La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, promete cerrar la Legislatura con nuevas reformaS del Estatuto de los Trabajadores y de las políticas públicas de empleo. Medio centenar de expertos en el ámbito laboral han elaborado un documento que marca las líneas para que estos cambios no sitúen a nuestro país al margen de las realidades que dibujan el futuro del mercado de trabajo.
El Gobierno avanza en este nuevo paquete de medidas laborales en un momento complejo, con una tasa de paro del 12,7% y en el que casi la mitad de los desempleados lo son de larga duración. Además, el calendario electoral complica los acuerdos tanto a nivel político como en el contexto del diálogo social con patronal y sindicatos.
En este contexto, la Fundación Ergon, un 'think tank' que se presenta como un grupo de "profesionales independientes" que quieren impulsar la "reflexión y el debate" sobre los retos que la sociedad española tiene en materia de empleo y de gestión del talento, ha presentado un informe de recomendaciones sobre las necesidades "reales" del empleo en España.
Las ideas surgen tras un trabajo de consulta y análisis de meses por parte de estar organización, cuyo patronato preside Josep Puigvert y en cuyo consejo asesor colaboran figuras de un variado perfil profesional en el sector privado y púbico, en el que figuran personalidades como el ya mencionado ex ministro Valeriano Gómez, la experta en desarrollo social Mercedes Valcárcel, juristas como Mateo Borrás y Adolfo Menéndez, o nombres procedentes del mundo sindical como Lola Santillana (CCOO) o José Varela (UGT).
En primer lugar llaman la necesidad de que se atiendan los procesos de deslocalización y globalización. "Tenemos un mercado de trabajo global y una regulación nacional", inciden los expertos, que abogan por acelerar la convergencia con el resto de grandes mercados laborales de la UE.
En este sentido, abogan "reducir la desigualdad en las condiciones laborales" pero para facilitar la contratación de los colectivos con especiales dificultades, en lugar de encarecer su despido, como plantea el Gobierno. En este sentido, plantan que la normativa potencie el "reciclaje interno".
Para el caso concreto de los jóvenes, abogan por una nueva "regulación legal para las prácticas laborales y los contratos formativos" que mire más allá del nuevo Estatuto del Becario.
Respecto a las políticas activas de empleo, "el incremento de la participación de los servicios públicos de Empleo estatal y autonómicos", que apenas llega al 2% del total de contratos. Para ello defienden un "modelo básico y común que facilite el matching", mejorando el acceso a las ofertas y los perfiles de candidatos por parte de empresas y desempleados.
También plantean gestionar "más eficientemente" los programas basados evaluando resultados, con el objetivo de "predecir" y exportar entre diferentes servicios públicos los "comportamientos de éxito". Para esto, apuestan por recurrir al Big Data y la inteligencia artificial de una forma mucho más concreta que la que baraja el Gobierno. En este sentido, abogan directamente por un "marketplace de algoritmos en el ámbito del empleo".
Algoritmos para repartir fondos
Para esto es indispensable que la reforma de las políticas activas establezca una nueva herramienta de integración de datos que incorpore "funcionalidades de gestión, trazabilidad y evaluación" mucho más dinámicas y digitalizadas que condicione con criterios ligados a la eficacia real el reparto de fondos a las comunidades.
En el ámbito de la formación y aprendizaje, los expertos abogan por promover el cambio cultural y una mayor interacción entre el mundo académico y profesional, para valorar cuáles son las competencias más demandadas en el mercado laboral, incluyendo las denominadas "habilidades blandas" o 'soft skills'.
Para ello exigen revisar el modelo de formación dual de forma que sea una manera verdaderamente eficaz de "integrar a diferentes generaciones que conviven en la sociedad".
En lo que se refiere a la gestión de personas, abogan por desarrollar una mejor implementación de la colaboración público-privada a través de una iniciativa que tenga en el punto de mira la obtención de datos. "Se trata de integrar metodologías y procesos para ganar eficiencia", explican desde Ergon.
Por último, plantean facilitar la "profesionalización de los orientadores profesionales", empezando por regularizar sus contratos, que desemplean su tarea en el ámbito de las administraciones, en su mayoría, con contratos temporales o de interinidad.