
La decisión del Gobierno de elevar del 50% al 60% la base de cálculo de las prestaciones contributivas por desempleo, lo que supondrá una subida media de 100 euros por persona, ha reabierto el debate sobre si las ayudas a los parados desincentiva su retorno al mercado laboral. Una discusión que ha modulado sus incrementos y recortes a lo largo de la última década.
Según las estimaciones de la OCDE y Eurostat, España registra la mayor 'trampa del desempleo' entre las grandes economías europeas. Esto significa, llanamente que los desempleados tienen menos incentivos económicos para aceptar un trabajo. Aunque no se debe tanto al importe en sí de las prestaciones como al incremento de los impuestos y las cotizaciones sociales al pasar a cobrar un salario.
Además, este desincentivo no se reparte de forma similar: se concentra en los desempleados de mayor edad y más largas carreras de cotización. Sin embargo, más allá de este dato, el impacto de los cambios en la protección por desempleo en el empleo ha sido poco estudiado en los últimos años.
Ello a pesar de que los gobiernos de Pedro Sánchez han convertido en su bandera retórica el compromiso para "deshacer los recortes sociales' por parte del ejecutivo de Mariano Rajoy durante la crisis financiera.
En el caso de los desempleados, además de la mencionada subida de la prestación, y crear nuevos subsidios, como el Ingreso Mínimos Vital, una de sus primeras decisiones fue recuperar el subsidio de mayores de 52 años.
Ayudas redundantes
El gobierno del PP lo eliminó en 2012. Justificó la decisión por tres motivos: el primero que era redundante (ya existía un subsidio para mayores de 55 años); el segundo, por ahorro (estimó 600 millones de euros de menor gasto), y el tercero, para incentivar el regreso al empleo de esos desempleados.
La particularidad de la medida, que resultó inesperada para sus afectados, es que afecta a una población muy concreta y con características mucho más homogéneas que el conjunto de los desempleados, lo convierte en un excelente campo de estudio académico para analizar su impacto.
Este es precisamente el trabajo que que han realizado los investigadores Gerard Domènech-Arumí, del European Center for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), y Silvia Vannutelli, de la Northwestern University en un trabajo publicado el pasado mes de julio bajo el significativo título de "¿Atraerlos o expulsarlos? Los efectos en el mercado laboral de los cambios procíclicos en las ayudas por desempleo".
Las conclusiones son ambivalentes. Por un lado, la reforma indujo a un "aumentos significativos" en la tasa de reempleo, de 9 puntos porcentuales. Además, permitió reducir la duración media del desempleo en 150 días en este colectivo.
Sin embargo, en la submuestra de trabajadores que encontraron trabajo los salarios se redujeron en un 8%. La explicación a esto se situaría en que se trataría de trabajadores con menos ahorros y más proclives a aceptar empleos incluso temporales o a jornada parcial.
Por otro lado, los trabajadores de más edad o con mayor renta disponible optaron por encadenar otros subsidios de menor duración y cuantía hasta poder 'engancharse' al de 55 años o a la prejubilación. De hecho, su paso a otros programas de ayuda se incrementó en 19 puntos, más del doble de lo que subió la proporción de reempleo. Esto repercutió en el ahorro que resultó de la medida, que pasó de los 600 millones de euros previsto a materializarse en solo 140.
La razón de este pobre resultado está en la situación financiera y personal de los desempleados, pero también en sus expectativas. Aunque la franja de edad del estudio es de apenas 3 años, los desempleados empeoraron sustancialmente sus expectativas según se acercan a los 55 años. Influye un mercado laboral que les considera "menos productivos", pero también el sistema de prejubilaciones.
Prejubilaciones persistentes
Los subsidios de 52 y 55 años fueron considerados una herramienta para pactar programas de "bajas incentivas" en el marco de despidos colectivos. Este sistema se basa, en la práctica, en encadenar subsidios una vez se han agotado las prestaciones hasta que el trabajador puede prejubilarse. Es decir, aunque cuentan como parados para beneficiarse de estos programas, muchos de ellos no tienen intención de volver a trabajar. Un efecto desánimo "maquillado" que, además, enquistaba el paro de larga duración.
El recorte en lo subsidios, junto al retraso de la edad de jubilación anticipada, se enmarcan en un intento para frenar esta espiral, aunque sus efectos fueron limitados.
No hay más que fijarse en que la brecha de paro entre los beneficiarios por subsidios mayores y menores de 50 años seguía siendo en los últimos años del programa más del doble de que la que había en 2009, pese a la recuperación de mercado laboral.
Doménech y Vannutelli interpretan que este fracaso se debe a la falta de unas políticas activas suficientemente ambiciosas para que estos trabajadores puedan volver vuelvan al mercado laboral. No se trata de recortar sus ayudas, sino de diseñar medidas para encontrarles trabajo.
"Sin ellas, los trabajadores de más edad pueden tener demasiados incentivos para encontrar la salida a la jubilación anticipada, sobre todo en tiempos de crisis", inciden.
No es fácil resistirse a la tentación de extrapolar esta conclusión a la situación actual: que elevar los subsidios (y las prestaciones) acentúen aún más este desincentivo a la prejubilación si no se diseña una estrategia para estos desempleados.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido a ponerla en marcha, aunque sus planes no presentan el suficiente detalle para valorarlos.