de equidad intergeneraciona (MEI) en sustitución del factor de sostenibilidad. Este establece una cotización adicional finalista de 0,6 puntos sobre el salario bruto, de la que un 0,5% corresponde a la empresa y un 0,1% al trabajador.
Para una base de cotización mediana, de unos 2.000 euros de sueldo, esta subida del 0,6% que establece el MEI, supone una cotización mensual de 12 euros, de los que dos euros los paga el trabajador y 10, la empresa.
El objetivo del MEI, con los que el Gobierno prevé recaudar casi 3.000 millones de euros en 2023 para la 'hucha de las pensiones', es el de reforzar los ingresos de la Seguridad Social para afrontar las jubilaciones de los 'baby boomers' entre 2032 y 2050. Esta sobrecotización se aplicará en el apartado de contingencias comunes, por el que las empresas pagaban en 2022 un 23,6% y el trabajador, un 4,7%. En las nóminas de enero ya se ha visto reflejado el cambio: las empresas pagarán el 24,1% y los trabajadores, el 4,8%.
El MEI es otro de los puntos que se están abordando en la segunda parte de la reforma de pensiones para extenderlo hasta 2050, pues actualmente está establecido que deje de operar en 2032 para evaluar entonces si se mantiene o se adoptan otras medidas. Otras aristas de la segunda parte son una mejor cobertura de las lagunas de cotización en carreras laborales irregulares y en medidas para reducir la brecha de género en pensiones.
La semana pasada, el Ministerio confió en tener lista la reforma de pensiones este mismo mes y aludía el atraso a la complejidad que supone que esta reforma se esté negociando en paralelo con los agentes sociales y los grupos políticos.
Hasta el momento, recoge EP, el Ministerio ha presentado a la Comisión Europea todas las posibilidades para reforzar los ingresos del sistema que están ahora mismo sobre la mesa en el diálogo social y político, incluyendo tanto las iniciativas que son propuestas por el Gobierno como las planteadas por el resto de interlocutores.
