El conflicto entre el Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística (INE) está lejos de limitarse a los últimos cálculos del PIB y el IPC. Otra variable clave, la productividad, muestra sistemáticamente resultados muy negativos en los datos que el INE proporciona a Eurostat, aquéllos con los que esta última institución hace sus comparativas a escala comunitaria. De hecho, las cifras más recientes revelan cómo el rendimiento por trabajador y hora trabajada en nuestro país sufrió la mayor caída de toda la eurozona (10,6 puntos) desde el final de la crisis de 2008-2013 hasta 2021.
España empata así con Grecia, una economía mucho más pequeña y con un problema de ínfima productividad enquistado desde hace décadas. Ese contexto deja en muy mal lugar a España a los ojos las autoridades europeas. Es más, según las fuentes políticas y económicas consultadas, el Gobierno de Pedro Sánchez perdió la paciencia y ha querido atajar la situación por la vía rápida, aunque eso suponga crear la peor crisis interna en la historia del INE.
Dichas fuentes aseguran que Economía trata de imponer un cálculo alternativo del PIB (el llamado PIB diario), basado en una recopilación más recurrente de diversos indicadores de actividad, gracias al cual variables como la productividad serían capaces de experimentar una notable mejora, pese al gran peso que sectores de bajo valor añadido y el empleo público tienen en España. La negativa del hasta ahora presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poo, a trabajar con un protocolo que Eurostat no ha avalado, sería una de las causas decisivas que forzaron su dimisión esta semana.
En el caso concreto de los malos datos de productividad, Moncloa tiene razones de peso para mostrarse especialmente inquieta con el modo en que Estadística los calcula hasta ahora. No en vano Bruselas monitoriza su evolución casi trimestralmente hasta el punto de que, a finales del pasado mayo, el Ejecutivo europeo volvió a notificar a España que seguía suspendida en todos los capítulos referidos al rendimiento de su mercado laboral.
Comisión que quedó en nada
Es más, la inquietud de la UE por la cronificación de este problema en España hizo que la Comisión instara a Moncloa en 2019, antes de la crisis del coronavirus, a crear un organismo específico para su vigilancia, que se llamaría Comité Nacional de Productividad.
El proyecto no se llevó a cabo y lo cierto es que las cifras reflejan un panorama cada vez más difícil para España desde este punto de vista. Así, desde 2018 nuestra economía se muestra incapaz de recuperar el nivel de productividad medio de la UE de 27 países, que Eurostat sitúa en sus análisis por Estados como el nivel de referencia, equivalente a 100 puntos.
España actualmente se estanca en las 93 unidades tras un descenso constante desde las 99,8 que mostraba en 2018. Todas las demás grandes economías del euro se hallan por encima de 100 pese a haber registrado descensos de diferente cuantía en los últimos años (Alemania: 103,2; Francia: 115,5; Italia: 104). En paralelo, la media de la zona del euro equivale a 104,8 unidades, lo que implica que la economía española se encontraba en 2021 casi doce puntos por debajo.
La comparación se vuelve todavía más perniciosa para España si se toma como referencia a los países de la eurozona que hicieron sus deberes y se las han arreglado para incrementar su productividad entre 2013 y 2021. Como es habitual, Irlanda se sitúa en cabeza desde este punto de vista, al pasar de los 140 puntos que mostraba a principios de la década pasada y su registro actual de 215,8 unidades, lo que indica que el país insular multiplica por más de dos la productividad media de la UE de 27 miembros.
Un cambio que la UE prohíbe
En el caso español, además de sus erráticos rendimientos por hora trabajada y empleado, la Unión Europea tiene ahora un motivo añadido de enfado con Moncloa. La salida del presidente del INE en mitad de la legislatura levanta todas las sospechas de un posible injerencia del Ejecutivo en un organismo en el que el respeto a su independencia es sagrado.
De hecho los reglamentos comunitarios son claros cuando establecen que los institutos estadísticos de cada uno de los Estados miembros deben estar libres de influencia de partidos políticos, grupos de interés y, muy especialmente de las acciones de "las autoridades nacionales o de la propia Unión Europea".
El Ministerio de Economía, no obstante, sigue defendiendo que la salida de Rodríguez Poo se debe a que "dio por terminada su etapa al frente del Instituto" y no hubo confrontación alguna con el departamento que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño. Además, esta última institución precisa que los cambios que prepara para el Estatuto del INE respetarán los códigos de buenas prácticas europeas.
Con todo, el mecanismo en que esa modificación se ha puesto en marcha crea problemas desde el inicio, más allá incluso de la renovación forzada en la cúpula de Estadística.
No en vano ha sorprendido que un protocolo de esta índole se introdujera en el articulado de una norma con la que guarda muy poca relación: la Ley General de Comunicación Audiovisual.
La enmienda número 804 de esta norma se refiere a un aspecto que nada tiene que ver con los medios de información ya que su verdadero campo de acción es la Ley de la Función Estadística Pública, de 1989, de la que quedan modificados cerca de 17 artículos, en aspectos clave como el control del Consejo de Ministros sobre el INE.
