Barcelona
La inflación fue la protagonista del año pasado, y lo sigue siendo. Tras empezarlo con la guerra de Ucrania, el alza de los precios se hizo rápidamente un hueco en los titulares. El alza de los carburantes, mitigada por un descuento de 20 céntimos por litro, fue el primer presagio de lo que estaba por venir, con el coste de las energías también disparado. Era lógico, pues, que la cesta de la compra y todos los sectores en general vieran sus precios abocados a una subida fatal para el ciudadano medio.
Tras superar el IPC el 10% en verano, parece que el otoño dio paso a una tendencia a la baja que ha situado la inflación en el 6,8%, con datos del INE de noviembre. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), se llegó a la Navidad con los precios de los alimentos más típicos un 5,2% más caros que el año pasado. Como es una media, hay productos que están por debajo, pero hay otros disparados, como el arroz, un 16%, las harinas y cereales, un 37,8%, el pan, un 14,9%, y las pastas alimenticias, un 26,4%.
Todos estos alimentos tienen algo en común, no son bienes de lujo. No hablamos de marisco, sino bienes de primera necesidad. La inflación no solo ha causado un perjuicio a la capacidad de compra de las familias, de 2.100 euros anuales según la consultora AIS Group, sino que ha sido especialmente severa con las familias más vulnerables. Como señala Càritas Barcelona, la inflación ha obligado a nueve de cada 10 familias atendidas por la entidad a reducir su gasto en alimentación.
Un panorama desolador
Desde Càritas Barcelona han publicado un informe con unas conclusiones que dibujan un panorama francamente complicado para las familias vulnerables. Según sus datos, cerca de 4.000 hogares atendidos no pueden pagar el alquiler o las facturas y el 40% han tenido que cambiar de domicilio por cuestiones económicas. De esos 4.000, el 55% no tiene capacidad económica para mantener la vivienda a una temperatura adecuada.
Por si fuera poco, 7.000 hogares, el 90% de los atendidos, han tenido que reducir el gasto en alimentación por la escasez de ingresos. "Esta situación tiene un impacto directo en la salud de las familias, ya que un 65% ha dejado de comprar productos frescos por la subida de precio", explica Miriam Feu, encargada del análisis social e incidencia de Càritas Barcelona. "Las familias entrevistadas querrían celebrar una comida en compañía de los que más quieren. Desgraciadamente, casi el 70% no se lo puede permitir", añade Feu.
Ante este contexto, desde Càritas Barcelona han incrementado las ayudas económicas directas. Según detalla Feu, "cerramos el año con 2,5 millones de euros en ayudas económicas -un 13% más-, principalmente para cubrir el gasto en alimentación y el pago de habitaciones de realquiler". En total, según estimaciones realizadas el mes pasado, Càritas Barcelona preveía cerrar el año atendiendo a más de 21.400 personas, un 2% más respecto al año anterior.
El coste de los proyectos de Càritas se ha incrementado en un 50%
Estas medidas comportan un incremento del esfuerzo económico que debe realizar la entidad para cubrir estos costes. Dinero que sale de unas cuentas mermadas también por la inflación. Según Càritas, el coste de los suministros y de los proyectos propios se han incrementado en un 50%, superando los 400.000 euros. Como cuenta Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona, "sabemos que esta crisis nos afecta a todos en mayor o menor medida, pero ahora es necesario más que nunca continuar contando con el soporte económico de todas las personas que confían en nuestro trabajo".
Desde Càritas Barcelona instan a las administraciones a poner en marcha tres instrumentos básicos para mejorar su situación y la de las personas a las que atienden. "Una política de vivienda, de ingresos mínimos y de soporte a las familias con niños y adolescentes" porque "su carencia impulsa la pobreza en la sociedad". En ese sentido, pide "un aumento del parque de vivienda social y aprobar durante 2023 la proposición de ley de medidas urgentes para evitar que las personas no tengan acceso a una vivienda". También demanda que "las políticas de ingresos mínimos deben ser complementarias con las rentas de trabajo y que deben contar con un complemento económico que pueda destinarse a los gastos de vivienda".
