Valencia
Algunos de los proyectos singulares del Partido Popular durante la época de Eduardo Zaplana y Francisco Camps más criticados por los partidos de izquierda valencianos vuelven a ser estratégicos para el Gobierno valenciano.
El propio presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, se ha encargado de devolver al primer plano lo que hasta no hace tanto tiempo eran los mejores ejemplos de sobrecostes públicos para su propio partido, como los estudios de cine de Ciudad de la Luz en Alicante o el aeropuerto de Castellón.
Estos proyectos en toda la región, junto a otros como la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia o el parque temático Terra Mítica de Benidorm, fueron bautizados como emblemáticos en la época del PP. Para su desarrollo y gestión la Generalitat Valenciana articuló varias grandes empresas públicas. Unas sociedades que siempre han sido deficitarias y han engordado el presupuesto autonómico de forma considerable en las dos últimas décadas.
Un coste que pese a la llegada del Gobierno de coalición de izquierdas de socialistas, Compromís y Podemos no se ha frenado. Las trece entidades empresariales y sociedades de la Administración autonómica acumularon pérdidas por 692,16 millones de euros en 2021, prácticamente el doble que el ejercicio anterior, con un incremento del 96%.
El foco audiovisual
Ximo Puig ha asumido en primera persona el objetivo de convertir Ciudad de la Luz en uno de los grandes platós cinematográficos de Europa. El líder socialista encabezó una nueva presentación en el Festival de Cine de San Sebastián a bombo y platillo, que recuerda a las protagonizadas por Zaplana y Camps.
La historia de Ciudad de la Luz ha estado marcada por continuos problemas en la gestión y una denuncia ante la Comisión Europea por ayudas públicas ilegales. Bruselas condenó a la firma a devolver 265 millones de euros, aunque el Consell de Puig logró renegociar la millonaria sanción y modificarla por el cierre de los estudios y el cambio de uso de sus edificios durante 15 años.
El pasado marzo la Comisión Europea decidió adelantar el plazo en 5 años, lo que ha permitido a Puig retomar el fallido sueño audiovisual de sus predecesores. El presidente no ha dudado en anunciar que los estudios generarán 850 millones de euros en 5 años y que para captar rodajes ofrecerá incentivos "hasta el límite posible" y "sin cometer errores del pasado".
De momento ha trascendido el acuerdo con el fondo dueño de Euronews para que esta cadena instale una sede en el complejo alicantino. Una instalación que supondrá 3 millones de euros para el Gobierno valenciano, titular de su propia radiotelevisión autonómica que registró números rojos por más de 70 millones en 2021.
Además, la Generalitat ha inyectado en julio otros 25 millones de euros a Sociedad Proyectos Temáticos Comunidad Valenciana (SPTCV), la titular de los estudios, que a la vez redujo capital en más de 90 millones para compensar pérdidas acumuladas.
La otra empresa pública que ha pasado de denostada a ser punta de lanza para el propio Puig es el aeropuerto de Castellón (Aerocas). El Gobierno valenciano no ha dudado en recurrir a subvenciones para atraer aerolíneas, hasta un importe que Greenpeace cifra en más de 10 millones en los últimos años. Después de las duras críticas al PP por el aeropuerto promovido por Carlos Fabra, los partidos de la antigua oposición ahora prevén destinar casi 100 millones para ampliar con una zona industrial y logística sus instalaciones. Una nueva inyección para un aeródromo que sigue perdiendo más de 6 millones de euros al año.
La Cuenta General de la Generalitat Valenciana de 2021 que incluye los resultados de las empresas públicas no solo revela el cuantioso volumen de sus números rojos. También muestra que incluso siguen creciendo pese a que en 2020 el efecto de la pandemia había sido mucho mayor en la actividad de casi todas. Ese es el caso fundamental de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que gestiona las líneas de metro y tranvía de Valencia y Alicante. Aunque la compañía ferroviaria incrementó sus ingresos un 26% respecto al año del Covid, aún siguen estando muy lejos de los previos ala pandemia y sus pérdidas aumentaron hasta rozar los 150 millones de euros.
Algo parecido ocurre con las sociedades públicas centradas en actividades vinculadas al turismo y los eventos deportivos. Otro de los proyectos estelares en la época de los populares, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), fue la mayor fuente de pérdidas del sector público valenciano el año pasado. Pese a aumentar su negocio un 34% al reducirse las restricciones, a su tradicional déficit por los mayores gastos que ingresos recurrentes se sumó el efecto contable de la reordenación de su patrimonio y la depreciación del valor de uno de sus inmuebles, el Palau de les Arts.
La Generalitat materializó el año pasado el traspaso de la titularidad del coliseo operístico a una fundación pública, lo que supuso para la empresa pública reconocer pérdidas por 365 millones. Para compensar y aliviar el desequilibrio, la Generalitat aportó 351 millones con cargo a deuda que la sociedad mantenía con la propia Administración propietaria.
El contrapunto del IVF
La montaña de resultados negativos en las empresas públicas valencianas en su conjunto tiene su contrapunto en los buenos resultados cosechados el año pasado por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). El tradicional brazo financiero de la Generalitat logró cerrar 2021 con unas ganancias de más de 9 millones de euros.
Un resultado positivo que llega después de una profunda reestructuración del organismo público con el que su director general, Manuel Illueca, ha intentado reconvertirlo en un promotional bank o agencia de desarrollo. Un objetivo que se vio potenciado por la crisis del Covid, en que la Administración autonómica ha recurrido al IVF como para vía de crédito y ayudas a pymes.
Durante estas dos legislaturas del Botànic, además de recuperar la radiotelevisión pública, la principal incorporación ha sido la Sociedad de Gestión de Emergencias, para la gestión del personal que lucha contra los incendios forestales.