Valencia
El que nació como Gobierno del cambio hace siete años en Comunidad Valenciana fruto de la unión de socialistas, Compromís y Podemos se enfrenta a uno de sus peores momentos, que puede precipitar un divorcio entre los socios o un adelanto del final de legislatura. Y lo hace al verse en una situación que esos partidos de izquierdas proclamaban que venían a desterrar de la política valenciana: un miembro del Gobierno imputado por la Justicia, su vicepresidenta y portavoz Mónica Oltra.
La líder de Compromís, que se hizo popular con sus camisetas como azote de los cargos públicos imputados en la época del PP por casos de corrupción, se ha convertido ahora en el objeto de una investigación judicial. El motivo es la gestión que hizo su departamento del caso de abusos a una menor tutelada por el que fue condenado un trabajador social y exmarido de la propia Oltra.
Después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el competente por su condición de aforada, acordase imputar a Oltra, la política ha optado por hacer lo contrario a lo que recomendaba a sus adversarios políticos. No solo rechaza dimitir, sino que utiliza argumentos muy similares a los que esgrimían los mismos a quienes se lo pedía entonces: una persecución política, en esta ocasión del extremo contrario. "Esta cacería parte de la extrema derecha", aseguró ayer durante su comparecencia como portavoz del Consell valenciano, en la que intentó transmitir la imagen de un icono de la resistencia contra la ultraderecha.
En ese acto la imputación de la vicepresidenta y su impacto en el Gobierno del Botànic eclipsó todas las medidas aprobadas por el Consell. Un ejemplo del desgaste al que se expone Oltra, pero también el propio Ximo Puig y su Gobierno de coalición. A menos de un año para la próxima cita electoral autonómica la continuidad de Oltra imputada supone un lastre para unos partidos de izquierdas que siguen basando parte de sus argumentario electoral en la corrupción del PP durante su paso por la Generalitat para ganarse a los votantes que no están posicionados ideológicamente en uno u otro lado.
Un giro incómodo del que ya son conscientes en el entorno socialista del Consell, pese a que el mensaje oficial es que todo sigue igual. Por si acaso, Compromís ha recordado a Puig públicamente que la destitución o el sacrificio de Oltra como vicepresidenta supondría la ruptura del Gobierno, además de dinamitar una tercera reedición.
El plan B o la bala en la recámara del socialista si la situación se deteriora sería forzar un adelanto electoral. Una opción que Puig ya ejerció en la anterior legislatura sin contar con sus socios, apelando a que la convocatoria es competencia del presidente, y que provocó resquemor en la propia Oltra.