Madrid/ Barcelona
Tras un agosto tranquilo a causa del periodo estival, España se enfrenta a un otoño duro a causa del fin de la moratoria concursal. Tras dos años en suspensión como medida para mitigar los efectos de la pandemia, las empresas se ven ahora en el disparadero y sin margen de maniobra. Junio y julio fueron un aviso sobre lo que puede ocurrir, y es que el número de concursos aumentó un 21,3% y un 25%, respectivamente, en relación a los mismos meses del 2021.
En agosto el dato de destrucción de empresas ha sido especialmente preocupante (16.735 empresas menos que en julio), ya que se trata del segundo mayor descenso desde 2013. Un dato que encaja con el entorno complejo e incierto que está afrontando la empresa, en especial las pymes y autónomos, y que se caracteriza por la fuerte presión a la baja sobre los márgenes debido a las importantes alzas de los costes, que sólo son transmitidas parcialmente a los clientes con el fin de no perjudicar la demanda. De hecho, indicadores adelantados como los PMI reflejan que los nuevos pedidos en el sector manufacturero español volvieron a disminuir notablemente en agosto, al tiempo que en el sector servicios se apunta que también un cambio de signo en los volúmenes de nuevos pedidos.
En este contexto, el previsible freno de la actividad en este otoño complica el escenario para las empresas españolas, que afrontan un encarecimiento generalizado de los costes, especialmente de la energía y materias primas y un endurecimiento de las condiciones financieras, como consecuencia del incremento de los tipos de interés y la mayor cautela de las entidades financieras a la hora de conceder créditos, debido a la creciente incertidumbre, lo que puede poner en riesgo la viabilidad de muchas compañías, sobre todo las de menor dimensión, que cuentan con recursos más limitados para afrontar estas dificultades.
Además, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana empresa (Cepyme) advierte de que cabe esperar un incremento de mortalidad empresarial en los próximos meses, también auspiciada por el fin de la moratoria concursal el pasado 30 de junio. Por el momento, los concursos exprés, que implican la solicitud conjunta del concurso y la disolución de una empresa, representaron un 73,68% del total en agosto. Una cifra elevada, que preocupa, sobre todo, porque en agosto el descenso porcentual del número de empresas fue especialmente intenso entre las pequeñas y las medianas empresas, parte sustancial del tejido empresarial.
Fuentes de Cepyme consultadas por elEconomista.es comentan que "el año 2022, lejos de convertirse en un ejercicio que permitiese a las empresas generar recursos para curar las heridas del pasado, se ha caracterizado por una explosión importada de la inflación que ha disparado los costes y ha tensionado todavía más los márgenes y, sobre todo, la liquidez de las empresas en dificultades".
En paralelo, el endurecimiento de los tipos de interés y el aumento de la incertidumbre complica mucho el acceso a la financiación externa para las empresas que viven una situación más complicada. Ante esta realidad y a la sombra del fin de la moratoria concursal, cabe esperar un número importante de concursos de acreedores en la recta final de 2022, manteniendo la tendencia exprés de disolución en el día que se presenta.
"Eximiendo a las compañías en dificultades a entrar en concurso, no se ha hecho más que alargar, y por tanto empeorar, la delicada situación de estas"
Desde el despacho Abencys, firma jurídica especializada en insolvencia y restructuraciones, se alerta del aumento del número de empresas que, a pesar de haber intentado continuar su actividad amparadas por la moratoria que el eximía de la obligación de presentar concurso, no han podido hacer frente a su actividad en condiciones normales.
Según Luis Martín, socio de Abencys, este escenario provocará un goteo constante de peticiones de concursos de cara a los próximos meses, el cual tomará celeridad a partir de este mes de septiembre y que probablemente continuará hasta finales de año. "Eximiendo a las compañías en dificultades a entrar en concurso, no se ha hecho más que alargar, y por tanto empeorar, la delicada situación de estas, ya que, presentar concurso a tiempo es un factor clave a la hora de asegurar la supervivencia de la empresa".
En línea similar, Josep Pujolràs, socio del área de Concursal y Reestructuraciones de Roca Junyent, lamenta que la moratoria concursal y los préstamos ICO generalizados han producido un "dopaje" que ha pospuesto decisiones necesarias y creado empresas "zombies" que ahora no tendrán más salida que la liquidación.
"Lo que a lo mejor antes podía haber tenido solución, ahora ya no la tiene, porque hay muchas empresas que ya arrastraban problemas desde antes de la pandemia, pero ahora su insolvencia se ha agravado porque han aumentado la deuda y se han quedado sin liquidez".
En su opinión, también se ha visto afectada la libre competencia, porque se han mantenido empresas en quiebra que si hubiesen desaparecido habrían favorecido a empresas viables.
