El impuesto a las cadenas de supermercados con el que el Gobierno trata de solventar el efecto que el encarecimiento de la cesta de la compra está teniendo sobre los hogares se comería el beneficio de Mercadona, Carrefour, Lidl, Eroski y Alcampo juntas. Y eso sin contar con Dia, la otra gran cadena de distribución española, que está en números rojos.
El partido que lidera Ione Belarra llevará a la mesa de negociación con el PSOE el reparto de un cheque extraordinario de entre 200 y 300 euros para un máximo de entre siete a ocho millones familias vulnerables que se financiaría a través de esta tasa, que ya aplica Portugal, según ha avanzado el exsecretario general del partido, Pablo Iglesias, en una entrevista en Radio Euskadi. El bono estaría destinado a la adquisición de 20 o 30 productos básicos, pero tendría un coste de entre 1.400 y 2.400 millones de euros, dependiendo del importe del cheque y del número de hogares entre los que se reparta.
Y el problema es que los beneficios de las seis grandes cadenas de distribución juntas, sin contar con Dia, no llega ni siquiera a esa cifra, elevándose en total en el último ejercicio a 1.376 millones. La cadena de distribución española más rentable es Mercadona, que cerró el pasado ejercicio con un beneficio después de impuestos de 680,3 millones pero que tiene un margen sobre las ventas de tan solo el 2,4%. Carrefour, la que mayor rentabilidad tiene, ganó 328,7 millones y su margen se situó en el 3,9%. Un impuesto de la envergadura del que plantea la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, metería por lo tanto en números rojos a la mayor parte de las grandes cadenas y sería, por lo tanto, inviable.
Desde el ministerio de Hacienda desconocen, de momento, el contenido del impuesto planteado y los entresijos del mecanismo que preparan los morados. Pero Podemos vuelve a la carga y Yolanda Díaz ya anticipó el pasado miércoles que plantearía la medida. "Las familias españolas no pueden garantizar una alimentación de calidad y sana, sencillamente porque el precio de la compra está imposible", dijo la vicepresidenta segunda, que recordó que su departamento mantiene desde hace meses contactos con las patronales de las grandes distribuidoras.
Hasta ahora, el Ejecutivo había rechazado en rotundo esta propuesta, aunque ahora el presidente Pedro Sánchez parece dispuesto a estudiarla. La vicepresidenta primera insistió ayer en que Moncloa está trabajando "en distintas medidas en el ámbito de la alimentación" para contener sus precios, aunque no concretó su contenido. Nadia Calviño anunció, en declaraciones a Televisión de Galicia, que estudia cuáles de las ya aprobadas se extenderán más allá de final de año.
Durante las últimas semanas la tensión entre los socios de Gobierno ha ido escalando. El aplazamiento de la aprobación la ley de Familias planteada por Unidas Podemos y la tormenta generada en torno a la ley del 'sí es sí', han acrecentado la brecha que separa a uno y otro partido de la coalición. Preguntadas, las patronales de la distribución -objeto de la tasa planteada- no ocultan la incertidumbre que las diferentes voces contradictoras están generado dentro del sector, es por ello, por lo que prefieren "no adelantar acontecimientos y esperar a tener una norma definitiva".
El pasado 16 de noviembre, el director general de Política Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio, Juan Francisco Martínez, aseguró en este sentido durante el II Foro de Retail y Gran Consumo organizado por elEconomista que el Gobierno no va a apoyar las medidas extraordinarias como la propuesta de Unidas Podemos de establecer un impuesto a la actividad de la distribución similar al de la banca, negando además que el sector esté teniendo beneficios extraordinarios.
En su intervención, Martinez recordó que "este es un sector modélico ante los numerosos desafíos a los que se ha tenido que enfrentar y se ha adaptado a situaciones exigentes".
Díaz enmienda el acuerdo de Calviño con la banca
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz tratará de corregir el acuerdo que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ató con la banca para aliviar el impacto que la subida del euríbor está teniendo sobre los hipotecados. La ministra de Trabajo llevará a la mesa de negociación de la coalición de Gobierno una propuesta que impone una congelación de las cuotas con carácter retroactivo. En concreto, Unidas Podemos plantea devolver a los tenedores de hipotecas variables todo el encarecimiento trasladado en sus letras desde que el pasado mes de julio se encarecieran por el alza imparable del euríbor como consecuencia de la subida de los tipos de interés acometido por el Banco Central Europeo (BCE).
La medida cuenta con pocas posibilidades de prosperar. La ministra de Asuntos Económico consiguió blindar un trato sobre la campana con las entidades bancarias el pasado mes de noviembre tras una intensa negociación. El acuerdo busca minimizar los costes hipotecarios para vulnerables y rentas medias. Por un lado, amplía el Código de Buenas Prácticas voluntario suscrito en 2012 dando la posibilidad de establecer un periodo de carencia para rentas inferiores a 25.200 euros que dediquen al pago de la hipoteca la mitad de sus ingresos. Por otro, la patronal bancaria pactó ofrecer una ampliación de la vida de la hipoteca hasta los 40 años y rebajar el interés máximo. La primera de las medidas está dirigida a los hogares vulnerables. El resto, junto al compromiso de las entidades de facilitar el cambio a hipoteca fija, alcanza a aquellos con rentas inferiores a los 29.400 euros con una carga hipotecaria del 30 %, a los que se le congelará la cuota hasta 12 meses. Según el Ejecutivo, la iniciativa beneficiará a un millón de familias.
El acuerdo no gustó en Unidas Podemos. Tras su aprobación en Consejo de Ministros, Yolanda Díaz afirmó que el arreglo era "sustancialmente mejorable". La vicepresidenta segunda apuntó por entonces a los beneficios extraordinarios generados por la banca, "las entidades financieras se están beneficiando como nunca de la subida de los tipos de interés", dijo.
