Economía

Sánchez aprueba un gasto público récord en los Presupuestos de 2023 pese a la desaceleración del PIB

  • Los nuevos Presupuestos actualizan las pensiones con un IPC del 8,5%
  • El sueldo de los funcionarios queda cerrado en un 9,5% más en tres años
  • Moncloa no prevé un gran impacto de los fondos Next Generation

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó ayer el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que supone el mayor gasto público de la historia de España, con récord de 266.719 millones de euros.

Se da la circunstancia de que estas cuentas llegan en un año en el que los organismos internacionales dan por descontado una ralentización económica, preludio de una posible recesión, y lejos de reducirse el gasto público, suben las partidas de Educación, Becas, Dependencia (151%), Sanidad, Cultura, I+D+i y, Violencia de Género, un 24,4% más.

Con una inflación subyacente de un 6,2%, y el último dato de septiembre del 9%, el Ejecutivo de coalición ha cerrado unos presupuestos con un previsión de ingresos de un 6% más, pero con un gasto del 1,9% más de gasto público no financiero, una mejora salarial del 9,5% en tres años del sueldo de los funcionarios -alcanzando los 20.492 millones para 2023-, un gasto por el Ingreso Mínimo Vital de 1.200 millones, una subida de 102 millones para el abono social térmico y, entre otras partidas, la bonificación del transporte público para todo el año, y una revalorización de las pensiones contributivas, indexadas al IPC al 8,5%, lo que supone un gasto alrededor de 15.000 millones de euros más.

Un gasto social del que presume el Ejecutivo -seis cada diez euros del presupuesto nacional se destinan a gasto social-, y que este martes ponderó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó por la oferta pública de empleo de 143.669 plazas, un 126% más que los seis años de Gobierno de Rajoy. La ministra tampoco dejó en el olvido que, todo el Presupuesto de Sánchez de 2023 es ya un 35,4% más elevado que los últimos de Mariano Rajoy, en 2018. En definitiva, defendió Montero, subidas del gasto público que no son "un lastre, sino un motor de la creación de empleo".

"Cumpliendo el Pacto de Toledo"

El Gobierno defendió ayer la subida de las pensiones, indexadas a un IPC del 8,5% -pendiente del dato de noviembre-, elevando el gasto un 11,4%, 19.888 millones de euros más. En este sentido, la ministra de Hacienda mantiene que la subida responde al cumplimiento del Pacto de Toledo.

Montero también remarcó que el Estado prevé ingresar 2.957 millones del mecanismo de equidad intergeneracional, algo que sucede "por primera vez en 13 años, sin incrementar el déficit del subsector", lo que en su opinión, se debe a la "estabilidad en el empleo". Asimismo, destacó la buena gestión de la Seguridad Social, subsector para el cual, el Estado ha aportado casi 20.000 millones para cubrir el déficit del sistema.

Este gasto cubre también otra partida de 2.540 millones de euros de las pensiones no contributivas y a la prestación a la contribución del nacimiento y cuidado del menor.

Los funcionarios

La otra gran subida del gasto social viene del lado del sueldo de los funcionarios, un acuerdo cerrado casi en el último momento, y que significa un incremento del 6,6% en gasto de personal.

Mejora salarial que arranca ya en 2022, con una subida del 2%, y una ayuda añadida del 1,5% más. Para 2023, el Gobierno ha dejado firmado otro repunte del 2,5%, con opción de dos subidas del 0,5% en función del PIB y del IPC. Ya para 2024, el Ejecutivo ha acordado otra subida del 2%, con posible subida de otro 0,5%, lo que en suma eleva el gasto del trienio a un 9,5% más de la masa salarial.

Extender la bonificación del transporte público todo el año

El Gobierno extenderá a todo 2023 las medidas de bonificación del transporte público puestas en marcha el pasado septiembre y que inicialmente iban a durar hasta diciembre próximo y que incluyen los Cercanías y Media Distancia de Renfe. Lo hará a través de los próximos Presupuestos Generales del Estado, según anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el anteproyecto de ley de las próximas cuentas públicas. Los presupuestos incluirán un aumento de 698 millones de euros en la partida de subvención al transporte, que irán destinados en su mayor parte (660 millones) a financiar la bonificación a cargo de Renfe.

La prioridad de los jóvenes y los fondos europeos

Sin actuaciones diseñadas para ayudar a las rentas medias, el anteproyecto de socialistas y podemitas pone el énfasis en el gasto en pensiones (11,4% más), gestión y administración de Trabajo y Economía Social (35,3% más) o Gestión y Administración de la Inclusión de la Seguridad Social (114,7% más).

Inmersos ya en un año electoral a la vista, y bajo el epígrafe de unos Presupuestos de la Justicia Social y la Eficiencia Económica, el Gobierno ha priorizado en estas cuentas un paquete de ayudas dirigidas a los jóvenes, entre otras actuaciones, destinando un 13,2% más de recursos públicos, 12.741 millones en políticas de juventud, incremento de la partida de becas de 400 millones más, además de trescientos millones para el Programa Escuela 4.0, la consolidación del bono alquiler de 200 euros y la disposición de 260 millones para alquiler asequible, así como 3.472 millones para el acceso a una vivienda.

Una partida que baja

Este martes, la ministra de Hacienda también destacó dos partidas que, por el contrario, lejos de aumentar el gasto lo han disminuido. Una de ellas es precisamente el gasto por Desempleo -la otra es la de Servicios de Carácter General-, que cae un 5,3%, gracias -señaló la responsable del ministerio- a la mejora del mercado laboral, ya que nunca antes había habido tantas personas trabajando, por lo ahora gastamos menos".

Precisamente en este ámbito,  la reforma pactada entre PSOE y Unidas Podemos en el marco de los Presupuestos generales del Estado (PGE) para 2023 afectará a unas 300.000 personas y supondrá una subida en la prestación de unos 100 euros al mes por perceptor. Así lo trasladaba este martes el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, de manera que, la modificación de la prestación por desempleo  supone que a partir del sexto mes de paro, se aplicará al beneficiario un aumento de la base reguladora del 50% al 60%. De este modo, se regresa a la situación anterior a 2012, cuando el Gobierno de Rajoy redujo ese 10%. 

El impacto de los fondos

Con el impacto positivo del Plan de Recuperación y el React del 2,6% de aquí a 2030, estos Presupuestos también contemplan 30.000 millones de euros -de varios fondos-, donde el 72% tiene el objeto de destinarse al cambio de modelo productivo. En el reparto de fondos, , I+D+i se lleva un 25,5%; Industrial y Energía un 19,7%, Infraestructuras y Ecosistemas Resilentes un 15,1%, Acceso a la Vivienda y Fomento de Edificación un 8,3% y, Comercio , Turismo y Pymes, un 7,5%.

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