Madrid
En plena recta final para la aprobación de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta), que el Ministerio de Seguridad Social debe enviar a Bruselas antes de final de mes, el Gobierno se prepara para regular el derecho de los trabajadores autónomos a la huelga. El Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, ha contado con la implicación de otros 15 ministerios y otra gran cantidad de organismos públicos para desarrollar la Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo 2022-2027 (Endita), a cuyo borrador ha tenido acceso elEconomista.es.
El Endita es el plan con el que la vicepresidenta segunda del Gobierno pretende "reforzar la protección, formación, derechos de trabajo y las herramientas digitales a las que tienen acceso los autónomos". Este protocolo, que está aprobado, sólo espera a que el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cierre con las asociaciones de autónomos la reforma de su régimen de cotización.
La legislación actual sobre la huelga, recogida en el Estatuto del trabajo autónomo (Ley 20/2007), apunta que el trabajador autónomo tiene "derecho al ejercicio de los derechos y libertades públicas" regulados en la Constitución española, que tal y como señala en el artículo 28.2, establece este tipo de paro como derecho fundamental.
La ley que regula este derecho (Real Decreto - ley 17/1997, del 4 de marzo) no define los pormenores pero, según los expertos de Legálitas, sí que marca una serie de efectos prácticos que excluyen a los autónomos: suspensión de la relación laboral, pérdida de salario durante el periodo que se secunde la huelga y mantenimiento en la situación de alta especial, que conlleva la suspensión del pago de ciertas cuantías de las cuota de la Seguridad Social.
Por tanto, los autónomos no tendrían derecho a la huelga en base a dos razones. En primer lugar, no pueden suspender su relación laboral porque no existe como tal. En segundo lugar, no pueden reducir las cuantías a pagar en concepto de cuotas a la Seguridad Social ni existe situación de alta especial, puesto que no está previsto en la Tesorería General de la Seguridad Social y en las normas complementarias.
Esto es todavía más complicado para aquellos autónomos con trabajadores contratados, unos 418.539 según los datos del Reta (actualizados a 31 de marzo de 2022), que no podrían cerrar su centro de trabajado ya que podrían incurrir en un cierre patronal no autorizado, que podría conllevar a sanciones, graves o muy graves, con un coste de entre 626 y 187.515 euros, dependiendo de la infracción cometida.
Bajo este marco, cualquier autónomo que quiera hacer huelga tiene que estudiar qué implica el cierre de se negocio durante ese tiempo y si puede mantenerlo. De esta manera, lo podrá llevar a cabo siempre que no tenga trabajadores a su cargo, aunque dicho cese no conllevaría una "situación del alta especial en la Seguridad Social", dicen desde Legálitas, con minoración de cuotas y nadie le garantiza que, tras el fin de la huelga, sus clientes se mantengan y vuelvan sus ingresos.
¿Qué propone el Endita?
Este nuevo plan de Yolanda Díaz, al igual que la nueva reforma que prepara Escrivá, da mucha importancia a la protección de la figura del autónomo a través de mejoras en sus prestaciones, subsidios y condiciones de trabajo con la intención de equiparar estos servicios, más comunes entre los trabajadores por cuenta ajena, a los autónomos. De estas tesis nace la estrategia que, en el marco de "medidas de mejora de la normativa reguladora de trabajo autónomo", aprobará el derecho a "paro profesional reivindicativo".
De momento se desconocen los entresijos de la futura regulación que "se propone desarrollar" Díaz, pero que situaría a España bajo unas condiciones de protección para los trabajadores autónomos como las que ya tienen países de nuestro entorno. Para que estas propuestas salgan adelante Díaz creará un grupo de expertos que siga el avance de la normativa "con el objetivo de identificar posibles debilidades".
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